El 46 por ciento de la infraestructura estratégica de Pemex y un tercio de las líneas eléctricas de la CFE están en situación de “alto peligro” por el calentamiento global.
En la Estrategia Nacional de Cambio Climático, presentada el lunes pasado por el presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno federal hizo un inventario de la infraestructura energética que es vulnerable a eventos climáticos, tales como inundaciones y deslaves.
El documento refiere que 46 por ciento de la infraestructura “triple A” de Petróleos Mexicanos (Pemex), tales como plataformas, refinerías y ductos, está ubicada en municipios considerados de “alto peligro”, ante los embates del calentamiento del planeta.
“La población, si bien es el más importante, no es el único valor expuesto a eventos peligrosos”, alerta el documento. “La infraestructura estratégica social y económica también está expuesta a eventos catastróficos, entre los que destacan ciclones tropicales, inundaciones y deslaves”.
La mayor parte de las instalaciones petroleras en riesgo están asentadas en las costas del Golfo de México, principalmente en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche.
En dicha zona, Pemex tiene cinco plataformas para la producción marina de crudo, dos buques de almacenamiento, dos refinerías (Ciudad Madero, Tamaulipas, y Minatitlán, Veracruz), y ocho complejos de procesamiento de gas.
Crecimiento verde
El pasado 3 de junio, Peña Nieto presentó la Estrategia Nacional de Cambio Climático con ocho ejes de acción para enfrentar los efectos del calentamiento y tres medidas inmediatas para apoyar el llamado “crecimiento verde”.
Entre las medidas anunciadas destacan el lanzamiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 163 para reducir las emisiones de dióxido de carbono en autos nuevos; la creación de la Comisión de Calidad Ambiental en las Zonas Metropolitanas del Centro del país, y la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables establece que a partir de 2024 se deberán generar un mínimo de 35 por ciento de la electricidad con fuentes limpias.
La Estrategia Nacional de Cambio Climático, que fue publicada el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación, también refiere que 30 por ciento de las líneas de 400 kilovoltios del país (las cuales son para uso industrial) y 32 por ciento de las líneas de 250 kilovoltios (para uso comercial y doméstico) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se localizan en zonas con alta probabilidad de anegamiento y desgajamiento de cerros.
La nueva política de cambio climático del presidente Peña Nieto incluye tres grandes ejes de acción en materia de adaptación, uno de las cuales es “reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la infraestructura estratégica y sistemas productivos ante los efectos del cambio climático”.
Para tal fin, la estrategia nacional ordena “fortalecer la infraestructura estratégica existente (comunicaciones, transportes, energía, entre otras), considerando escenarios climáticos” e “incorporar criterios de cambio climático en la planeación y construcción de nueva infraestructura estratégica y productiva”.
Vulnerabilidad urbana
Otro tipo de infraestructura que se encuentra en situación de “alto peligro” por huracanes, tormentas y lluvias atípicas derivadas del calentamiento planetario es la urbana. El instrumento presentado el 3 de junio refiere que 7.8 millones de viviendas (28 por ciento del total) están localizadas en municipios altamente vulnerables, la mayoría de las cuales se encuentran en Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, el Bajío, norte de Tamaulipas y norte de Sinaloa.
Asimismo, tres mil 568 unidades médicas (28 por ciento de las clínicas a escala nacional) y 25 mil 718 planteles educativos (20 por ciento del total) están en riesgo de ser destruidas por deslaves o anegamientos.
Lo mismo ocurre con 29 mil 672 kilómetros de carreteras (11 por ciento del total de vías del país); 11 puertos (23 por ciento del total) y 12 aeropuertos (16 por ciento de las terminales del territorio nacional) y 17 centrales de abasto (22 por ciento de los centros de distribución, según el documento.
Efectos
1.- El diagnóstico obligará a los tres niveles de gobierno a crear políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la prevención.
2.- Para ello se deberán tomar en cuenta las necesidades y prioridades y atacarlas en el corto plazo por parte de las instancias de gobierno y sociedad.
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