Martín y Jorge no se conocen. Uno tiene 42 años, el otro 25. Uno, vendedor de celulares, otro, trabajador en su empresa familiar. Ni siquiera viven en el mismo lugar, pero hay algo que los une: la injusticia.
A Martín, en Jalisco, lo señalaron como miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación y lo llevaron preso sin que los delitos por los que se le acusa se le hayan podido comprobar.
Jorge está encarcelado por un asesinato que no pudo haber cometido por una sencilla razón: existe un asesino confeso del crimen por el que es acusado por las autoridades.
Estos dos casos evidencian las deficiencias de los procesos judiciales que se viven en el país.
De vendedor a capo
En un fin de semana de septiembre de 2014, José Martín González Moreno, vivió una pesadilla de la que todavía no despierta.
“Estamos hablando que, de despertar el jueves 18 de septiembre del 2014 en mi casa con mi esposa y una vida tranquila, pasé al lunes 22 de septiembre a Perote, Veracruz a una prisión de máxima seguridad sin saber, sin entender qué estaba pasando”, así resume su historia en una carta que Martín, de 42 años, escribió el 5 de agosto pasado.
Las tres hojas con tinta azul fueron transcritas por su esposa, Edna Liset Vega Ramos, y están al alcance de cualquiera, en el portal change.org, con las que se busca que Martín pueda ser declarado libre por el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales y el Cuarto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, en Jalisco.
En esa carta, Martín ha narrado cómo pasó, de ser el propietario por casi tres lustros de un negocio de venta de teléfonos celulares, y un hombre que esperaba estar presente en el parto de su primera hija, a jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el municipio de Tala, a unos 45 minutos de Guadalajara.
Delincuencia organizada, robo de hidrocarburos, portación de armas y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, narcomenudeo, homicidios…la lista de delitos que las autoridades le señalaron a Martín el año pasado.
El 18 de septiembre de 2014, Martín abrió la puerta a unos desconocidos. Los hombres lo sacaron de su casa. Lo llevaron a la Fiscalía General del Estado (FGE). De ahí, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en el Distrito Federal.
Terminó en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 5 de Oriente, en Perote, Veracruz, a 756.8 kilómetros de distancia de su hogar, lejos de su familia, sus amigos, su vida.
El sushi que nunca comió
El calendario marcaba 18 de septiembre. Martín dejó a Edna en su trabajo; ella es contadora de una empresa de alimentos enlatados.
Edna le dijo que al terminar su jornada laboral, iría con sus primas a La Gran Plaza, en Guadalajara, luego, a cenar.
Le dijo que en cuanto estuviera en el restaurante, le marcaría para ver qué sushi querría para cenar.
“Le marcaba y nada. Automáticamente, me salían mensajes escritos que decían ‘ahorita no puedo atenderte’, yo pensaba qué payaso, además porque Martín nunca tenía esos mensajes en su teléfono”, relata Edna a Reporte Indigo.
Los mensajes por whatsapp tampoco le eran contestados. Edna pensó que Martín no tenía el teléfono a la mano.
Pasadas las 21:30 horas, Edna llegó a casa. La pareció extraño que todas las luces estuvieran prendidas. Pidió a sus primas que no se fueran hasta no ver qué pasaba.
Caminó hasta llegar a una ventana. Se asomó. Un torbellino había sacudido su hogar. Muebles, cajones, aparatos electrónicos, todo estaba de cabeza. Edna gritó su nombre. Martín nunca contestó.
“Yo temblaba, mi panza se movía, era una cosa impresionante. Yo pensaba que le había pedido a Dios, por más de siete años, que me mandara un hijo, pero le reclamaba que me quitara a su padre. Yo sentía que Martín había muerto”, relata Edna.
‘¿Sabe a qué venimos?’
“¿Sí sabe a qué venimos?”, le habían preguntado a Martín, policías de la Fuerza Única Metropolitana, el cuerpo de élite creado por el gobierno de Jalisco para atacar al narco, cuando él abrió la puerta de su hogar.
