UNA COSA ES UNA COSA Y OTRA COSA ES OTRA COSA.
Una cosa es no pelear y otra muy distinta no defenderse. Lo primero supone no buscar el conflicto o eludir la provocación; lo segundo, tolerar la agresión y salir lastimado sin siquiera meter las manos. Aquello puede ser virtud, esto no.
La sentencia bíblica de poner la otra mejilla no aplica en política. En sus escarpados terrenos permitir que te abofeteen las dos mejillas es una irresistible invitación a que acto seguido te rompan los brazos, te hundan las costillas, te hagan polvo las rodillas y finalmente te estrangulen. Si de ganarse el cielo se trata, al monasterio o al convento, no a los recintos del poder terrenal.
El viejo periodista que fuera dos veces jefe de prensa de la Presidencia de la República y mentor de numerosos columnistas, Francisco Don Pancho Galindo Ochoa, solía decir que “en esto de la política a veces hay que dejarse madrear pero nunca hay que dejarse putear”.
No alcanzo a percibir si Juan Manuel Carreras se ha dado cuenta de que desde hace algunas semanas –por lo menos desde que recibió su constancia de mayoría como gobernador electo– dejó de representarse sólo a sí mismo y le cayó sobre los hombros la representación política, jurídica y en buena medida moral de los ciudadanos potosinos. Y no sólo de los 380 mil que votaron por él sino de los otros 686 mil que fueron a las urnas y no impugnaron ni desconocieron su triunfo.
Hace más de dos meses que Juan Manuel Carreras dejó de andar por la calle como el tipo buena onda, amable, educadísimo y cortés que ha sido, para convertirse en el centro de atención de las miradas de quienes serán (seremos) sus gobernados; en la encarnación de las aspiraciones de un buen gobierno que traiga prosperidad, seguridad, justicia y oportunidades. En él se depositan las esperanzas de un mejor futuro colectivo. Dicho de otra forma: los agravios, atropellos, desaires, malmodeos y agandalles de que lo hacen víctima, no lo afectan tanto a él como persona como a la dignidad de que ya está investido.
No es descabellado suponer que un buen número de sus electores estarán preguntándose ahora “¿En verdad en verdad, a quién carajos elegimos?”.
Hace una semana decíamos aquí que JMC necesita ser y parecer un gobernador políticamente fuerte. Expresamos la idea ante la posibilidad de que la dupla malvada Toranzo-Cándido le pasara por encima e impusiera la reelección en el Consejo de la Judicatura, cosa que final y lamentablemente ocurrió.
Cualquiera que sea el camino seguido para llegar a ese objetivo –que no se haya tomado en cuenta la opinión del gobernador electo; que éste haya dicho que no y lo ignoraran o que hubiera dicho que sí para no incomodar a nadie—el saldo le es altamente desfavorable a nuestro próximo señor gobernador.
Conozco diversas versiones sobre lo ocurrido en este triste episodio, unas más coherentes que otras, pero en todas aparece como telón de fondo lo que se perfila como una de las características fundamentales del siguiente mandatario potosino: evitar el conflicto a toda costa; no pelear ni en defensa propia.
La importancia de lo ocurrido el lunes en el Congreso no radica en la reelección por otros cinco años del consejero de la Judicatura que representa al Ejecutivo. El valor paradigmático del suceso es que nos dibuja un inminente gobernador que parece no conocer la diferencia entre agredir y defenderse; entre buscapleitos y correlón, entre fanfarrón y barco. No se debe, como opina Jesús Silva Herzog Márquez, reducir la política a una esclavitud frente a las circunstancias. La verdadera y mejor política las transforma, no se somete a ellas.
No me desentiendo del hecho de que el mandato constitucional de Juan Manuel Carreras inicia en el primer minuto del 26 de septiembre próximo. Eso no tiene discusión. Lo que yo me pregunto es si resistirse a que le heredaran un funcionario quinquenal que en la práctica equivale a escriturarle todo el Poder Judicial a Cándido Ochoa, habría significado un cataclismo de proporciones planetarias. No necesitaba operar en la oscuridad con los diputados, quizá hubiera bastado una conversación respetuosa, razonada y argumentada con Toranzo o Cándido (quién sabe cual habría sido más productiva) para evitar el descontón.
En una dimensión más compleja, preocupa la posibilidad de que Carreras esté, como se dice coloquialmente, tragando camote contra su voluntad, aguantando ninguneos, tolerando agravios y esperando el momento ya instalado en el poder para ajustar cuentas. Preocupa tal eventualidad porque estrenaríamos un mandatario resentido, vengativo, desfigurado. Nada bueno puede salir de allí. No hay extremo útil: ni un rencoroso feroz ni un debilucho entregado.
A principios de agosto de 1987, menos de tres meses después de la renuncia de Florencio Salazar a la gubernatura, por intermediación del licenciado José Guadalupe Cervantes Corona, a la sazón delegado general del CEN del PRI en estas tierras, recibí una invitación “a tomar café” con el secretario de Gobernación Manuel Bartlett. Me recibió en sus oficinas del Palacio de Covián acompañado de su jefe de prensa don Alberto Peniche Blanco.
