Están implicados en la venta de al menos nueve recién nacidos; cobraban hasta 150 mil pesos por cada bebé.
La Fiscalía de Sonora obtuvo dos órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de la administración del panista Guillermo Padrés Elías implicados en la venta de al menos nueve bebés recién nacidos, quienes fueron colocados con familias que esperaban adoptar a un niño y que pagaron hasta 150 mil pesos.
Carlos Alberto Navarro Sugich, titular de la Procuraduría General de Justicia de Sonora (PGJE), identificó a los funcionarios sospechosos como Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, de 30 años, quien se desempeñaba como subdirector en la Procuraduría de la Defensa del Menor, a cargo de la Línea Protege, y José Manuel Hernández López, de 38 años, quien se desempeñaba como asesor jurídico del Sistema DIF estatal y en la Unión Ganadera Regional de Sonora.
Hasta el cierre de esta edición, ambos inculpados estaban libres, pues tramitaron un amparo; son acusados de los delitos de incumplimiento de un deber legal, que tiene penalidad de uno a ocho años de prisión e inhabilitación de uno a cinco años para ocupar cargos públicos; suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante, cuya pena va desde seis meses hasta seis años de cárcel, además de sustracción y tráfico de menores e incapaces, con una pena de 15 a 40 años tras las rejas.
“En 2012, los dos sospechosos plenamente identificados encontraron la manera de beneficiarse económicamente a cambio de entregar niños a padres de familia que luego presentaron ante el Registro Civil como hijos biológicos. ¿Cuál es el papel de los funcionarios desde la perspectiva de la PGJE? Éstos tenían acceso a la información de personas y parejas que estaban en lista de espera tratando de adoptar; aprovechando sus cargos, lograron identificar a mujeres en estado de vulnerabilidad, a punto de dar a luz en el Hospital de la Mujer.
“Luego, entre Vladimir y José Manuel se encargaban de identificar a las parejas dispuestas a entregar dinero a cambio del bebé recién nacido”, detalló el procurador.
Hasta ayer, la PGJE confirmó la venta de nueve bebés de hasta cuatro años de edad: seis niñas y tres niños, por los cuales parejas y madres solteras pagaron desde 80 mil hasta 150 mil pesos; el fiscal admitió que podría haber más bebés sustraídos ilegalmente y funcionarios implicados.
Según la investigación iniciada el 18 de marzo, en todos los casos las madres biológicas estaban en situación de vulnerabilidad, como pobreza extrema y problemas de adicción, y no recibieron dinero a cambio de entregar a sus hijos, por lo cual no están sujetas a proceso penal.
Entre los 16 consignados, hay 14 personas —entre parejas y madres solteras— que pagaron fuertes sumas de dinero para obtener ilegalmente a un bebé.
Fuente: Excelsior
