Xochiquetzal Rangel
Durante la mañana de este lunes la síndico Alicia Nayelli Vázquez Martínez, en compañía del secretario general del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García, anunció la solicitud de un juicio político contra el ex alcalde de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, y el diputado local Emmanuel Ramos, por el daño a la ciudadanía consecuencia de los desvíos públicos que se suscitaron durante la administración pasada.
En la denuncia solicitan la inhabilitación por 20 años para ambos ex fincionarios para ocupar algún puesto dentro de la administración pública, ya sea por elección o designación, así como que Emmanuel Ramos sea destituido de forma inmediata de su actual cargo.
Ambas peticiones son aparte de las responsabilidades que ameritarían sus acciones como ex funcionarios públicos ya que, cabe mencionar, actualmente existen denuncias en contra de Gallardo Juárez y Ramos Hernández por irregularidades presentadas durante la administración en la que estuvieron a cargo de recursos municipales.
“Necesitamos que el Congreso del Estado, a través de sus diputados, hagan valer el derecho de los y las ciudadanas potosinas y se someta a Ricardo Gallardo Juárez y Emmanuel Ramos a una sanción ejemplar con este juicio político que se está presentando”, remarcó la segunda síndico.
Asimismo, señaló que dentro del juicio político destacan irregularidades como pagos y contratos hechos a empresas fantasma que suman cerca de seis millones de pesos; el desvío de 60 millones más por la “nómina maestra”, y las obras de Fray Diego de la Magdalena, García Diego y la calle Benigno Arriaga, que fueron pagadas y no ejecutadas.
Esto, además del predio a nombre de Ricardo Gallardo Juárez de 6.8 hectáreas ubicado en el área natural Camino a la Presa que fue otorgado mediante una sesión de Cabildo, y las retenciones a los trabajadores que no se registraron ante el SAT, que asciende a 267 millones de pesos, casos que ya fueron denunciados por la administración actual ante la Fiscalía General del Estado.
Finalmente, expresó que los casos citados en el juicio político se traducen en una defraudación a la recaudación pública y a la confianza de los ciudadanos, y esta ilegalidad se tradujo en la falta de obras públicas además del daño al medio ambiente.