Después de las formalidades de rigor, Cohiba en mano, de forma directa y escueta Bartlett me preguntó “¿Cuál diría usted que es el principal problema político de San Luis Potosí en este momento?”. Sin mucho pensarlo le respondí: “La posibilidad de que se constituya un cacicazgo jonguitudista”. Sonrió levemente, volteó a ver a don Alberto e hizo una ligera inclinación de cabeza. No comentó nada. Cambió de tema y pasamos a conversar de otras cosas. Si hoy me hicieran la misma pregunta, daría una respuesta muy similar. Sólo cambiaría de apellido, pero no diría torancista.
ESTACIONAMIENTOS
Hace once años, cuando la administración del centro comercial Plaza Tangamanga decidió cobrar por el uso de su estacionamiento, seis pesos las primeras tres horas, criticamos tal medida, argumentando que en el caso no infrecuente en aquel entonces de compras menores, digamos de 100 a 200 pesos, automáticamente se estaba aplicando un sobreprecio de entre el 3 y el 6 por ciento en perjuicio de los consumidores.
A raíz de ello, el concesionario y operador del estacionamiento nos contactó para explicar y justificar la aplicación de la medida. En ese caso concreto, dentro de los terrenos del centro comercial existía un edificio particular destinado a oficinas, ocupado por la Secretaría del Trabajo estatal y en sus proximidades numerosos edificios similares y establecimientos de giros variados, cuyos empleados que llegaban por la mañana y se retiraban hasta el atardecer ocupaban la mitad del total de cajones disponibles, sin realizar compra alguna en las tiendas y sin pagar un centavo. Nos pareció razonable y ya no insistimos en los cuestionamientos.
El cobro en ese tipo de aparcamientos no se generalizó. Plaza El Dorado nunca ha cobrado, como tampoco lo hace Costco o Home Depot. Los lugares donde sí se aplica una tarifa, que actualmente suele ser de 10 pesos las primeras tres horas o menor si se acredita alguna compra, son principalmente aquellos que por su cercanía con oficinas u otros negocios ajenos a los propios centros comerciales y que están expuestos a la ocupación gratuita de corte abusivo.
El lunes pasado, el Congreso local aprobó una reforma a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, por virtud de la cual –según la escueta información aparecida ese mismo día y al siguiente– se eliminaba el cobro por estacionamiento en todas las plazas comerciales. De entrada, parecía que se replantearía el problema de ocupación masiva de cajones por parte de no clientes.
Se omitió precisar que la nueva norma deja establecida la salvedad de que el estacionamiento será gratuito siempre y cuando se acredite haber efectuado alguna compra, sin imponer montos mínimos. Así, los empleados de la Secretaría del Trabajo, por citar un ejemplo, que vuelvan a estacionarse dentro de la plaza, tendrán por lo menos que ir a comprar unos chicles.
Y aunque la vigencia plena de esta disposición quedará sujeta a lo que decidan los tribunales federales, a los cuales han acudido vía amparo los dueños o condóminos de los centros comerciales, lo que conviene es contemplar a la brevedad una reglamentación más detallada tanto para prevenir que con los tres pesos de unos chicles se utilicen ocho horas de estacionamiento, como para evitar que con algún subterfugio los operadores cobren a los clientes. Por ejemplo, argumentando en los establecimientos que no tienen sello de compra o que la maquinita está descompuesta. Finalmente, será interesante conocer qué opina en este tema la justicia federal.
COMPRIMIDOS
Respecto de Ricardo Gallardo Juárez decíamos en nuestra columna anterior dos cosas principales: que será un actor político relevante en el escenario tanto local como estatal, y que trae proyecto para doce años. Lo que nos faltó precisar es que ambas cosas quedan condicionadas a un buen desempeño en las alcaldías capitalina y soledense, ya que si no cumple las expectativas que ha levantado y lo abruman los problemas, sobre todo los financieros, en lugar de trampolines esas posiciones pueden ser tumbas de cualquier aspiración política.
Por los rumbos del gobernador electo, los datos más confiables que conseguimos apuntan a la puesta en práctica de una buena e inteligente decisión: a la Secretaría General de Gobierno y a la Procuraduría no llegarán abogados litigantes con despacho abierto. Varias veces hemos insistido en que las experiencias con ese perfil de profesionistas en esos cargos han sido desastrosas. En contraste, surgen algunos rumores inquietantes, como el que anda propalando doña Rosamá, quien dice que tiene asegurada la Oficialía Mayor de Gobierno. Debería conformarse con no ir a parar tras las rejas por tanto exceso en el Congreso.
Los recientes encuentros de Juan Manuel Carreras con dirigencias y funcionarios electos de los distintos partidos políticos son un buen augurio. Por lo pronto, muestra un estilo muy distinto al de Fernando Toranzo, quien desde el principio agarró pleito casado con todos. En ratos hasta con el PRI.
Y a propósito de las pérgolas, salvo que algún relevo más se dé en los próximos días, Fernando Toranzo Fernández concluirá su mandato con únicamente tres de los 18 integrantes originales de su gabinete legal. Los sobrevivientes son Jesús Conde Mejía en Finanzas; Héctor Rodríguez Castro en Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, y Miguel Cardoza Mora, en Trabajo y Previsión Social. A este último, por cierto, Cándido le tumbó la notaría que le había ofrecido el doctor y se la adjudicó vía prestanombres.
Hasta el próximo jueves.
Fuente: Pulso
