Jaime Nava
Por actos de discriminación, acoso laboral y por haber sido removido arbitrariamente de su cargo como Juez de Primera Instancia, Emilio Agustín Ortiz Monroy, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Paulo Almazán Cue y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado integrado por Diana Isela Soria Hernández, Jesús Javier Delgado Sam y Carlos Alejandro Ponce Rodríguez.
El documento de queja fue presentado el 7 de febrero del 2019 y consta de 50 páginas y diez anexos en los que relata la serie de hechos considerados por Ortiz Monroy como “una campaña de persecución, intimidación, vejación, maltrato, discriminación y acoso” que le atribuye a Juan Paulo Almazán Cue por diversos motivos.
Uno de ellos consta en una ampliación de la narración de los hechos que forman parte de la queja, entregada a la CEDH el 21 de febrero, en la que señala que entre julio y agosto del 2018 mientras se desempeñaba como Juez Mixto del Juzgado de Salinas recibió una llamada de una persona de nombre Arturo Olvera quien le pidió, por instrucciones de Almazán Cue, que en las elecciones para la renovación de la Asociación de Jueces del Estado votara a favor de Carlos Díaz Flores.
“Respondí que me disculparan, pero que el sentido de mi voto iba en favor del proyecto contrario encabezado por el licenciado Julián Ruiz Contreras, sin más, concluimos la comunicación telefónica, sin embargo, a la postre, tengo la certeza de que este hecho constituye otro más de los motivos de represalia y discriminación por los cuales fui removido de mi cargo”, expuso Emilio Agustín Ortiz Monroy.
Aproximadamente dos meses después de que se negó a votar a favor del candidato que apoyaba el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el 9 de octubre del 2018, por medio del oficio número C.J. 3900/2018, Juan Paulo Almazán Cue le notificó que el Consejo de la Judicatura del Estado había determinado “dejar sin efecto” su nombramiento como Juez de Primera Instancia por lo que debería reincorporarse al cargo de Visitador de la Visitaduría Judicial a partir del 16 de octubre de ese año.
“Una campaña de persecución, maltrato, discriminación y acoso”
Emilio Agustín Ortiz dice desconocer cuáles son las razones detrás de la “campaña de persecución, maltrato, discriminación y acoso” que, asegura, existe en su contra; sin embargo, para sostener sus dichos presentó copias de ocho oficios, siete de los cuales están signados por Juan Paulo Almazán Cue, por medio de los que le han notificado la decisión de “dejar sin efecto” sus nombramientos como juez y su cambio de adscripción a otros juzgados.
Llama la atención que, pese a que contaba con nombramiento como juez mixto de primera instancia en el Juzgado Primero Familiar de Rioverde para el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2017 y el 30 de junio de ese año, únicamente le permitieron ejercer el cargo durante 31 días, pues el 24 de enero se le notificó que el Consejo de la Judicatura había decidido “dejar sin efecto” su nombramiento y reasignarlo al Juzgado Mixto de Primera Instancia en Tancanhuitz.
De esa manera, entre el 4 de enero del 2017 y el 7 de agosto del 2018 se desempeñó como Juez en Rioverde, Tancanhuitz, Ciudad Valles, Salinas y Ciudad del Maíz. Situación “atípica”, pues de acuerdo con Emilio Agustín Ortiz, no son normales tantos cambios de adscripción.
Las consecuencias de un accidente
La mañana del 3 de mayo del 2017, mientras se encontraba en funciones como titular del juzgado de Tancanhuitz, Emilio Agustín Ortiz Monroy y tres funcionarios de ese juzgado: Jesús Ernesto Romero Cruz, Verónica Riaño Domínguez y Alondra Arisvendy Ledezma Pérez sufrieron un accidente automovilístico cuando viajaban de Ciudad Valles a Tancanhuitz.
“Aproximadamente a las 8 de la mañana se comunicó a mi número celular el propio magistrado Almazán Cue para preguntar por nuestro estado de salud y comunicarnos que ‘contáramos con todo el apoyo institucional’ y que se hiciera todo lo necesario para la recuperación de nuestra salud”.
Las lesiones fueron de mediana gravedad y se les extendió una incapacidad por tres días; no obstante, Emilio Agustín Ortiz fue el único de los cuatro lesionados que regresó a trabajar ese mismo día “para concluir los pendientes”. Al día siguiente, también se presentó a trabajar, pero salió del Juzgado a la una y media de la tarde para acudir a una cita médica en Ciudad Valles debido un fuerte dolor en la espalda consecuencia del accidente.
Minutos después, al Juzgado llegó Juan Paulo Almazán Cue y comenzó a interrogar al personal sobre la ausencia de Emilio Agustín Ortiz Monroy. Enseguida, se le inició un procedimiento de responsabilidad por haberse ausentado “de forma injustificada” de su jornada laboral.
“El ‘apoyo institucional’ que me brindó el magistrado Almazán Cue el día del accidente solamente me trajo como resultado el fincamiento de un procedimiento administrativo de responsabilidad en mi contra que, a mi ver, es discriminatorio y viola flagrantemente mi derecho humano a la salud”, aseguró.
El 15 de octubre del 2018, “por un fuerte dolor de espalda” que le atribuye al percance, Emilio Agustín Ortiz asistió a una nueva consulta médica. La constancia expedida por la doctora María Elena Rodríguez Álvarez indica: “A la exploración física lo encuentro con aumento de tono muscular en región lumbar, dolor a la palpación, Lassague positivo izquierdo, limitación a los movimientos y a la deambulación, disminución de la fuerza en miembro inferior izquierdo y parestesias”, por lo que recomendó dos semanas de incapacidad.
Emilio Agustín Ortiz sólo reposó por cuatro días y volvió a trabajar. “Esta acción solamente me valió que el Pleno del Consejo de la Judicatura y su presidente, nuevamente, ejerciendo acciones de intimidación y persecución hacia mi persona, ordenaran la práctica de una investigación […] por haberme reincorporado a trabajar anticipadamente al vencimiento del plazo recomendado”, comentó.
De acuerdo con Emilio Agustín Ortiz, todas estas acciones revelan que está siendo víctima de una persecución, acoso, discriminación, violencia e intimidación institucional con el propósito de removerlo de su cargo.
Finalmente, pidió a la CEDH que requiera al Supremo Tribunal de Justicia del Estado y al Consejo de la Judicatura para que adopten inmediatamente la Norma Oficial Mexicana NMX-R025-SCFI-2015 en materia de igualdad laboral y no discriminación, que formule la recomendación correspondiente y responsabilizó a Juan Paulo Almazán Cue de cualquier represalia o daño que sufra su integridad física, la de su familia, sus bienes, posesiones y derechos.
Con información de: Astrolabio Diario Digital
