Con celeridad, el brazo del gobierno alcanza a un alcalde en ejercicio para zarandearlo porque pagó unos laudos con dinero federal, pero es incapaz de aclarar lo que documentalmente ya le han exhibido: que gastó hace casi cuatro años una tercera parte del satanizado crédito de los 1,500 mdp.
Hace unos días, la misma Procuraduría General de Justicia que tiene años de “investigar” probadas tropelías financieras de ex alcaldes sin resultado alguno, mandó llamar con carácter de urgente al presidente municipal de Rayón, Salvador López Delgado, porque, a decir de él mismo, destinó recursos federales para el pago de laudos laborales que heredó como maldiciones bíblicas.
El caso ilustra sobre la premisa que mueve al gobierno estatal en materia de rendición de cuentas: para los enemigos, la Ley, la Contraloría, la Auditoría Superior, la Procuraduría y hasta despachos contables foráneos contratados con pago de torero en temporada; para los amigos y para sí mismo, el disimulo, la omisión, la congelación de expedientes, el ocultamiento de pruebas, la protección del Estado y un tonito de especie decente en extinción preservada en formoles.
Por un modesto alcalde en ejercicio sí puede ir el Gobierno apenas le detecta un movimiento financiero fuera de lugar, pero va para cuatro años que no puede acordarse en qué se gastó más de 560 millones de pesos de un crédito que pidió su antecesor.
CUENTAS DE MERO FORMULISMO
Se supone que Gobierno del Estado debió entregar registro de esas operaciones en su cuenta pública. El artículo 38, fracción III, de la Ley de Auditoría Superior señala que las cuentas públicas deben contener el origen y aplicación de los recursos.
Para los efectos del tema, la administración de Fernando Toranzo Fernández, debió entregar a más tardar el último día de febrero de 2010 una cuenta 2009 en la que detallara no sólo el origen de los recursos de lo que aplicó la administración de Marcelo de los Santos, sino también el origen y destino del dinero que gastó los tres últimos meses de ese año, los primeros de responsabilidad torancista.
La entrega al Congreso es mero protocolo, porque éste debe enviar los documentos recibidos a la Auditoría Superior del Estado, facultada para revisarlos.
La primera cuenta pública anual presentada por el gobierno torancista inicia con un prolijo reporte de comportamiento de las principales economías mundiales, el comercio exterior, la economía nacional, la tasa de desempleo, el tipo de cambio, el rendimiento de los CETES, la Inversión Extranjera Directa y el PIB.
El capítulo 4 es Deuda. Y en el punto 4.3 se refiere al crédito de los mil 500 millones de pesos que solicitó Marcelo de los Santos en las últimas semanas de su gobierno. En la cuenta 2009, se asegura que no fueron entregados a la recepción anexos donde se especifican datos de aplicación y justificación del proyecto. En la cuenta se lamentan de dificultades para identificar el destino referido del dinero y concluye que “se destinaron a disminuir el pasivo acumulado y que representaba una fuerte presión financiera”. Nada más.
La Auditoría Superior observó en su informe de la cuenta 2009 que de esos mil quintos millones de pesos, casi 562, “fueron utilizados por la administración de Fernando Toranzo Fernández”. La ASE recibió un reporte del ex secretario de Finanzas Joel Azuara Robles, confirmando que más de una tercera parte del último crédito se lo gastó la administración de Toranzo
Y en el informe de auditoría a la cuenta 2009, señala observaciones a varias aplicaciones indebidas de recursos en la administración marcelista que procedieron del crédito. Se gastaron en nóminas, materiales y otras obligaciones financieras, no en inversión pública productiva.
Pero si ya está claro en que se gastó ese recurso el gobierno marcelista y que no estuvo bien, el gasto realizado por Toranzo de esa misma deuda está aún peor, para empezar por la patética negativa a reconocer que lo hizo. La ASE registra que sí hubo esa disposición de 561 millones 976 mil 438 pesos con 40 centavos del “remanente del crédito” y que “no es posible identificar a cuáles Ejes estratégicos los aplicó la actual administración”.
