Como respuesta a una solicitud de información sobre los casos de ataques y otros delitos registrados contra periodistas desde el año 2000 hasta el 2019 en San Luis Potosí, La Fiscalía General del Estado (FGE) omitió responder sobre el caso del fotoperiodista Edgar Daniel Esqueda Castro, secuestrado y ejecutado en octubre de 2017.
Luego de la solicitud de información, la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado envió sendos oficios tanto a la Subprocuraduría de Investigación, la Visitaduría General, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, la Vicefiscalía así como a la Dirección de Tecnologías de la Información e Innovación Institucional para que pudieran manifestarse al respecto.
Esta última dependencia presenta una tabla de acuerdo a los datos con los que cuenta, desagregada a partir del año 2016, seguida por 2017, 2018 y 2019, por ejemplo: se detalla que en el delito de amenazas contra personas que ejercen el periodismo se presentaron: 2 en 2016, 5 en 2017, 10 en 2018 y 4 en lo que va de 2019.
En cuanto a lesiones contra periodistas se presentaron 1 en 2016, 2 en 2017, 3 en 2018 y 1 en 2019.
En cuanto a robo a periodistas se precisan: 2 en 2016, 7 en 2017, 6 en 2018 y 2 en 2019, sin embargo no se presenta información alguna sobre secuestro o muerte violenta, que es lo que sucedió al reportero gráfico Daniel Esqueda en el 2017.
Por su parte, la Visitaduría General de la FGE, expone de manera escueta en su respuesta, que por agravios o violación a los derechos humanos de comunicadores o personas que ejerzan el periodismo en 2014 se dio 1 caso, en 2015 fueron 4 casos, en 2016 se dio 1 caso y en 3 casos en 2017.
A la pregunta de medidas de protección otorgadas a periodistas, expone que hay 3 carpetas de investigación solicitando estas medidas sin dar detalles sobre los años.
Sin embargo, ante la pregunta del número de casos de muertes violentas, desapariciones y agresiones a periodistas desde el año 2000 a 2019, refiere “Cero = 0” casos.
En el caso de la Subprocuraduría de Investigación simplemente refiere que del año 2000 al 2016 fecha en que entró en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal, no se encontró registro alguno relacionado con la solicitud de referencia y finalmente la Vicefiscalía de la FGE contesta mediante oficio firmado por su propio titular Aarón Edmundo Castro Sánchez que no tiene las facultades para rendir dicha información.
El Universal San Luis
