El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que la frontera con Colombia cerrada desde el jueves no se abrirá hasta que “se restablezca un mínimo de convivencia y respeto a la legalidad”.
“No veo a corto plazo que se cumplan las condiciones mínimas”, dijo Maduro en rueda de prensa desde el palacio de Miraflores en Caracas.
El mandatario también anunció el nombramiento del general Carlos Alberto Martínez como autoridad única de los seis municipios del estado fronterizo del Táchira donde Maduro decretó el estado de excepción el viernes.
Se pudrió la frontera… Nosotros somos víctimas del capitalismo paramilitar
La medida fue justificada por Maduro como un intento de acabar con el crimen, el contrabando y el caos que se vive en la frontera.
El próximo miércoles, las cancilleres de Colombia y Venezuela se reunirán en Cartagena para –en palabras de Maduro– “construir una nueva frontera (…) productiva, sana, humana y respetuosa”.
Paramilitarismo y contrabando
También el lunes, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró en un comunicado que defenderá con “firmeza” a sus ciudadanos, pero añadió que “esa firmeza requiere la sabiduría y la prudencia de la diplomacia”.
La presencia de paramilitares y guerrilleros colombianos, así como el contrabando desde Venezuela de combustible y productos vendidos a precio regulado por debajo de su valor de mercado, han hecho de la frontera un lugar de constante tensión social durante los últimos años.
Image copyrightBBC World ServiceMientras que el gobierno dice que esto es producto de la incursión paramilitar en Venezuela, la oposición culpa al gobierno de Maduro de un “desastre” social y económico.
La principal coalición opositora venezolana, la Mesa de la Unidad Democrática, sostuvo el lunes que las medidas en la frontera buscan “justificar la suspensión de las elecciones parlamentarias” pautadas para el 6 de diciembre, a las cuales el gobierno llega golpeado en las encuestas por las crisis al alta inflación y la escasez de productos.
Deportaciones
Autoridades venezolanas informaron que desde el inicio de la última campaña oficial para erradicar el crimen y el contrabando fronterizo se han deportado a 1.012 colombianos que estaban indocumentados en Venezuela.
Crisis en la frontera entre Colombia y Venezuela
691
adultos y
170
menores fueron deportados desde el pasado viernes
- 2.219 kilómetros de frontera comparten ambos países
- 20.000 hombres de la Guardia Nacional de Venezuela custodian
- 17 puntos fronterizos ubicados a lo largo del territorio
Organizaciones no gubernamentales en el país denunciaron violaciones de los derechos humanos sobre algunos de estos deportados, que también son acusados de contrabandear productos básicos.
La abogada Jessica Duhan, del Programa Venezolano para la Educación de los Derechos Humanos (Provea), afirmó que tener la nacionalidad colombiana está siendo considerado “casi como un delito”.
“Estas ‘retenciones’ prolongadas no han cumplido un debido proceso,traduciéndose más bien en privaciones arbitrarias a la libertad”, escribió Duhan en el portal de Provea.
Image copyrightAFPY añadió: “La Constitución venezolana establece las garantías con que debe contar una persona que se encuentra privada de su libertad, y en el caso de los extranjeros es la notificación a la entidad consular, lo cual no se materializa al ser catalogados como ‘retenidos'”.
El gobernador del estado del Táchira, Vielma Mora, afirmó que los procedimientos se han hecho cumpliendo con todos los requerimientos de la constitución.
“Hemos sido fieles garantes de los derechos humanos en estos operativos y respetuosos de los procedimientos administrativos que se cumplen en la entrega de estos ciudadanos a Colombia, conforme a los acuerdos internacionales que rigen la materia”, señaló el mandatario local.
Paredes pintadas
Pero además de las retenciones de los colombianos, la agencia de noticia AFP reportó que miembros de la Guardia Nacional están marcando las casas en las localidades fronterizas.
Una R pintada en sus paredes significa “revisada”. Mientras que una D señala que la casa será demolida, asegura la agencia.
“No respetan los derechos de nadie y están demoliendo las casas con todo lo que hay adentro”, dijo a los medios Cristina Sierra, de 33 años, cuya casa fue demolida en el barrio Mi Pequeña Barinas, en la localidad de San Antonio del Táchira.
Otras denuncias se centran en que algunas familias han quedado divididas por cuenta de las acciones del gobierno venezolano.
Image copyrightAFPOtras denuncias se centran en que algunas familias han quedado divididas por cuenta de las acciones del gobierno venezolano
“Mi esposo está que se muere al otro lado de la frontera. No me dejan entrar y solo lo voy a volver a ver cuando ya esté muerto”, le dijo Ana Silvia Leal a la cadena de televisión colombiana Caracol.
Ella, de 80 años, no ha podido cruzar el puente Simón Bolívar que une los dos países para atender a su esposo aquejado de una enfermedad terminal y que reside en San Antonio del Táchira.
“La decisión del presidente Maduro me partió la vida en dos. Yo solo espero ver a mi esposo con vida otra vez”, concluyó.
Sin embargo, en los últimos días, la mayoría de los menores que habían quedado retenidos en la lado de Venezuela regresaron con sus padres.
Image copyrightBBC World ServiceDesde Colombia
El gobierno colombiano señaló que desde el pasado viernes recibió a 691 adultos deportados y 170 menores de edad repatriados, que están recibiendo asistencia humanitaria.
La mayoría de los expulsados están siendo recibidos en Cúcuta, capital del departamento colombiano de Norte de Santander, limítrofe con las ciudades venezolanas de Ureña y San Antonio.
Las autoridades tienen previsto entregar 500 kits de aseo, 500 mantas y 500 cochonetas en los albergues habilitados en Cúcuta y en la localidad vecina de Villa del Rosario.
Fuente: BBC.