El comerciante dijo que no. Los oficiales lo tomaron del hombro, lo metieron a la casa. Revisaron cada rincón. No encontraron nada.
De la patrulla, bajaron a un muchacho golpeado. “Es él”, dijo el hombre. Martín fue esposado y vendado de los ojos.
“En el camino a Guadalajara yo iba pensando, ¿se darán cuenta que esto es un error y me soltarán y me regreso en mi camioneta? Cuál es mi sorpresa que van mas de 10 meses y no he vuelto”, escribió Martín en su carta.
Sin poder ver, Martín llegó primero a la FGE, en la calle 14 de la zona industrial, donde vio de cerca la tortura: toques eléctricos en genitales, agua por la nariz, golpes, patadas, de todo.
Así fue durante el resto del jueves y todo el viernes. Por la mañana del sábado, fue llevado a otro lugar, donde vio los rostros de otras seis personas a las que nunca había visto.
Otra vez, vendados, los siete subieron a un helicóptero. La Ciudad de México, el siguiente destino. Más en específico, la SEIDO.
“Tenemos una tablita…ya está listo el cazo con aceite hirviendo…”, la tortura psicológica le susurraba al oído a Martín, mientras ingresaba a la Subprocuraduría.
“No voy a firmar nada sin un abogado”, respondió. Los golpes regresaron. Martín aguantó. No firmó nunca un papel.
Otro nuevo viaje, ahora a Perote, Veracruz, a un penal de máxima seguridad.
Antes, había hecho una llamada.
El jefe de todos
“Ednita, estoy en México, consigue un abogado”, dijo Martín por el teléfono. La mujer tomó el vuelo más próximo, acompañada de un defensor para su esposo.
En la SEIDO, le dijeron que Martín ya estaba en Veracruz, y su expediente, en Puente Grande, Jalisco.
Siete horas más de traslado. Pudo ver a Martín hasta el 25 de septiembre de 2014. El hombre del que se enamoró, era otro. No dejaba de repetir que estaba bien, que ya no lo torturaban, que ya había comido. Todavía lo recuerda, y Edna no puede evitar llorar.
Regresó a Guadalajara, para empezar con la revisión del expediente de su esposo.
“Cuando empezaron a leer los delitos por los que le acusaban, era un montonal. Según las autoridades, Martín era el jefe de todos. Lo culpaban de robo de combustible, homicidio, portación de armas y cartuchos, posesión de drogas para venta y distribución.
“Que era el jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación, y que él ordenaba a quién matar”, narra ella.
El 29 de septiembre del año pasado, el diario La Crónica Jalisco informó que la FGE había llevado a cabo la detención de siete personas relacionadas con el CJNG, entre ellas, Martín.
Según la versión de las autoridades estatales, reproducidas por el rotativo, al grupo se le atribuía varias de las desapariciones de personas en Tala, Jalisco.
“Los aprehendidos reconocieron haber ofrecido trabajar para ellos a varias personas y al obtener negativas, los privaban de la libertad y posteriormente los trasladaban en camionetas a los campamentos que tenían en la sierra, posteriormente eran víctimas de tortura, y luego quemados en camas de leña. Fuentes cercanas aseguran que luego dinamitaban los cuerpos y grababan los hechos con teléfonos celulares”, publicó el periódico.
Policías y testigos
Los policías que detuvieron a Martín declararon que la detención ocurrió sobre la carretera que va de Tala a Teuchitlán.
El oficial Martín Hernández, revisó a Martín, cuando presuntamente conducía una camioneta BMW. Al momento de revisarlo, dijo el policía, le encontró “en la cintura, un arma de fuego tipo pistola calibre .45 mm marca Colt modelo Comander […] con seis cartuchos útiles […] se localizaron 64 cartuchos del calibre .45 mm y en la guantera del vehículo se localizaron dos bolsas de plástico color rosa, cada una con 100 pequeños envoltorios con etiquetas con la leyenda Zona Valles, conteniendo en su interior gránulos cristalinos con las características del cristal”.