Al antecesor se le exhibe en sus fallas, no poquitas, pero de las propias se pretende que no las hay con la misma gracia de quien pretende esconder un cadáver encalado bajo la alfombra. Si alguien exige pruebas, se le niegan y sanseacabó. El preguntón que se enrede en un recurso tras otro por meses y años, que los registros no los tendrá nunca, aunque existen, o deben existir. Y si es cierto que esos registros no existen, alguien del gobierno debería estar bajo proceso.
Casi cuatro años y la administración estatal no puede pasar ese cáliz: documentar papel por papel, cheque de salida por cheque de salida, cuenta por cuenta, dónde quedó ese dinero. No vaya a ser que se le desdore al titular su machacona propaganda de infalibilidad a toda prueba.
¿LES PASÓ DE NOCHE?
Pero si a la vivaz administración torancista “se le olvidó” poner en sus reportes de cuenta pública el origen del dinero de la deuda que se gastó, ¿porqué no se remite al acta de entrega recepción? Ahí debe constar, porque debió ponerlo quien la hizo, lo que recibió en haberes y deberes materiales y humanos.
La Ley de Entrega-Recepción de los Recursos Públicos del Estado de San Luis Potosí establece que los funcionarios salientes, tanto por fin constitucional de un gobierno como por renuncia o remoción, deben presentar un informe o acta administrativa para efectos del proceso de entrega recepción. En es reporte debe que dar registro de asuntos y recursos recibidos, su evolución durante su ejercicio y la situación en la que se entregan.
La no entrega de este reporte es causal de sanción sin mucho trámite en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Si el funcionario entrante detecta una irregularidad o detalle anómalo, está obligado a informarlo a los órganos internos de control, o contralorías, y que éstas procedan a proceso de aclaración en un plazo de quince días hábiles o, en caso más grave, proceder de acuerdo con el régimen de responsabilidades de los funcionarios.
La Ley de Entrega Recepción disponible en formato digital en el sitio oficial del Congreso del Estado, data de 1994, cuando gobernaba Horacio Sánchez Unzueta y la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso era la entidad fiscalizadora de los recursos públicos de alcaldías, poderes estatales y dependencias. La Auditoría Superior del Estado, una creación posterior, no aparece por ninguna parte. El documento no presenta reformas. Extrañamente, la Contraloría no tiene esta ley en su stock obligado de normatividad disponible para consulta pública.
Los funcionarios entrantes firman de recibido el acta presentada por sus antecesores y la Ley marca que “la Contaduría Mayor de Hacienda” intervendrá en forma directa en los casos de los procesos de entrega recepción del Poder Legislativo, el Poder Judicial del Estado, las administraciones municipales, los organismos paraestatales y paramunicipales y el Poder Ejecutivo del Estado. En forma supletoria, esa intervención debió tocarle a la Auditoría Superior del Estado.
Llámese Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso o su versión más moderna de la Auditoría Superior del Estado, al órgano de control y vigilancia le toca atestiguar el proceso de entrega recepción y dar constancia del documento sobre el estado en el que se encuentran los recursos y asuntos del poder, alcaldía o entidad de la que se trate.
Por lo que toca a los representantes de la Contaduría de la ASE que atestiguan, deben recabar un ejemplar de toda la información que ampare la entrega recepción de la que ha rendido constancia.
Si los salientes funcionarios marcelistas fueron muy tontos, o muy ingenuos, en no asentar que entregaban un remanente millonario, pues ya es otro tipo de problema. Si esa acta existe, si la ASE tiene su copia, ahí debió quedar registrado lo que no quieren hacer público.
Ahora, no sería raro que tal acta no existiera. O, más bien, se negara su existencia escamoteándola de la vista que ordena la ley. Nada más que la inexistencia, real o supuesta, conduce a un lío legal que no está para berrinches ni cuentas de atrabilis.
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