La Fiscalía General de la República (FGR) llega a este 2022 con casos de relevancia nacional sin resolver, entre ellos las acusaciones por corrupción contra los exfuncionarios Emilio Lozoya y Rosario Robles, así como la falta de sanciones contra los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotizinapa.
A ello se suma el retraso en las investigaciones por el espionaje a periodistas y personas defensoras de derechos humanos instaurado desde el Gobierno de Enrique Peña Nieto con el software Pegasus, además de las críticas que organizaciones civiles han hecho por la falta de transparencia en la gestión del Fiscal Alejandro Gertz Manero, quien este mes cumple tres de los nueve años para los que fue electo.
Para Susana Camacho Maciel, consultora en temas de justicia penal con organizaciones de la sociedad civil, el tiempo que la FGR ha tardado en resolver los casos y la falta de estrategias para investigar a toda la red de corrupción alrededor de exfuncionarios acusados, por ejemplo, en la trama de la constructora Odebrecht, muestran que una constante de la dependencia ha sido actuar “más por presión social y no en cumplimiento de lo que debería de ser, es decir, conforme a las leyes”.
“Lo que observamos son acciones a modo [de la FGR], muy respondiendo a temas políticos, a temas mediáticos, pero donde en realidad no estamos viendo qué es lo que está pasando porque se han tratado con poca transparencia”, agregó en entrevista la abogada.
La Fiscalía, además, llega a este año con el antecedente de que 54.8 por ciento de la población de 18 y más años en México considera que es corrupta, de acuerdo con datos obtenidos en 2021 por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Desde su creación en enero de 2019, en promedio 57.4 de las y los mayores de edad en el país perciben corrupción en la dependencia, como muestran los resultados de los últimos tres años de la ENVIPE.
La FGR también se caracteriza por no concluir un alto número de carpetas de investigación. El Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2021 del Inegi reveló que en 2020 quedaron sin resolver 55 mil 004 de las 78 mil 482 carpetas abiertas ese año, es decir, el 70 por ciento.
ODEBRECHT Y LA POCA TRANSPARENCIA
El caso Odebrecht es uno de los grandes pendientes de la FGR. Desde diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la constructora pagó sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios de 12 países de América Latina y África para obtener beneficios en contrataciones públicas, pero en México ningún político ha sido condenado. Sólo el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury están detenidos por su presunta relación en la trama de corrupción, en un caso que ha avanzado a paso lento.
Lozoya Austin está en prisión preventiva desde noviembre en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, menos de un mes después de que la periodista Lourdes Mendoza publicara una imagen del empresario cenando en un restaurante de lujo de la capital. La FGR lo acusa de haber recibido al menos 10.5 millones de dólares de Odebrecht durante la campaña y la Presidencia de Enrique Peña Nieto.
Si algo caracteriza el caso contra Emilio Lozoya es la opacidad, consideró la especialista en el sistema penal Susana Camacho, quien criticó que la FGR no haya transparentado el estatus de las investigaciones contra otros políticos que también se habrían beneficiado de los sobornos millonarios. La consultora recordó que desde un principio autoridades federales se encargaron de manejar el caso a puerta cerrada y sin respetar el principio de publicidad de las audiencias, un requisito básico del sistema penal mexicano.
“Las audiencias han sido poco transparentes, ahora Lozoya está en prisión preventiva, medida que a la FGR le ha dado una especie de excusa para decir ‘los funcionarios no están quedando impunes’, pero en realidad tampoco sabemos qué es lo que hay alrededor del caso, cuáles son las pruebas que tienen en contra de éste y otros personajes”, expuso Camacho Maciel.
Desde agosto de 2020 fue filtrada a medios de comunicación la denuncia que el exdirector de Pemex presentó ante la FGR y en la que mencionó a 70 políticos presuntamente involucrados con el caso Odebrecht, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto y el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya.
Sin embargo, solo el exlegislador Lavalle Maury está vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho por presuntamente recibir sobornos de Emilio Lozoya para aprobar la Reforma Energética en 2013.
