A cinco años de la llamada primera masacre de San Fernando, Tamaulipas, en la que fueron asesinados 72 migrantes, la mayoría de Centro y Sudamérica, la PGR se coordina con 13 organizaciones civiles mexicanas y extranjeras en las labores de identificación de las víctimas.
En estos trabajos se comenzará a aplicar el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas De-saparecidas, aprobado en la XXXIII Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), realizada esta semana en la Ciudad de México.
De acuerdo con reportes de la PGR, en julio de 2014 se concretó la más reciente identificación de restos, correspondientes a 11 hondureños y cuyas familias fueron notificadas por las autoridades.
El 22 de agosto de 2013, la Comisión Forense que creó la PGR para la atención a los casos de desaparecidos firmó un convenio de colaboración con organismos nacionales y extranjeros para aplicar una metodología que permitió el intercambio y cruce de información forense.
También se establecieron los protocolos de cadena de custodia para la elaboración de los dictámenes multidisciplinarios de identificación de los restos en San Fernando.
En estas acciones están participando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, AC.; el Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso (Cofamipro), y el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador.
Los otros organismos que participan son el Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso, la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila; el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC., y la Asociación Civil Voces Mesoamericanas.
Completan la lista de organizaciones la Mesa Nacional para las Migraciones y la Asociación Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, ambas de Guatemala; el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, AC.; el Foro Nacional para la Migración, de Honduras, y el Comité Internacional de Cruz Roja, quien ofreció su base de datos AM-PM (ante mortem-post mortem).
Uno logró escapar
El 24 de agosto de 2010, un hombre se acercó a un grupo de elementos de la Semar para pedir su ayuda, ya que se dijo ser sobreviviente de una masacre realizada en un rancho cercano, en las inmediaciones de San Fernando.
Se trataba del ecuatoriano Luis Fredy Lala Pomavilla, cuyas palabras fueron tomadas por los marinos con cierta incredulidad, pero aun así se trasladaron al lugar señalado por el indocumentado.
Explicó que más de 70 personas de diferentes nacionalidades, todos migrantes que buscaban llegar a la frontera con EU, abordaron dos autobuses de pasajeros en Veracruz.
Sin embargo, en el camino fueron interceptados por un grupo de hombres armados, quienes los trasladaron el 22 de agosto a un predio en obra negra de un rancho ubicado en la comunidad de El Huizachal, en San Fernando.
Ahí, los hombres armados pidieron a los migrantes información de sus familiares en EU para llamarles y exigir el pago de un rescate a cambio de su libertad, a otros les exigieron dinero o les ofrecieron que se integraran al grupo criminal, a cambio de no ser asesinados.
Ante las negativas, explicó Lala Pomavilla, los migrantes fueron atados de las manos en grupos de cuatro y a todos se les fue ejecutando con el llamado tiro de gracia.
El ecuatoriano sólo fue herido en la espalda y fingió estar muerto, lo que más tarde le permitió desatarse y salir del lugar para pedir ayuda.
Así, las autoridades llegaron al lugar en donde encontraron los cuerpos de 14 mujeres y 58 hombres, en un caso que causó la reacción de gobiernos extranjeros que ofrecieron su apoyo a la administración de Felipe Calderón, y de organismos internacionales que exigieron una rápida investigación y el establecimiento de mecanismos de protección para los migrantes.
Las investigaciones comenzaron de inmediato, los hechos se adjudicaron al grupo de Los Zetas, en ese momento encabezados por Heriberto Lazcano, El Lazca, a quien se señaló como autor intelectual, y que había operado las ejecuciones con los hermanos Óscar Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, Z-42 y Z-40, respectivamente.
Pero con el avance de las pesquisas ocurrió el hallazgo de más migrantes asesinados de la misma forma, entre el 6 y 21 de abril de 2011, en lo que se conoce como la Segunda Masacre de San Fernando, en este caso con un saldo de 193 personas asesinadas.
El infierno
Se han reportado desde 2010 más de 250 cadáveres hallados en varios ranchos de San Fernando, Tamaulipas.
Víctimas de crimen. Del 24 de agosto de 2010 al 21 de junio de 2011, las autoridades contabilizaron 265 cadáveres enterrados en ranchos del municipio de San Fernando.
El primer caso se dio a conocer el 24 de agosto de 2010, cuando elementos de la Secretaría de Marina encontraron 72 cadáveres en la bodega de un rancho de este muncipio tamaulipeco.
La dependencia informó que el hallazgo se hizo tras un enfrentamiento a 22 kilómetros de la cabecera municipal, en el que resultaron muertos tres presuntos delincuentes y un efectivo naval.
El 6 de abril, en el ejido La Joya, municipio de San Fernando, fueron encontrados 59 cadáveres en el interior de ocho fosas clandestinas, esto, a siete meses de la matanza de 72 inmigrantes centroamericanos.
En un reporte de la Procuraduría General de la República del 22 de junio, se informó que fueron 47 las fosas clandestinas localizadas en este lugar, para un total de 193 cadáveres, mismos que fueron sepultados por integrantes del grupo delictivo de Los Zetas.
Por estos hechos, la justicia dictó auto de formal prisión a 26 personas.
Con información de: Excélsior
