El barrio de La Merced de la Ciudad de México ya es identificado como el lugar donde “existe una mayor explotación sexual de mujeres y niñas de toda América Latina”, bajo la colusión de policías e instituciones gubernamentales que “son cómplices por omisión”. México, de hecho, esta ubicado como el “tercer” sitio en Latinoamérica, en tráfico, explotación sexual y trata de personas, particularmente de mujeres, niñas y niños. El destino principal de las víctimas mexicanas de trata son los Estados Unidos, advirtió la maestra Alicia Mesa Bribiesca, directora Ejecutiva del Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos”, organización no gubernamental que estudia el fenómeno de trata en la Ciudad de México.
Durante el análisis “El problema de la trata de las personas en México”, realizado en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Mesa Bribiesca señaló que la “trata” es “estructural” en zonas urbanas y rurales del territorio nacional y se debe “a un sistema político, económico y social que produce mayor desigualdad y exclusión”. Además, agregó Mesa Bribiesca, vivimos en un “sistema patriarcal y adultocráctico” que controla y decide sobre mujeres, niñas y niños como sí fueran “objetos” y “mercancías” que “promueve en el mercado para su explotación sexual o laboral”.
Veracruz, Tlaxcala y Chiapas son algunos de los estados donde las redes de tratantes de mujeres, adolescentes y niñas, actúan para el enganche y posterior reclutamiento.
En México “no existe una política adecuada de detección, prevención, atención, sanción y reparación de los derechos humanos de infantes que son utilizados para el turismo sexual. Las sentencias se dirigen más a los “padrotes” (o proxenetas) que a la industria del comercio sexual donde se incluyen hoteles, bares y acompañantes”, precisó Mesa Bribiesca.
Así, al experta destacó que para prevenir la “trata” de personas, no basta un enfoque de erradicación del delito, también debe haber una intervención “estructural”; pero, aún “no existe una política de prevención profunda que garantice el acceso a los derechos económicos, sociales; ademas, se debe tener un marco normativo adecuado y homologado con los tratados internacionales donde se persiga y sancione el delito incluyendo la reparación”.
“Mientras se siga lanzando a situaciones de sobrevivencia a las comunidades indígenas, rurales y urbanas, la trata seguirá siendo un caldo de cultivo para que los enganchadores de mujeres y niñas actúen de una manera más fácil”, dijo Mesa Bribiesca.
La experta criticó que socialmente se “normalice” –en las mentes y en la cultura de todos– la explotación sexual. “El Estado deberá establecer políticas de detección, prevención, atención integral y sanción, porque hay casos de hombres que han tenido a mujeres amenazadas, secuestradas y explotadas sexualmente durante 20 y 30 años y la sentencia puede ser de 5 a 15 años, sin incluir la reparación del daño”, lamentó Mesa Bribiesca.
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