El titular de la Secretaría de Finanzas durante el gobierno de Marcelo de los Santos Fraga, Joel Azuara Robles, reconoció desde 2010 que parte del crédito de los mil 500 millones de pesos que gestionó esa administración en 2009 con el argumento de que se destinaría a inversión productiva, se utilizó para “cubrir” gasto corriente.
La admisión está contenida en el anexo 19 de la demanda penal que el gobierno de Fernando Toranzo Fernández presentó en junio de 2010 en contra de Azuara Robles y el ex titular de la Oficialía Mayor del gobierno del Estado, Humberto Picharra Carrete, por lo delitos de fraude, peculado, ejercicio indebido de las funciones públicas y asociación delictuosa, en la modalidad de pandillerismo. A raíz de esa demanda, el 30 de junio de 2010, el juez Tercero del Ramo Penal, José Méndez Gática, giró un auto de formal prisión contra los ex funcionarios, que se sumó al que ya habían recibido semanas antes por presuntos malos manejos de los recursos usados para la adquisición de un helicóptero.
Entre las pruebas documentales exhibidas por la actual administración está un escrito sin fecha, signado por Azuara Robles, en el que responde a un oficio enviado el 31 de marzo de ese año por Pedro Almendarez Robledo, entonces contralor interno de Finanzas, en el que se pedía al ex funcionario solventar las observaciones que hizo la Auditoría Superior del Estado (ASE) al mencionado crédito. En este documento, del cual este medio dispone copia, Azuara Robles señala que, debido a la crisis económica mundial y al brote de influenza AH1N1 que azotó al país en 2009, disminuyeron los ingresos federales y, por ende, las participaciones que recibieron los estados.
Lo anterior, aseguró, generó “una situación económica de emergencia financiera”, lo que a su vez ocasionó que los compromisos financieros generador por la obra pública que estaba en proceso “fueran liquidados con los recursos destinados a la operación diaria, lo que originó una falta de liquidez.
Lo anterior, sigue el funcionario, originó la necesidad de pedir al Congreso la autorización del crédito de los mil 500 millones de pesos para “cubrir los recursos del gasto que se habían utilizado para los diferentes conceptos de inversión pública”.
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