Uno de los detenidos declaró, “que sabe y le consta que los homicidios y levantones realizados en el poblado de Tala, Jalisco, fueron ordenados por una persona apodada El Mora, quien se encuentra bajo el mando de José Martín González Moreno, alias El Señor o El Patrón, quienes pertenecen a la organización Cártel Jalisco Nueva Generación”.
Sin embargo, la misma persona dijo que las lesiones que presentaba al momento de la declaración, habían sido ocasionadas por oficiales que le ponían una bolsa en la cabeza y lo golpeaban, y también, que no conocía a los demás detenidos.
La defensa de Martín presentó cuatro testigos. Todos vieron patrullas afuera de la casa de él, el 18 de septiembre de 2014.
“No nos detuvimos porque como a José Martín González Moreno ya lo han robado, pensamos que había ocurrido lo mismo”, dijo uno de los testimonios.
Varios de los delitos, no pudieron comprobarse.
Pero un juez dictó el auto de formal prisión a Martín por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Firmas falsas
Durante el proceso, la defensa de Martín se percató que hubo falsificación de firmas del Ministerio Público federal.
“Contratamos un perito, la PGR puso otro perito, los dos llegaron a la conclusión que las firmas son falsas. Nuestro abogado metió un incidente de libertad por nulidad de actuaciones, pues la Ley dice que una firma que esté mal, se cae todo. En este caso son 19 firmas falsas”, dice Edna Vega.
Parecía que Martín saldría pronto de Puente Grande, a donde fue trasladado en mayo de este año. El juez le negó la libertad. Argumentó que los peritajes de las firmas tendrían que haberse hecho al inicio del proceso, no después de varias pruebas desahogadas.
Una nueva apelación está en curso. Se encuentra en revisión en el Cuarto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, en Zapopan, Jalisco, con miras a resolverse en esta misma semana.
Es un viernes previo al cumpleaños 43 de Martín, el 27 de agosto. Edna ha relatado su historia, la de él, la de su familia, la de las autoridades.
El teléfono suena. Es su esposo quien ha llamado desde Puente Grande. Cinco minutos apenas para conocer la voz de esta historia.
“Desde que tenía más o menos 27 años, me dedico a la compra venta de celulares, y a la compra venta de autos. Iba a Estados Unidos, me traía coches desde que tenía esa edad, hasta los 42 que me pasó esto. Llegaron las personas, me involucran en venta de droga, robo de hidrocarburos, de ser de la Nueva Generación. Yo ni sabía quienes me involucraban hasta que los vi en la SEIDO”, dice Martín desde el otro lado de la línea.
Martín pide a las autoridades que antes de detener a cualquier persona, hagan una investigación. La única que hacen, comenta, es mediante golpes y tortura, lo que obliga a varios inocentes a firmar cualquier cosa.
Detalla que los días en Puente Grande los lleva con ayuda psicológica y de su familia, y algo de lecturas.
Ha pasado casi un año encarcelado. Las cuentas que su mujer ha hecho, por los delitos que le imputan, suman una pena de seis años de prisión. Como él no tiene antecedentes, podría salir en libertad en poco más de tres años y medio, si es que lo declaran culpable.
“Metí un incidente de libertad por falsificación de firmas del Ministerio Público, que salió mal y se fue a revisión. Estoy ahora en apelación, no queda más que esperar el cierre y, primero Dios, a ver qué nos dice el juez.
“Estoy en la incertidumbre de no saber qué va a pasar con mi caso. Si dicen simple y sencillamente que soy culpable, no sé qué sentencia me den”, dice Martín.
Quedan pocos minutos en la llamada. Edna y él se despiden.
“Todo va a estar bien”, se dicen el uno al otro.
> Detenciones ilegales golpean a Fiscalía
El 29 de julio pasado, en “Detenciones ilegales golpean a la Fiscalía”, Reporte Indigo dio a conocer que entre 2013 y 2015, los jueces estatales han tenido que liberar a un tercio de las personas consignadas, por haberse comprobado que hubo una violación a sus derechos humanos.
Con información de: Reporte Índigo
