Una denuncia conjunta contra el actual presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) del estado, Juan Paulo Almazán Cué, interpuesta por una exmagistrada y cuatro jueces de Primera Instancia y Oralidad, llegó a manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, del Congreso del local y del gobernador Juan Manuel Carreras López.
Al demandado se le acusa de incurrir en una serie de atropellos laborales, violencia de género e intromisión para “dar línea” en las decisiones y casos que se llevan en el estado.
“El Poder Judicial de San Luis está en crisis desde que Almazán asumió la presidencia”, según la denuncia de Adriana Monter, exmagistrada supernumeraria, Emilio Agustín Ortiz Monroy, Julián Ruiz Contreras, Juan Fernando Salazar Hernández (jueces de Primera Instancia) y Javier Pérez Contreras (juez de Oralidad).
Todos han sido removidos, cambiados a diversas adscripciones o sancionados de distintas maneras, y atribuyen esas medidas a una persecución del presidente del STJ y del Consejo del Poder Judicial, por no alinearse a sus intereses.
De manera pública y también ante instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), han acusado a Almazán Cué de “abusos que quedan en la más absoluta impunidad que le provee la investidura del cargo que ostenta”.
Como ejemplo, mencionan que la CEDH “se ha mostrado débil, sumisa y temerosa ante la influencia política del personaje en cuestión, lo que evidentemente no nos garantiza una actuación imparcial”.
De hecho, el pasado miércoles 22 la exmagistrada Adriana Monter, quien tuvo a su favor una resolución de amparo para ser reinstalada en ese cargo, que no pudo ser ejecutada porque el presidente adelantó el nombramiento de su sustituto, recibió una notificación del primer visitador de la CEDH, Alejandro García Alvarado, en la que se le informa que su queja, que quedó en el expediente IVQU-125/19, fue archivada “por falta de materia”.
Juan Pablo Almazán Cué asumió la presidencia del STJ a principios de 2017. De acuerdo con la queja, una de sus primeras instrucciones fue que se colocaran cámaras de video por toda la sede judicial, mismas que son monitoreadas desde sus oficinas y, según lo señalado, hace eso “no con una finalidad de prevención, sino con una intención espía, puesto que todas esas imágenes van a dar a su oficina privada como a su teléfono celular, en donde de forma extraña el magistrado presidente se encuentra al pendiente de todo lo que sucede en los pasillos y oficinas del edificio en cuestión, lo que después utiliza para hostigar a los trabajadores, incluyendo a magistrados y jueces y personas en general, al grado de que se le ve con temor, por su actuar acosador”.
Más allá, al presidente del STJ se le acusa de tener “una injerencia indebida en las decisiones que toman diariamente los juzgadores de la institución, dictando líneas y pidiendo atenciones personales para sus allegados o amigos”, con amenazas a quienes no se sujetan a sus instrucciones y sanciones para quienes no lo obedecen, con cambios de adscripción a zonas alejadas y procedimientos administrativos, como ha ocurrido con la exmagistrada y los jueces quejosos.
Castigos por “no obedecer”
El juez Emilio Agustín Ortiz Monroy sostiene que ha sido cambiado de adscripción y removido porque en 2018 se negó a acatar la instrucción del presidente de votar por quien era su candidato a presidir la Asociación de Jueces del estado.
En entrevista con Apro, la exmagistrada Adriana Monter Guerrero asegura que desde hace 27 años trabaja en el Poder Judicial del estado, de los cuales durante 18 años fungió como secretaria general del mismo. En ese periodo, dice, pasaron 15 presidentes del STJ. “Mi expediente estuvo limpio todo ese tiempo, sin ninguna sanción o proceso”, afirma.
En 2011 asumió el cargo como magistrada supernumeraria para un periodo de seis años y con posibilidad de ser propuesta para una ratificación por otros seis años, “pero el presidente apoyó a otra persona, Felipe Aurelio Torres Zúñiga, así que no respetó mi derecho a ser propuesta para la ratificación. Cuando estaba por vencerse mi nombramiento hablé con el presidente y le dije que quería ser ratificada y contaba con el apoyo de varios magistrados; eso lo molestó mucho, me dijo que no necesitaba el apoyo de los otros, sino de él, y se negó a respaldar mi postulación”.
Añade: “Mi nombramiento vencía el 15 de octubre de 2017. No fui evaluada, a pesar de que me correspondía. Me bajó de posición en la terna enviada al Congreso y luego, cuatro días antes de que venciera mi nombramiento, el Congreso lo abrogó, todo por presión de Almazán, así que promoví un amparo”.
De todos modos, Almazán Cue convocó a sesión del pleno y nombró a Felipe Aurelio Torres en su lugar, impidiéndole reinstalarse en su cargo, pese al juicio de amparo interpuesto, que finalmente fue admitido.
En una sesión del pleno a la que fue convocada por Almazán, relata la exmagistrada, “delante de todos me insultó, me hizo callar; su trato fue vejatorio, indigno, violento”, y después de eso tampoco aceptó que Monter regresara a su cargo anterior de secretaria general. Finalmente la bajó de rango, primero como juez civil y finalmente la mandó al archivo, no obstante que ella ganó el amparo el 11 de octubre de 2018 para su reinstalación como magistrada, así como la práctica de la evaluación a la que tenía derecho y el pago de los salarios no percibidos.
Entonces el presidente del STJ interpuso un recurso de revisión, mismo que no ha sido resuelto, con lo que ha mantenido a la exmagistrada sin posibilidad de regresar a su cargo.
“Yo estoy luchando por un derecho que me asiste, pero el daño es al Poder Judicial. Almazán es un hombre al que no le interesa el Poder Judicial, sino el poder. He tratado de ver al gobernador, y (dice) que no tiene tiempo. Yo he venido luchando contra corriente, no he me sometido y él pasa por encima de la ley”, sostiene la exmagistrada.
Por su parte, el juez Julián Ruiz Contreras solicitó su cambio del nuevo Sistema de Justicia Oral y Acusatorio al Sistema Judicial Tradicional, “eso molestó al magistrado Almazán Cué y en represalia emprendió constantes cambios de adscripción de mi persona a distintos juzgados del interior del estado y de la propia capital, privándome con ello de mi derecho de estabilidad e inamovilidad judicial”, expuso el juez en los documentos entregados al presidente López Obrador y al Congreso local.
La misma línea ha seguido con los otros firmantes, quienes han solicitado la intervención del gobernador Juan Manuel Carreras López. Sostienen que tanto el resto de los magistrados del Supremo Tribunal como quienes integran el Consejo de la judicatura, ambos organismos presididos por Almazán, “se encuentran sometidos” a la voluntad de éste.
“Identificamos en la conducta del señor Almazán Cué una clara línea de discriminación hacia nuestras personas, con una falta de respeto hacia nosotros como hacia la función que desarrollamos como juzgadores… por ello solicitamos respetuosamente una investigación profunda a su administración, a efecto de que cesen las violaciones a los derechos de los trabajadores y principalmente por el respeto a la independencia del Poder Judicial, como garante de la estabilidad social”, se lee en la denuncia.
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