También hay una investigación abierta contra Ricardo Anaya por presuntamente recibir un soborno de 6.8 millones de pesos para aprobar la misma legislación. El excandidato panista tendrá que comparecer de manera presencial en México en una audiencia programada para el 31 de enero por las acusaciones de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa que la FGR mantiene en su contra.
El exfuncionario se fue a Estados Unidos luego de conocer las acusaciones, y en noviembre de 2021 dijo en entrevista a The Wall Street Journal que el Presidente López Obrador, contra quien perdió en las elecciones de 2018, lo está “procesando por cargos inventados”.
La FGR también solicitó que Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Pemex en el Gobierno de Peña Nieto, compareciera por delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la denuncia de Emilio Lozoya donde lo acusó de participar en los sobornos recibidos por el contrato de la planta de Etileno XXI, suscrita a Braskem, la filial de Odebrecht.
El exsubsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda no compareció en la audiencia programada para septiembre, por lo que un Juez ordenó detenerlo al considerar que se sustrajo “de la acción de la justicia”. Desde noviembre la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para buscarlo en 194 países.
FUNCIONARIOS INVESTIGADOS Y EXTRADICIONES
A la FGR también se le ha cuestionado por el proceso que sigue contra Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, quien se encuentra en prisión preventiva desde agosto de 2019 luego de que la Fiscalía argumentó que existe un riesgo latente de que la exfuncionaria se escape.
El 30 de diciembre, el Juez Ganther Alejandro Villar Ceballos confirmó la prisión sin condena para la exfuncionaria pues concluyó que sólo esta medida garantiza que no eludirá la justicia. El juzgador argumentó que aunque Rosario Robles acudió de forma voluntaria a declarar hubo contradicciones entre lo que ella y sus abogados expusieron al inicio del proceso penal.
Robles Berlanga es acusada por uso indebido del servicio público porque habría permitido la subcontratación de servicios por parte de universidades públicas para desviar recursos, ella es la única exfuncionaria de alto rango detenida por este caso.
“Es una profunda injusticia, una persecución que no ha tenido una mínima consideración, sigo siendo la única funcionaria de alto nivel que está en prisión por este caso”, dijo la también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la audiencia del 30 de diciembre, después de que el Juez determinó que deberá seguir detenida.
Hasta la fecha la exfuncionaria niega el esquema de desvíos de recursos conocido como la “Estafa Maestra”, en la misma audiencia insistió en que “no existió tal triangulación a las universidades”.
“El caso de Rosario Robles es similar al de Lozoya, pues sabemos que hay toda una red de corrupción involucrada donde operan un montón de actores y lo único que se alcanza a ver es una estrategia política. Vemos el uso político [de la FGR] contra ciertos actores clave, pero no investigaciones de redes concretas”, lamentó Camacho Maciel.
La FGR también tiene pendiente concretar las extradiciones de cuatro exfuncionarios para que continúen sus procesos penales en México. Uno de los casos es el del General Eduardo León Trauwitz, quien fue responsable de seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex); la Fiscalía informó el 23 de diciembre que un Juez de Canadá negó otorgar la libertad bajo fianza al exfuncionario, por lo que continuará el proceso de extradición —que inició en noviembre de 2019— privado de la libertad en ese país.
León Trauwitz está acusado por el robo de combustibles cuando encabezaba la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex, área que se encargaba de evitar dicho delito; antes se desempeñó como Jefe de Seguridad cuando el priista Peña Nieto gobernó el Estado de México.
Mientras que el 24 de diciembre el Poder Judicial de Chile informó que autorizó la extradición de Mauricio Toledo Gutiérrez, el exdiputado del Partido del Trabajo que enfrenta en la Ciudad de México una investigación por enriquecimiento ilícito. En el proceso de extradición han colaborado tanto la FGR como la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Lo mismo sucedió en el caso contra César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, pues desde noviembre una jueza federal en Florida, EU, autorizó la extradición para que enfrente en México los cargos de malversación de fondos y por los que está prófugo desde 2016.
