La afirmación de Miguel Mancera de que no operan cárteles en la Ciudad de México ha desatado muchas dudas. La primera es si el Jefe de Gobierno está enterado o no de lo que sucede en el Distrito Federal, porque hasta los reportes del Congreso de EU indican que en la capital mexicana operan no uno, sino los siete principales grupos del crimen organizado
“Yo no tengo ninguna noticia de que haya un cartel” en la Ciudad de México, dijo el jueves pasado a los medios de comunicación el hombre que, en teoría, debería ser el más informado de los asuntos de la capital: Miguel Ángel Mancera.
Es “un problema de narcomenudeo”, de venta de drogas a pequeña escala, continuó la carrera el Jefe de Gobierno mientras siguen desaparecidos 12 jóvenes supuestamente secuestrados de un bar de la Zona Rosa, capital vieja de la diversión para adultos del DF; se mantiene sin esclarecer el asesinato de un pequeño traficante en la Condesa, el nuevo epicentro de la vida nocturna, y asombra la masacre de cuatro jóvenes en Tepito, el tradicional bastión de la delincuencia común y organizada de la Ciudad de México.
Es “un hecho focalizado”, había dicho Mancera antes del posible “levantón” de los 12 tepiteños en After Heaven, un sitio de consumo de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido según las propias normas del gobierno de Mancera. “No minimizo la situación”, se enredó.
“Una operación de un cártel en la ciudad no lo tengo reportado por las autoridades federales, que son quienes tienen el mapeo de esta situación”, insistió el viernes. “Conflictos de pandillas”, han dicho sus subalternos.
¿Es así? ¿En verdad no existen cárteles del crimen organizado en la Ciudad de México, como si la capital mexicana fuera una isla ajena al incendio que la rodea? ¿Y, si existen, lo ignora Mancera? ¿O lo sabe y oculta la información que explique la última, pero no la única racha de incidentes?
El 7 de enero de 2011, el Congreso de Estados Unidos presentó el informe “Las organizaciones del tráfico de drogas en México: origen y ámbito del crecimiento de la violencia”, elaborado por su propio Servicio de Investigación (CRS, por sus siglas en inglés).
El CRS es un think tank, un cuerpo de analistas compuesto por 700 expertos en temas de alto interés político interno o externo de Estados Unidos. Su importancia puede medirse también por el costo de esa oficina: más de 100 millones de dólares anuales.
El informe muestra dos mapas de la República Mexicana.
En uno colorea cada estado de acuerdo al número de asesinatos ocurridos en el país durante 2010 por causas atribuibles a la guerra de las drogas.
La otra imagen muestra la distribución geográfica de la operación, no de control, de cada uno de los siete principales cárteles considerados como tales por las autoridades mexicanas y estadounidenses: Sinaloa, Los Zetas, Beltrán Leyva, Cártel del Golfo, La Familia Michoacana –Los Caballeros Templarios de Michoacán, ya existentes en la fecha del documento, no son enlistados–, Juárez y Arellano Félix o Tijuana.
La figura funciona bien para comprender los sistemas regionales de alianza y confrontación entre las mafias mexicanas.
Coahuila, estado gobernado en ese momento por el ex presidente del PRI Humberto Moreira, es la segunda región con mayor número de organizaciones: cinco. El espacio de influencias es graficado con una elipse azul claro que, al sobreponerse con otra, eleva su tonalidad. La misma figura se traslapa, por ejemplo, con el siguiente óvalo hacia el poniente, en parte coincidente con el territorio del Cártel de Juárez.
Según el Congreso de Estados Unidos, ninguna porción del territorio mexicano está exenta de la presencia del narcotráfico.
Y sólo una es un círculo casi morado en que confluyen las mayores siete empresas criminales: la región centro, un espacio que se extiende hacia el oriente hasta los límites de Tamaulipas y Veracruz; al norte hasta Zacatecas; al poniente hasta los límites de Guanajuato y Michoacán, y, al sur, hasta Puebla.
Sin excepción, el ovoide circunscribe a Morelos, el Estado de México y el Distrito Federal, ahí donde el hombre que gobierna la capital y que en teoría debería ser el más informado, asegura no tener noticia de la presencia de cártel alguno.
El documento del CRS no entra en detalles de bandas subordinadas a los grandes cárteles, pero con cierta autonomía. Dos ejemplos claros son La Mano con Ojos y El Cártel del Centro, grupos de desvalijadores de autos venidos a sicarios.
Sólo en Tepito, a cuyo alrededor giran el supuesto secuestro de los 12 jóvenes del bar After Heaven y la posterior ejecución de cuatro más en su calle de Panaderos, se dice desde hace dos o tres años que La Familia Michoacana ha intentado penetrar su gran mercado, en que el Cártel de Sinaloa ha tenido presencia. El llamado “cártel” de Neza también mantuvo una intensa actividad en ese lugar.
Buena parte del tráfico de mercancía pirata o contrabandeada desde China es introducida a México por organizaciones coreanas, sin quedar claro si estas operaciones son responsabilidad de la Kkangpae, la mafia de Corea del Sur.
