El 7 de julio de 2016 en Pamplona España, una mujer de 18 años fue agredida sexualmente por cinco hombres borrachos diez años mayores que ella y con antecedentes, quienes además lo planearon por WhatsApp, grabaron los hechos, lo comentaron en redes y le robaron sus pertenencias. Escribimos sobre el caso el año pasado porque el 26 de abril la Audiencia Provincial de Navarra se negó a la petición de la Fiscalía que solicitaba una condena de 22 años de prisión y les dio 9 años, pero no por violación sino por un delito que allá se denomina abuso sexual continuado.
Debido a esa decisión judicial los cinco individuos conocidos en España como “La Manada” salieron de prisión en junio de ese mismo año y para entonces habían obtenido ya una notoriedad pública que se desarrolló durante el proceso, fueron entrevistados en los medios de comunicación, eran famosos, eran libres. Todo eso hizo mella en la sociedad española, porque la posición del tribunal, su negación más absoluta de que lo víctima había vivido era una violación llegó a tal punto que inclusive uno de los tres jueces que emitieron la sentencia, afirmó que en los videos que grabaron los acusados había “festejo y jolgorio” y no una amenaza inminente de agresión o intimidación.
De tal falta de sentido común, de tanto machismo, aunque se reconoció que la víctima no había dado su consentimiento, que fue intimidada y conducida hasta el sitio en que ocurrió el delito y que había una ventaja por parte de los agresores por la fuerza y por el número de ellos afirmaron los jueces que violencia lo que se dice violencia no la veían. Mucho menos la reconocieron los acusados, los “buenos muchachos” que se habían enviado mensajes que decían:
—Buenos días.
—Follándonos a una entre los 5.
—Jajaja.
—Todo lo que cuente es poco.
—Puta pasada de viaje.
—Hay vídeo.
Cambiaron sus palabras en el juicio, como cuando uno de ellos dijo: “En la vida haría daño a una mujer y esto quiero dejarlo bien claro, que a nadie le quepa la duda de que sería el primero en ponerme enfrente de un maltratador o un violador”.
El tema preocupante es que en ese y en otros muchos, muchísimos casos de agresiones sexuales que se dan en el mundo la falta de perspectiva de género en el desarrollo de las investigaciones y dentro de los mismos procesos judiciales conduce a que precisamente a las mujeres víctimas de estos delitos se les reprochen todas y cada una de las circunstancias que se produjeron en el ataque con tal de culparlas a ellas del mismo crimen que les agravia. Y tampoco es extraño que la sociedad en la que se generan estas violencias sexuales haga lo mismo.
Se pregunta la gente por qué la mujer andaba en la calle a esa hora, por qué andaba vestida de ese modo, por qué andaba sola, o en compañía, por qué había bebido o por qué no quería beber, por qué se paralizó, por qué no gritó, por qué no se defendió del agresor o por qué si lo hizo como si alguna de estas situaciones fuera a aminorar la gravedad de los delitos sexuales, o como si en esos cuestionamientos se pudiese encontrar que de pronto las mujeres en sus países, en sus ciudades, en sus pueblos no tienen derecho a salir a la calle después de cierta hora, o a vestirse de algún modo, o a beber o no beber, ya ni siquiera a reaccionar humanamente porque de hacerlo sí las violan ¿entonces no pueden quejarse?
Y también en muchas ocasiones sin tener ningún dato a la mano la sociedad se pone a favor del agresor: “¿Cómo va a hacer eso él que es tan buen muchacho? no necesita abusar de nadie ni violar a nadie porque es simpático, guapo, famoso, político, cantante, futbolista, feminista, líder, empresario, diputado, presidente, cura…” Como si estas condiciones les exentaran de la posibilidad de delinquir o de agredir mujeres.
Por consiguiente, es muy importante comenzar a tratar la violencia machista como una violación a los derechos humanos y aunque también debamos evitar en los casos conocidos que la información permita llegar a conclusiones prematuras de un asunto antes de una resolución judicial al producirse esta también hay que mostrar que estos delitos tienen una consecuencia legal para aquellos que sí resulten responsables.
Eso ha sucedido en este caso, justamente el 21 de junio el Tribunal Supremo determinó que el delito cometido por la Manada no había sido abuso sino violación en grupo, por lo que condenó a 15 años de prisión a cada uno de los agresores devolviéndoles a prisión, modificando con ello todo el mensaje de impunidad que hasta ahora habían dado las autoridades anteriores, marcando un importante cambio en el acceso a la justicia que no hubiese sucedido sin el movimiento político de los feminismos en España. “No se puede pedir a la víctima una actitud peligrosamente heroica” declaró la fiscal Isabel Rodríguez a los diarios y tiene toda la razón. A más ver.
Claudia Almaguer
Twitter: @Almagzur
