Alegando una “omisión involuntaria”, el gobierno del Marcelo de los Santos Fraga cambió los fundamentos que ofreció al Congreso para justificar el crédito de mil 500 millones que solicitó en 2010. En una segunda versión de la iniciativa de decreto, pintó un escenario económico de “emergencia financiera” en el que, si no se autorizaba el crédito, la administración estatal podría colapsar. En la iniciativa original del crédito marcelista, recibida por la LVII Legislatura el 27 de julio de 2009, su exposición de motivos indica que las dificultades económicas derivadas de la crisis y a la recesión mundiales, provocó un recorte las participaciones federales, por lo que el estado no podía liquidar los saldos de los proyectos estratégicos que venía desarrollando, por lo que en el documento se califica de “indispensable” la aprobación del crédito.
Dos días después, mediante el oficio SF/DT/238/2009 signado por el entonces secretario de Finanzas, Joel Azuara Robles, se informaba a los legisladores que recibirían una nueva versión de la iniciativa, con información complementaria que había quedado fuera del primer documento por una “omisión involuntaria”.
El nuevo documento, que finalmente fue el votado, presentaba un entorno más sombrío, pues advertía que no sólo estaba en riesgo el cumplimiento del programa de inversión pública, sino que la actividad de la administración pública estatal y aún de los municipios podría colapsar debido a la “emergencia financiera” generada por la “carencia de liquidez” que enfrentaba el gobierno marcelista.
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