Hasta el próximo lunes 17 o martes 18 de junio, la defensa del ex Gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, sabrá si procedió o no la demanda de amparo que promovió para suspender el arraigo de 30 días que un juez penal de la entidad dictó en contra del ex mandatario.
De acuerdo con Tabasco Hoy, el abogado defensor de Granier, Eduardo Luengo Creel, informó lo anterior y calificó de “anticonstitucional” el arraigo contra su cliente.
Luengo Creel afirmó estar confiado en obtener la suspensión provisional del arraigo, ya que no hay elementos suficientes para llevarlo a cabo.
Dijo que, otra muestra de que no se debió ordenar el arraigo fue el haberse presentado en México sin haber tramitado antes un amparo y mantenerse de esta manera, esto a pesar de la “clara persecución que está realizando el gobierno de Tabasco en su contra”.
Manifestó que Granier Melo ha actuado de manera responsable al acudir por voluntad propia a las oficinas de las autoridades, lo que indicaría que no pretende evadir la justicia.
Esto luego de que la tarde del jueves el ex Gobernador abandonara el búnker de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada tras permanecer 33 horas declarando sobre el presunto saqueo de la entidad.
Durante la madrugada del viernes, Granier ingresó al Hospital Ángeles del Pedregal y horas más tarde se informó que estaba arraigado.
Debido a sus problemas de salud, el político no pudo asistir a la cita que tenía prevista en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ayer viernes a las 18:00 horas.
Suman 10 ex funcionarios investigados
Tabasco Hoy informa este sábado que por uso indebido de recursos públicos y peculado, 10 ex funcionarios de la administración de Andrés Granier Melo han comenzado a rendir cuentas ante la Procuraduría estatal, para que aclaren su participación en el quebranto financiero de más de mil 900 millones de pesos al erario público.
Según el rotativo local, el primero en ser señalado como presunto responsable del desvío de recursos públicos en la Secretaria de Salud fue el ex director administrativo, Adalberto Vázquez, quien desde principios de este año fue inhabilitado por la Contraloría Estatal y desde entonces se desconoce su paradero.
Al inicio de la administración de Arturo Núñez, Vázquez fue requerido para entregar cuentas, incluso ya había presentado un alegato de manera voluntaria ante la PGJ; sin embargo, ahora se le solicita que aporte información sobre el uso de más de mil millones de pesos que fueron desviados en el sector.
En este mismo rubro, Carlos M. de la Cruz Alcudia, ex Secretario de Salud que duró un año en el cargo, fue llamado por la Procuraduría General de Justicia como testigo de hecho por las investigaciones que se siguen entorno al quebranto financiero y que podría derivar en fincarle responsabilidades por peculado y uso indebido de funciones.
Ayer se presentó a comparecer ante el agente del Ministerio Público de la Dirección de Investigaciones Especiales.
El también ex Secretario de Salud, Luis Felipe Graham Zapata es llamado a cuentas por la Procuraduría estatal como testigo de los hechos que se denuncian.
Al ex funcionario se suma la ex titular de Educación, Deyanira Camacho, también requerida por la PGJ y que deberá presentarse ante el Ministerio Público, pero se desconoce el estatus en el cual lo hará; además, tampoco se ha informado sobre los delitos que se le imputan.
Deyanira Camacho fue señalada por la oposición de haber permitido y solapado las irregularidades de Beatriz Luque Green, su antecesora y una de las personas más cercanas a Granier.
Por su parte, Luque Green fue acusada de haber permitido la venta de plazas y de cobrar un salario en la dependencia a pesar de estar en campaña, y ahora es requerida por la Procuraduría para que declare sobre el desvío de recursos públicos.
Según la actual administración, las irregularidades en el sector educativo son de 60 millones 600 mil pesos.
Tabasco Hoy señala que uno más de los implicados en el caso Granier es el Coordinador de Administración de la Secretaría de Educación, Mario Carrillo Díaz, quien deberá presentarse ante el requerimiento de la PGJ este lunes para que dé cuenta sobre el mal manejo de recursos públicos del Estado y la Federación.
Él fungió como administrador del dinero que debió invertirse en diversos programas de apoyos educativos y que nunca llegó a su destino.
En tanto, el Mayor Sergio López Uribe es señalado como el responsable del mal manejo de recursos públicos en la Secretaría de Seguridad Pública y deberá rendir cuentas la próxima semana ante la Procuraduría General de Justicia por 84 millones de pesos, recursos federales que no fueron utilizados según las reglas de operación.
Además hay denuncias que el dinero de la comida de los reos en las prisiones tabasqueñas en el 2012 fue desviado y también se investiga el remate de bienes a finales de la pasada administración.
Además, el ex procurador Gregorio Romero Tequextle está citado igual que la mayoría de los ex funcionarios para la próxima semana para rendir su declaración ante el Ministerio Público.
Se desconoce hasta el momento cuáles son los cargos que se le imputan.
Uno más de los ex funcionarios que también deberá rendir cuentas ante la PGJ es el Director General de Administración de la misma dependencia, José Antonio Maldonado Nieto quien acudirá ante el Ministerio Público como testigo de hechos en la demanda interpuesta por el gobierno estatal ante las diferentes instancias judiciales.
Asimismo, el ex contralor del estado, Roger Pérez Evoli, ya fue notificado para que acuda ante el MP a que rinda su declaración sobre el manejo de recursos federales en las diferentes dependencias.
http://www.informador.com.mx/mexico/2013/465124/6/proxima-semana-se-define-amparo-contra-arraigo-de-granier.htm
