En septiembre vence el plazo; apenas poco más del 10 por ciento de las unidades ya cuentan con el equipo.
A pesar que la legislación en materia de transporte, establece sanciones para los concesionarios que no cumplan con la instalación de cámaras de videovigilancia en las unidades del sistema público, no precisa los criterios para aplicar cada una de ellas.
La legislación estableció hasta el mes de septiembre, para que las unidades del transporte público, estén equipadas con estos equipos que enviarán la señal en tiempo real, con la finalidad de inhibir situaciones de delito.
La presidenta de la comisión legislativa de Comunicaciones y Transportes, la diputada panista Socorro Herrera Orta, explicó que la ley en la materia establece como sanciones desde la aplicación de multas económicas hasta la cancelación de la concesión.
Sin embargo, no es precisa sobre cuál de ellas será aplicada a los concesionarios que no cumplan con las disposiciones de la legislación vigente.
Herrera explicó que con probabilidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes valoraría el nivel de cumplimiento que tiene cada una de las empresas concesionarias, en la instalación de las cámaras de videovigilancia, para determinar la sanción correspondiente.
Así -agrega- si una de ellas registra un avance considerable, la sanción será menor.
Sin embargo, en el corte más reciente de la dependencia gubernamental, poco más de un 10 por ciento del total de unidades que forman parte del sistema público de transporte, tienen instalado ese equipo que será monitoreado por la SCT, enlazados con el C4.
La diputada panista sin embargo afirmó también que no habrá prórroga para el cumplimiento de esta disposición legal.
Fuente: Plano Informativo
