Asimismo, la comisión dio su opinión positiva con ajustes, a la iniciativa de reforma al artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), pendiente por dictaminar en la Comisión de Justicia y que refiere a la facultad de emitir órdenes de protección emergente y preventiva, en casos de violencia contra las mujeres.
Las legisladoras señalaron que otros estados donde solicitarán implementar alertas de género, son Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Guanajuato, y demás entidades donde la incidencia de feminicidios es alta.
En las giras, promoverán la firma de acuerdos y convenios con los institutos de las mujeres, los gobiernos estatales, las comisiones legislativas de los congresos estatales y organizaciones defensoras de los derechos humanos, establecieron.
Para ello, se buscará dialogar con gobernadores, procuradores, fiscales, legisladores y legisladoras y con el titular de la Procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo, para intercambiar datos sobre el fenómeno de los feminicidios por entidad y a nivel nacional, a fin de detallar el diagnóstico en la materia.
Las cifras, apuntaron las congresistas, son dispersas, poco claras y no están actualizadas, pese a que en algunos puntos de la República, el fenómeno de los feminicidios ha repuntado preocupantemente, en sitios como el Estado de México, Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo.
Calificaron como urgente armonizar las normas que penalizan el feminicidio, porque en distintos estados esa actividad no es considerada delito e incluso se ha negado emitir alertas de género.
Sobre la iniciativa de la diputada del PRD, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, cuyo fin es facultar al Ministerio Público a emitir órdenes de protección emergente y preventiva en casos de violencia cometida contra las mujeres, especificaron que dichas órdenes serán temporales y tendrán que expedirse dentro de las 24 horas siguientes a la denuncia por agresión de género.
En ese caso, la Comisión consideró que 72 horas de protección preventiva propuestas son pocas, pues la autoridad debería mantener vigilancia sobre la víctima hasta que termine la situación de peligro y el Ministerio Público integre las investigaciones correspondientes.
Con ello, se ejercería una acción efectiva de protección a los derechos de las mujeres y de acceso a una vida libre de violencia.
Los estados, tendrían que implementar modelos de atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como las mismas órdenes de protección, añadieron.
En otra resolución, las integrantes de la Comisión determinaron pedir a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que entregue un informe trimestral, sobre el estado que guarda la indagatoria en el caso del asesinato de la joven Darcy Losada, perpetrado en marzo pasado.
Exigieron que el caso se arme con la solidez necesaria, para que el culpable, identificado como Omar Ikeer Alejandro Rodes, al que se refirieron como “feminicida”, obtenga la pena máxima que impone la ley.
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