Esta semana, luego de unas necesarias vacaciones, me disponía a escribir sobre un tema que no fuera político para variar un poco. Sin embargo, tres fueron los temas que me lo hicieron perfectamente imposible y que creo necesario retomar en esta columna. El primero de estos temas es la clausura de un bar de nombre ‘La Racha’, sobre la cual se ha especulado que podría tener relación con deseos de familiares del director de Comercio Municipal, Edgar Durón.
De inmediato la clausura ha sido comparada con el caso Lady Profeco, que aquí comenté hace algunos meses haciendo hincapié en el deleznable uso patrimonialista de la administración pública por parte de la hija del entonces Procurador Federal del Consumidor. La comparación puede tener ciertas intenciones en este caso, y debe tenerse por lo tanto cuidado.
Por un lado, si se trata como el caso Lady Profeco de un manoseo de las instituciones públicas a capricho de un funcionario, sería una nueva muestra de tan despreciables prácticas en la administración pública y ameritaría la separación e inhabilitación del funcionario, por lo menos. Pero, por el otro, si el establecimiento rompe en efecto con alguna regulación sí merece su clausura y no sanción al funcionario, aun si la denuncia hubiera sido efectivamente de parte de la familia de Durón.
El equilibrio resulta delicado, pero los familiares de un funcionario no pierden su derecho de ser ciudadanos, y por lo tanto de quejarse cuando quebrantan sus derechos. Aquí el punto es que deben ser igualmente ciudadanos que cualquier otro, ni más (como para manipular instituciones a capricho) ni menos (como para recibir linchamiento público cuando se quejan ante la autoridad). El que nos cueste encontrar ese equilibrio habla de la precariedad de nuestras instituciones, pero también de nuestro concepto de ciudadanía. Es necesario, entonces, dilucidar perfectamente si hubo o no quebranto a alguna ley o reglamento por parte del establecimiento. Ojalá el caso no se llene de cortinas de humo, pero eso es casi imposible.
Luego, otro tema ineludible de la semana es el de las modificaciones hechas por parte del Congreso estatal a la Ley del Transporte Público. Con estos cambios, los diputados establecieron que de ahora en adelante el aumento a la tarifa sea anualmente determinado por el aumento del salario mínimo.
Parece que los legisladores, luego de los costos políticos del reciente proceso de revisión y aumento a la tarifa, y ante su evidente incapacidad de operar un tema en el que tenían que mediar entre distintos grupos viendo por el interés general de la comunidad, han tirado la toalla y no quieren hacer más política.
Prefieren entonces remitir el asunto a un referente externo y fuera de su control –el salario mínimo– para lavarse las manos. Cometen un craso error en al menos dos sentidos. Uno, que dicha ‘solución’ bien puede no ser óptima ni para concesionarios ni para usuarios, ya que nada garantiza que el salario mínimo aumente en una proporción mínimamente parecida a la de los insumos de este negocio ni que sea satisfactorio para los pasajeros. Y dos, que hasta donde he entendido la nueva disposición implica que ya el aumento no estará sujeto a la adquisición y cumplimiento de compromisos por parte de los oferentes del servicio, como había sido al menos planteado hasta ahora.
El resultado bien puede ser que, como ya da lo mismo qué servicio se dé porque el aumento estará garantizado cada año y su monto no estará condicionado por la calidad, ésta se vea afectada negativamente. Y encima, sin instancias para canalizar el reclamo de los usuarios. Escenario anticipado de frustración para el ciudadano por cortesía de la LX Legislatura. Que nos digan a quién hay que enviarle las flores de agradecimiento.
Finalmente, el tema de las candidaturas ciudadanas, recientemente aprobadas y pendientes de reglamentarse. Hace algunos meses había comentado en esta columna que se trata de un tema complicado, pues aunque deseable implica definir una serie de aristas como las barreras de entrada y las fuentes y el control del financiamiento de los candidatos. Al final, un tema necesario dado el creciente desprestigio de los partidos políticos y la urgencia de válvulas de escape que permitan contener las presiones de esta situación, así que había que entrarle, y en este sentido hay que reconocer que la ídem Legislatura lo hizo.
Sin embargo, parece que el enfoque con el que le entró es sumamente restrictivo, con altas barreras de entrada pensadas como para que la figura jurídicamente exista, pero no se utilice con la frecuencia que podría. Aunque falta reglamentar, ya se especula por ejemplo con 2% del padrón en apoyo al candidato que pretenda registrarse sin partidos de por medio, lo que a priori es una auténtica locura ya que ese apoyo tendría que darse probablemente antes de las campañas, cuando corresponde hacer los registros.
Aun con la incertidumbre de no saber qué forma tomará en definitiva esto de las candidaturas ciudadanas, sí parece sin embargo que los diputados están haciendo cosas malas buscando que parezcan buenas. Tratan de dar atole con el dedo.
Como se ve, tres temas muy trascendentales, y todos de esta semana.Carlos Leonhardt Twitter: @leonhardtalv]]>
