Durante los meses de mayo, junio y julio tuve la oportunidad de participar en un pequeño curso dirigido a las y los agentes de policía del estado denominado “Buenas prácticas en la intervención policial de primer contacto y emergencia para casos de violencia de género”, un trabajo interinstitucional emprendido desde la Comisión de Sanción del Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Comprendiendo que es fundamental invertir esfuerzos en la formación del recurso humano que se dedica a la prevención de la criminalidad y la atención a la ciudadanía, esta exigencia es todavía mayor cuando se trata de otorgar una preparación para el tratamiento de los sucesos que se producen en la sociedad y que no se reducen a la comisión de un delito sino más allá, arrastran consigo la integridad de las personas, para el caso de la violencia de género la de las mujeres en primera instancia y el derecho a vivir una vida libre de violencia suyo y de sus hijos, hijas y familiares cercanas a ellas.
No estamos ante un asunto menor, muy por el contrario la primera atención a las prácticas de violencia contra las mujeres que desde el ámbito policial se comprenden a través de diversos delitos como el de violencia familiar, las lesiones, la violación, el abuso sexual, el hostigamiento y el acoso sexual, etcétera; puede evitar daños mayores mediante una intervención y canalización apropiada hacía las instituciones responsables de investigar estos delitos y de ordenar las medidas adecuadas para proteger a las víctimas y aquí la eficacia se traduce inclusive en la evitación de la violencia feminicida.
Desafortunadamente, las dinámicas de las relaciones entre las parejas y con las familias continúan siendo profundamente desiguales lo cual no podría mirarse en su justa dimensión si quien es responsable de atender la violencia no tiene perspectiva de género, si no cuenta con las herramientas necesarias para saber que a diferencia de otro tipo de delitos, aquí la circunstancia psicológica y emocional de la víctima añadida a las presiones familiares pueden proveer a que sea una decisión muy difícil para ellas dejarse acompañar ante el Ministerio Público a interponer una denuncia.
Tanto se pone en juego para entonces que la Victimología ha profundizado en este punto, y tanto es de importante la actitud de ese primer respondiente, finalmente la primera representación del Estado, de la autoridad que se entera de la posible existencia de un delito, que de ese comportamiento depende en muchas ocasiones la decisión de la mujer víctima, ya si mira que para el servidor público no es algo importante, o si la regaña, o si la constriñe a parar y a dejar pasar el evento de violencia, a que sí por el contrario es puesta a salvo, acompañada, escuchada e informada de las posibilidades jurídicas a su alcance.
No son necesarias para la víctima las largas explicaciones plagadas de tecnicismos y de jerga policial, se supone que no sería necesario que se vuelva investigadora ni jurista ni experta en proceso penal porque para ello tiene al policía, al asesor, al agente del ministerio público o al juez; pero sí que en ese primer momento o el segundo o el tercero (cabe decir que pueden arrepentirse pero hay que continuar acudiendo) haya convencimiento, haya información para saber qué hacer, porque finalmente el acto de denunciar, de salir de casa, de irse, son todas decisiones para vivir que le dan la razón a ella de que no es verdad que merece los malos tratos recibidos.
Volvemos a decir que en San Luis Potosí la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 indica que de poco más de un millón de mujeres de 15 años y más que viven en la entidad el 56.7% (cerca de 587 mil) han enfrentado algún incidente de violencia alguna vez en su vida, pero además que de estas 394 399 mujeres en la entidad (38.1%), señalaron que al menos una de estas agresiones les ocurrió en los 12 meses anteriores a la entrevista, es decir entre octubre de 2015 y octubre de 2016.
Así que lo mejor que podemos hacer es convencer a la comunidad y a quienes intervienen directamente con las víctimas de las verdaderas dimensiones de esta pandemia, asumir de una vez como certeza que estas prácticas de violencia de género y el feminicidio no son fenómenos ajenos por lo que es urgente crear capacidad para la prevención de la violencia. Sin duda alguna la atención eficaz a una víctima puede salvar su vida. A más ver.
Claudia Almaguer
Twitter: @Almagzur
