Familiares de víctimas de desaparición forzada y defensores humanitarios que integran la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada han elaborado una iniciativa de Ley General para prevenir, sancionar y reparar este crimen que demandan sea tomada en cuenta.
Desde 2010, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México impulsa la visibilización, documentación y denuncia de las desapariciones forzadas, las cuales se incrementaron con la presidencia de Felipe Calderón y su puesta en marcha de la “guerra contra el narcotráfico”.
Este crimen afecta a todo el país y la impunidad persiste en más del 90% de los casos denunciados en México, destaca la campaña que también demanda legislar adecuadamente en materia de desaparición forzada.
Es insostenible “la falta de un marco jurídico adecuado que investigue, sancione y repare este grave crimen. Así, iniciamos un proceso de visibilización y exigencia sobre la necesidad de crear una Ley General contra la Desaparición Forzada”, destacan diversas organizaciones que señalan haber revisado numerosas iniciativas de ley que fueron presentadas en las Cámaras de senadores y diputados.
Familiares y defensores entregarán su iniciativa de Ley General el próximo 3 de septiembre en el Senado de la República. Previamente realizarán una Caminata de seis horas continúas en torno a la sede de la cámara alta que comenzará a las 10:00 de la mañana. “Exhortamos a los Senadores a reciban a las organizaciones integrantes de la Coordinación de la Campaña ese día para acordar una agenda de trabajo para la revisión de esta iniciativa y su posterior discusión en el pleno del Senado.”
La iniciativa de Ley General de familiares y defensores establece facultades para los tres niveles de gobierno, los estados y el Distrito Federal para investigar, prevenir, sancionar y reparar las desapariciones forzadas y las desapariciones cometidas por particulares.
Contiene un capítulo específico en el que se establece la tipificación de los delitos de Desaparición Forzada y Desaparición de Personas cometida por particulares de acuerdo a los estándares internacionales, así como las sanciones y penas de acuerdo a la gravedad de estos delitos. Haciendo diferencias en las penas punitivas en cada uno de ellos.
Familiares y defensores también establecen los criterios para la Búsqueda, investigación y la Creación de un Registro Nacional de Personas Victimas de Desaparición Forzada y Desaparición de Personas cometida por particulares. En el cual se plantea la creación de protocolos específicos para la Búsqueda inmediata y permanente, así como la creación de fiscalías especiales en todas las entidades federativas para realizar la búsqueda e investigación de los casos.
Por medio de esta iniciativa de Ley General se creará El Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano, organismo autónomo y especializado en diferentes áreas de Investigación forense. Así como la creación del Banco Nacional de Información Genética, la Base de Datos Nacional Ante-mortem / Post-mortem, el Registro Nacional de restos mortuorios no identificados (NN) y de las zonas donde se encuentran las fosas comunes, con la finalidad de facilitar y agilizar la identificación de todas aquellas personas que han sido localizadas sin vida bajo un proceso confiable y seguro que garantice a las familias certeza.
Asimismo, se integra un apartado sobre la declaración de Ausencia por desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, teniendo por objeto reconocer y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica de las personas desaparecidas, además de brindar certeza jurídica a los familiares de las víctimas.
Familiares y defensores contemplan en su iniciativa medidas para prevenir el delito de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, como es la creación del Registro Oficial de Detenciones hechas por policías municipales, estatales o federales, como las cometidas por las Fuerzas Armadas. La Capacitación y Sensibilización a agentes del Estado y Servidores Públicos.
En el caso de la Reparación Integral del Daño, familiares y defensores establecen los derechos de los familiares a saber la verdad de lo sucedido y tener acceso a la justicia. Y la obligación del Estado a establecer garantías de no repetición.
Como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada “no aceptaremos ninguna iniciativa propuesta por el Ejecutivo que quiera ser enviada como preferente como lo hemos manifestado en diversas ocasiones, en tanto desde el nombre de la Ley Preferente del Ejecutivo se evita reconocer la gravedad del problema; además de que, hasta el momento, no se ha dado a conocer el contenido exacto de dicha Ley General. Por lo cual hace pensar que es una Ley hecha ex profeso, a modo y que No contribuirá a la investigación, y mucho menos a la erradicación de este grave crimen”.
La falta de voluntad política impidió la aprobación de una ley sobre desaparición forzada y las propuestas “se quedaron en el baúl del olvido”, dicen familiares y defensores que relatan que desde el 2013 iniciaron su campaña a nivel nacional e internacional para exigir “la aprobación de una ley de acuerdo a los marcos internacionales que tomara en consideración la participación de los familiares y las organizaciones interesadas en el tema, sin embargo, durante este tiempo no se había mostrado voluntad política por parte de ambas Cámaras y fue, sólo después de las desapariciones forzadas de los 43 normalistas de Ayotzinapa y a la gran presión nacional e internacional cuando se logra la reforma al Art. 73 para otorgar facultades al Congreso y poder legislar una Ley General en la materia”, aseguran.
“Luego de muchos años de exigencia de miles de familias que han demandado una Ley en la materia hoy se avizoran diversas propuestas para crear una Ley General contra la Desaparición Forzada, sin embargo, la mayoría de ellas no recogen el sentir de las familias y, mucho menos las recomendaciones que diversos organismos internacionales han realizado al Estado Mexicano para tipificar y sancionar adecuadamente este delito”, apuntan.
La Campaña elaboró una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la desaparición forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometida por particulares, la cual surge de todo este proceso de revisión y análisis de diversas propuestas, de observaciones de familiares, de diversos encuentros, foros de análisis y discusión con expertos en el tema; así como de las recomendaciones de organismos internacionales como las hechas por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, y del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada.
Esta iniciativa de Ley General, subrayan, “responde a la necesidad de hacer valer nuestro derecho como familiares y organizaciones de derechos humanos y populares a participar y a ser tomadas en cuenta en un proceso que es tan importante. También es una respuesta a la falta de voluntad política del Estado Mexicano de reconocer la existencia de este grave crimen y su incremento alarmante”, concluyeron.
Con información de: MVS
