En la capital del estado se ha registrado el cierre de diversas vialidades públicas por parte de vecinos de algunas colonias, principalmente en el Fraccionamiento Tangamanga.
En este sentido, las calles de Guillermo Aguirre y Fierro en su intersección con Antonio Leal Castro fueron cerradas por vecinos al libre acceso a pesar de ser consideradas como vialidades públicas; pese a contar con sellos de clausura, las rejas, casetas y plumas de acceso se encuentran en operación.
El cierre de calles no representa la principal falta, ya que a pesar de estar consideradas estas vialidades como públicas tal y como está suscrito en el capítulo I artículo 6 del reglamento de construcciones del municipio de San Luis Potosí que refiere que “la vía pública constituye un bien del dominio público y de uso común”.
A pesar de esta premisa, los habitantes del Fraccionamiento Tangamanga optaron por el cierre de estas vialidades con la anuencia de la pasada administración municipal. En este caso por el ex secretario general del ayuntamiento Emigdio Ilizaliturri Guzmán, quien signó la constancia S/970/2011 que señala que en sesión de cabildo se “aprueba por mayoría de los presentes –regidores-, la solicitud de los vecinos de las calles Antonio Leal Castro y Andrés Diego de la Torre del fracc. Tangamanga de esta ciudad a fin de otorgarles permiso temporal de ocupación de dichas calles”, refiere el documento oficial.
Sin embargo y pese al término “temporal” los vecinos de este fraccionamiento han levantado obras permanentes como rejas de acceso automatizadas, vallas de acero fijas a la carpeta asfáltica, casetas de video vigilancia obstruyendo el libre acceso a jardines o calles públicas.
Este fenómeno se agrava ya que una Asociación Civil denominada “Privada Colonos Tangamanga” realiza cobros mensuales de 900 pesos por concento de mantenimiento de áreas verdes y control de acceso de caseta de vigilancia en Privada Colonos Tangamanga A.C. pese a no contar con este esquema habitacional, el estimado de viviendas dentro del cerco alcanza las 100 viviendas lo que representa un cobro mensual superior a los 90 mil pesos mensuales.
Entre los recaudadores de esta asociación civil se encuentra Gilberto Javier Hernández, funcionario estatal en los parques Tangamanga quien fue observado por este reportero en uso de un vehículo oficial realizando recorridos dentro de esta privada.
Asimismo personal a cargo de las casetas de vigilancia –que por temor a represalias laborales futuras omitieron revelar sus nombres-, aseguraron que carecen de las prestaciones de ley como seguridad social y que el salario mensual apenas rebasa el mínimo pese a cumplir jornadas laborales de 12 horas continuas.
Vale la pena señalar que este fenómeno se puede observar en las calles Rodolfo de Ruiz, Jorge Ferriz y Antonio de la Luz de este fraccionamiento.
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