Educadoras y padres de familia, luego de una manifestación en el Congreso del Estado, consiguieron respaldo para exhortar al Gobierno de la República a dar marcha atrás al recorte presupuestal a las estancias infantiles.
Las quejosas informaron que de 204 estancias que existen en el estado, en las que se atienden seis mil 700 menores aproximadamente, ya han cerrado 10 de ellas por falta de recursos para la operación, en tanto los dipu-tados dijeron que San Luis Potosí se unirá a otros 21 estados que ya alzaron la voz en contra de la medida federal.
Algunas integrantes del grupo de educadoras expresaron su desacuerdo en que el recorte de cuatro mil millones de pesos a solo dos mil millones se haya dado “por motivos de corrupción”, señalando que “la corrupción se debe buscar en los niveles de arriba, sin perjudicar a los de abajo, a la clase trabajadora”.
Silvia Leticia Juárez Leija, vocera de las estancias, precisó que de la reunión con legisladores se consiguió integrar una comisión para exigir al Gobierno de AMLO, a través del delegado Gabino Morales Mendoza, que se mantengan los subsidios para el servicio.
Agregó que ya se han tocado las puertas del Gobierno estatal sin mucho éxito y que también acudirán a autoridades municipales en todo el estado.
No descartó la posibilidad de presentar queja ante la CNDH, así como una controversia constitucional en otros estados.
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