A poco menos de dos años de concluir su gestión en Puebla, el Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas es señalado por organizaciones sociales y oposición de utilizar la criminalización de activistas como recurso para acallar a las voces disidentes, promover la opacidad de las finanzas públicas, el espionaje de sus enemigos políticos y generar una cultura de enriquecimiento para amigos y empresas foráneas.
Por ejemplo, el pasado 26 de agosto, la organización Artículo 19 reveló que la transparencia fue vulnerada en el Gobierno de Puebla, con retrasos en las peticiones, candados, discriminación en el acceso de la información, cambios en la modalidad para responder a las solicitudes sin que exista una causa justificada, y la destrucción y ocultamiento de contratos.
En el informe “Transparencia, la deuda de Moreno Valle”, la organización menciona que la desaparición de documentación de datos administrativos, fiscales, legales o históricos es una falta muy grave que amerita sanciones.
Uno de los contratos que se extravió es el de 4 millones 106 mil 400 pesos suscrito en 2012 entre el Gobierno de Moreno Valle Rosas y la empresa Publicidad Virtual S.A. de C.V., compañía con la cual el gobierno reconoció en 2013 mantener relaciones comerciales. Éste contrato comprendió la propaganda del Gobernador poblano en los estadios de futbol.
El otro caso que documenta Artículo 19 es el publicado por el portalLado B en marzo de este año, en el que se informó cómo el Congreso del estado desapareció la información relacionada con la compra de publicidad en cines vía la empresa Make Pro. El reporte indica que el Poder Legislativo local exoneró a Moreno Valle a pesar de que el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) llegó a la conclusión de que había violado la ley en la promoción de su Primer Informe de labores.
Pasó lo mismo con el Tercer Informe de Gobierno, del que todavía no se tienen datos concretos, pero en un documento fechado el 10 de junio de 2014, el entonces apoderado legal y subsecretario jurídico del organismo Puebla Comunicaciones, Anuar Julián de los Santos, reconocía que el gobierno del estado tenía contratos con 10 empresas, todas ellas con posibilidad de transmitir contenido a través de la señal de televisión restringida, refiere el informe “Libertad de expresión en venta. Acceso a la información y censura indirecta en publicidad oficial” elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19.
REPRESIÓN Y ESPIONAJE
El pasado fin de semana el Congreso poblano aprobó la Reforma del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado que pone trabas a las candidaturas independientes.
Afuera del recinto, ciudadanos y representantes de organizaciones civiles protestaron en contra de la legislación y aseguraron que con esta votación se dio totalmente la espalda a las personas y se consumó la partidocracia en el estado de Puebla. Pusieron en duda la vocación democrática del Gobernador al señalar que el Congreso aprobó esta Ley porque tiene una amplia mayoría morenovallista.
Entre los ciudadanos inconformes por la también llamada “Ley Antibronco” estaba Alberto Merlo Martínez, estudiante de la Universidad Iberoamericana de Puebla y ex candidato independiente a Diputado federal, quien fue agredido por un guardia de seguridad del Congreso estatal.
Por estos hechos, la institución exigió al Gobierno de Rafael Moreno Valle “una investigación creíble de los hechos y un deslinde eficaz de responsabilidades”.
En un comunicado la institución reprobó que la disidencia sea castigada en Puebla y aseguró que las candidaturas independientes deben fungir como un contrapeso en la búsqueda de nuevos escenarios democráticos.
La legislación tuvo 24 votos a favor, en su mayoría de la bancada panista, Nueva Alianza (Panal) y Compromiso por Puebla, y 12 en contra de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La “Ley Antibronco” establece que los aspirantes sin partido tendrán sólo 20 días para juntar firmas que deberán sumar el tres por ciento del total del padrón de votantes, además de que éstas deberán validarse de manera presencial ante un Consejo Electoral.
A Moreno Valle Rosas también se le ha acusado de tener en prisión a varios activistas políticos y de realizar un amplio trabajo de espionaje que incluye a medios y a opositores.
Encabezar protestas, oponerse a construcciones gubernamentales, exigir el esclarecimiento de procesos electorales, rechazar reformas como la “Ley Bala”, negarse a firmar la venta de sus tierras o pedir la restitución de servicios como el Registro Civil a sus comunidades, han provocado que 134 personas, entre amas de casa, dirigentes sociales, campesinos, ambientalistas, activistas, mototaxistas y hasta los propios defensores de derechos humanos, estén hoy en la cárcel y sean considerados presos políticos del Gobierno de Moreno Valle.
En marzo de este año, el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla presentó el listado de las personas que han sido encarceladas en lo que va de su administración. Algunos continúan su proceso judicial en libertad, pero los juicios, firmas y comparecencias no terminan.
En los últimos días, una serie de documentos filtrados, primero en la prensa de Puebla y después en medios internacionales, destaparon una presunta red de espionaje al servicio de Rafael Moreno Valle para vigilar los pasos de políticos de oposición, incluso los de su propio partido, Acción Nacional (PAN).
El escándalo más reciente se reveló el mes pasado, cuando la empresa italiana Hacking Team, proveedora de software de vigilancia a organizaciones policiacas y a otras agencias gubernamentales, fue víctima de un hackeo. A través de su propia cuenta de Twitter se divulgaron documentos confidenciales de su propiedad, entre los que se encuentran diversas facturas y una lista con los nombres de sus clientes, entre los que destacó el Gobierno de Puebla.
De acuerdo con la información, el estado habría gastado 428 mil 835 euros (aproximadamente 7.4 millones de pesos) en Hacking Team, recursos que se distribuyen de la siguiente forma: 313 mil 301 euros en 2013, 93 mil 76 euros en 2014 y 22 mil 458 euros en 2015.
Un mes antes, el 6 de junio, el periodista poblano Fernando Maldonadoreveló un dossier sobre el trabajo de inteligencia que realiza el Gobernador panista. Entre la información filtrada se encontraron, por ejemplo, conversaciones de Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y de Alfredo del Mazo Maza, hombre de confianza del Presidente Enrique Peña Nieto.
Fuente: Sin Embrago
