El presidente municipal de Zapopan, el priista, Héctor Robles Peiro, se jactó el miércoles de que todas las noches durante los operativos antipandillas agarraban a macanazos a un promedio de 70 jóvenes, el regidor de Movimiento Ciudadano, Augusto Valencia presentó una queja en Derechos Humanos contra el alcalde.
En rueda de prensa que se realizó el pasado miércoles, Robles Peiro declaró que “yo les puedo decir que en los operativos antipandillas, todos las noches agarramos a macanazos a más de 70 jóvenes. Y esos más de 70 jóvenes, a lo mejor dos o tres tienen órdenes de aprehensión, a lo mejor uno, dos o diez tienen droga en su poder y son consignados. Pero los otros 60 son soltados, porque son faltas administrativas, y van a seguir generando problemas de vandalismos, y van a seguir generando problemas de drogadicción, y van a seguir generando problemas de inseguridad”.
Ese mismo día, comentó que el ciudadano que está bajo el influjo de alguna droga “no es una persona, se convierte literalmente en un ser perdido”.
Augusto Valencia comentó que si el municipio “lleva más de 90 operativos donde él (Robles) argumenta que son 70 jóvenes que golpean por operativo, esto quiere decir que más de 6 mil jóvenes pudieron haber sido ya víctimas de un gobierno represor”.
En su queja, Augusto Valencia pidió que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) cite a comparecer a Héctor Robles para que aclare lo de los macanazos, así como sus comentarios contra los jóvenes con adicciones, que dijo no son personas.
Ayer, el Primer Visitador de la CEDHJ, César Alejandro Orozco Sánchez hizo un llamado al alcalde para aplicar los operativos antipandillas apegado a derecho, porque de otra manera caería en una ilegalidad y en autoritarismo.
“Si se reacciona frente a la persona que comete delitos a golpes, a macanazos o con detenciones arbitrarias, estaríamos hablando de que se está combatiendo el delito de forma ilegal”, comentó el Visitador.
El presidente municipal destinó en el presupuesto de este año para servicios de comunicación social, y consultoría en imagen pública y marketing político, 90 millones 200 mil pesos (Proceso Jalisco 441).
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