La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el cobro del impuesto a los depósitos en efectivo vigente en nuestro país.
Al negar cinco amparos en revisión, la primera sala de la Corte estableció que la medida no es una sanción a las personas sino una forma de propiciar que los contribuyentes registrados ante la hacienda pública declaren respecto a la totalidad de sus ingresos para efectos del impuesto sobre la renta.
La sentencia destaca que dicho impuesto también sirve para detectar aquellos ciudadanos que deberían estar inscritos en el registro federal de contribuyentes y no lo están, ya que a partir de ser identificados en esa situación tributen por lo menos con la tasa del 3 por ciento del efectivo que depositen en las cuentas bancarias registradas a su nombre.
Ambos objetivos, destacaron los ministros, son fines constitucionalmente válidos por lo que negaron la protección de la justicia federal a los quejosos que argumentaban que la medida era una sanción para los cuentahabientes del sistema bancario y quienes promovieron los juicios 111/2011, 147/2011, 250/2011, 273/2011 y 314/2011.
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