El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado hoy que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no limitará bajo ningún concepto el derecho a la información. En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados ha insistido en que “el derecho a la libertad de información es preferente” y, por tanto, la ley no establecerá, “en ningún caso”, medidas que restrinjan la libertad de información.
Gallardón ha querido así dejar claro que su departamento no se plantea ningún mecanismo de censura para evitar que los medios de comunicación informen sobre algunos procedimientos judiciales. No obstante, el ministro de Justicia considera oportuno, en el marco de esa reforma, “adoptar medidas dirigidas a limitar lo máximo posible cualquier tipo de perturbación sobre las actuaciones sumariales” y las investigaciones.
Gallardón, que ha recalcado que “no se pueden prolongar los sumarios”, había manifestado ayer que sería preocupante que la resolución adoptada por un juez o un jurado popular pueda verse condicionada como consecuencia del prejuicio formado en la opinión pública durante la instrucción sumarial o la celebración del juicio.
En opinión del ministro, la ley debe dar una solución al conflicto entre el derecho a la información y la protección judicial para tratar de evitar “juicios paralelos”. Esto es, para que no se produzcan juicios mediáticos o “fantasías especulativas”. La comisión de expertos que ha elaborado la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal apuesta, con estas premisas, por reducir los plazos del secreto del sumario y evitar que algunos jueces lo prolonguen eternamente sin justificación. El tiempo máximo podría ser de tres meses, aunque en situaciones excepcionales se podría extender a seis e incluso a 12 meses si se trata de investigaciones relacionadas con organizaciones criminales o grupos organizados.
En cualquier caso, según Gallardón, la reforma no afectará al derecho a la información, y para ellos se apoyará en la “rotunda” doctrina del Tribunal Constitucional a este respecto. Para el ministro, los medios de comunicación y el sistema judicial se superponen, se influyen y chocan cuando comprometen el derecho a la presunción de inocencia, que es una condición para que haya un juicio justo, o el derecho a la información, un derecho fundamental en una sociedad avanzada.
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/29/actualidad/1369818932_507325.html