¿Y el lavado de dinero? Necesariamente se hace, coordina o al menos transita por el Distrito Federal: aquí residen las sedes bancarias, de las casas de bolsa y de las casas de cambio.
Edgardo Buscaglia, consultor de la ONU sobre temas de inseguridad, aseguró en entrevista anterior a los recientes incidentes que todas las agrupaciones criminales operan en el Distrito Federal, pero que, a diferencia de Chihuahua, Sinaloa o Tamaulipas, por ejemplo, en la capital el “crimen organizado sí está organizado”
Miguel Ángel Mancera es un académico. En consecuencia sabe que el crimen organizado es, por definición y manejo de las policías de todo el mundo a partir del Falcone Check List –el listado de aspectos organizativos de las bandas diseñado a partir del trabajo del juez italiano Giuseppe Falcone–, posible gracias a la complicidad entre criminales llanos y los que supuestamente los persiguen.
Miguel Ángel Mancera ha sido procurador del Distrito Federal, ciudad que ahora gobierna, y ha diseñado e impulsado el proyecto Escudo Centro para blindar esta región del país del fenómeno delictivo y social que, insiste él, no existe. Pero Mancera tiene acceso a bases de datos y colecciones documentales confidenciales.
Algunos de los informes del CRS se mantienen en constante actualización. Es el caso del informe sobre la violencia de las organizaciones del narcotráfico en México.
Una versión anterior del estudio fechada en 2009 muestra un mapa de las zonas de influencia en que la región ocupada por todas las agrupaciones criminales se ubicaba más hacia el norponiente que el elaborado en 2011. En aquél año, la capital mexicana quedaba únicamente bajo la influencia de Sinaloa y Los Beltrán Leyva.
Es decir que, de acuerdo al gobierno estadounidense, durante dos de los años de mayor violencia en México y en los que Miguel Ángel Mancera fue procurador, el amasijo de grandes bandas se desplazó hacia el suroriente cubriendo la capital.
Algunos días antes de la presentación del informe de 2011 y cuando el entonces procurador capitalino Miguel Ángel Mancera ya se perfilaba a la candidatura de la Jefatura de Gobierno, las autoridades federales incautaron, en un solo operativo, 83 kilos de marihuana del Reclusorio Sur, responsabilidad de la administración capitalina.
También se tenía entre los hechos relevantes la detención de un líder religioso abocado al culto de la Santa Muerte y miembro de una extensa banda de secuestradores que simulaban membrecía con Los Zetas.
Y, el mismo 7 de enero, ante el hallazgo de cadáveres de personas maniatadas, torturadas y asesinadas, el procurador Mancera también evadió el tema:
“El dato que tenemos es que cuando menos las gentes que han ejecutado y quienes han ejecutado materialmente provienen de otros estados”.
Sin embargo, las narcoejecuciones han ido al alza en la capital mexicana. Según el recuento de ejecuciones en el país elaborado y publicado por el diario Reforma(12/03/13) durante los primeros 100 días de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuya administración contabiliza un desfase de cinco días con respecto a la jefatura de Gobierno de Mancera, el Distrito Federal fue escenario de 73 ejecuciones entre el 1 de diciembre de 2012 y el 11 de marzo de 2013.
El mismo conteo permite establecer que, en la capital mexicana, en ése periodo ocurrieron más asesinatos mafiosos que en Tamaulipas con 68 –asiento de los cárteles de El Golfo y de Los Zetas–; Morelos, 50 –de los Beltrán Leyva–; Michoacán, 41 –de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios–, y Baja California, con 33 muertos –territorio del aún vivo Cártel de Tijuana–.
Las rivalidades de las organizaciones criminales derramaron más sangre en el Distrito Federal que en Zacatecas con 65 casos; San Luis Potosí, 62; Sonora, 35, y Veracruz, 12. Todas estas entidades son entendidas, a diferencia de la Ciudad de México, como los sitios en llamas que ha dejado la estrategia antinarco iniciada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto.
También que en Colima –48 ejecuciones y Oaxaca –dos muertes–. Estos dos estados vienen a cuento porque el gobierno de Estados Unidos, principal fuente de inteligencia en el combate al narcotráfico en México, ha elaborado documentos en que refiere la supuesta existencia del Cártel de Colima y del Cártel de Oaxaca.
Por posiciones, se desprende de la misma fuente, sólo ocho estados en el país son más violentos que el Distrito Federal. Fuera del contexto de la desaparición y las ejecuciones de días pasados, quizá el dato más interesante es que en el Estado de México se registraron 209 casos, los mismos que en Coahuila. De esta manera, sólo cuatro estados sufrieron una masacre mayor que la vivida en el estado del Presidente de la República.
Algo debe recordarse: la gran Ciudad de México está compuesta por tres diferentes entidades y la mayor parte de su población no reside en el Distrito Federal, sino en el Estado de México. Ciudad Neza es un municipio mexiquense cuya actividad delincuencial ha merecido al menos la especulación de la existencia de un cártel propio. Ecatepec es la demarcación con más asesinatos propios del crimen organizado.
Y Ciudad Neza y Ecatepec sólo tienen por límite con Iztapalapa y Gustavo A. Madero, las dos delegaciones más pobladas y que, a su vez, registran la mayor actividad delictiva del DF. *