De igual forma está pendiente la extradición desde Israel de Tomás Zerón De Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal. Apenas el 10 de diciembre el Presidente López Obrador aseguró que obtuvo una respuesta positiva del Gobierno de dicho país para colaborar con México. Desde abril de 2021 la FGR anunció que tiene una orden de aprehensión contra el exfuncionario por el delito de tortura a personas detenidas por el caso Ayotzinapa.
AYOTZINAPA Y LAS DESAPARICIONES
Además del retraso en la detención de Tomás Zerón, la labor de la FGR en el caso Ayotzinapa ha sido criticada porque aún no hay sanciones contra las autoridades responsables de la desaparición de los 43 estudiantes registrada en septiembre de 2014.
“En los delitos de desaparición es importante no sólo quedarse en la búsqueda e identificación de restos, sino investigar qué pasó, quiénes son los responsables, cuál fue la verdad, demostrarla abiertamente a través de juicios, y evidentemente la reparación integral de las víctimas, lo cual no se ha visto en este caso”, lamentó Camacho Maciel.
Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas, denunció en una entrevista para SinEmbargo que el Fiscal Alejandro Gertz Manero no avanza porque está rodeado de personajes de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
“[La Sedena] es una institución que está representando un obstáculo y la otra institución que representa un obstáculo es la Fiscalía General de la República. Y dentro esta Fiscalía hay elementos enquistados de la anterior PGR que participaron en la construcción de la ‘verdad histórica’”, subrayó a nombre de las familias de los 43 normalistas desaparecidos en una entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela.
Desde que se creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso y una Unidad Especial dentro de la FGR —en 2019— se han ejecutado 49 de 89 órdenes de aprehensión contra servidores públicos de Guerrero y de la PGR, así como contra policías federales y ministeriales. Además, en distintas labores de búsqueda fueron identificados los restos óseos de los normalistas Alexander Mora Venancio, Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz.
EL CASO PEGASUS
Otra investigación que sigue sin avanzar es la del espionaje a periodistas, personas defensoras de derechos humanos, disidentes políticos y cercanos a ellos a través de Pegasus. En julio la FGR reconoció que sólo ha identificado un “caso judicializable” por el uso del software que, de acuerdo con un reportaje de Proceso, fue adquirido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde 2011, con el Gobierno de Felipe Calderón, pero que afectó a miles durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La dependencia admitió que aún no sabe quién o quiénes fueron los responsables del espionaje, pues no ha localizado los contratos suscritos entre la empresa israelí NSO Group —la creadora del software— y las entidades del Gobierno.
La Fiscalía General se vio obligada a revelar esta información luego de que la revista Proceso y el sitio Aristegui Noticias, ambos medios en la lista de objetivos de Pegasus, revelaron que el espionaje habría sido mayor al conocido en 2017 ya que abarcó a más de 15 mil personas.
Por ello, las organizaciones Artículo 19, la R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y SocialTIC llamaron a la FGR a rediseñar junto con las personas afectadas un plan de investigación serio, exhaustivo e integral.
“La Fiscalía no ha realizado una investigación con garantías de independencia capaz de esclarecer lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia”, advirtieron las agrupaciones en un comunicado publicado en julio donde pidieron que se transparenten totalmente los contratos, anexos técnicos, expedientes y cualquier información relacionada al espionaje gubernamental.
EXIGEN QUE GERTZ COMPAREZCA
A los retrasos en las investigaciones de distintos casos de relevancia nacional se suman las críticas por la resistencia del Fiscal Gertz Manero de rendir cuentas sobre su gestión, como las que expusieron las 21 organizaciones y siete colectivos de familias del Colectivo contra la impunidemia, que desde octubre de 2021 exigieron al Senado que llame a comparecer al titular de la FGR.
Las organizaciones, entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Artículo 19, exigieron que Gertz Manero transparente el estado que guarda la transición de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General, las acciones realizadas durante la gestión actual para garantizar el acceso a la justicia desde una perspectiva de derechos humanos, así como el estado procesal de los casos más relevantes de corrupción y sobre desaparición y búsqueda de personas que están a su cargo.
La petición aún no ha sido respondida por el Senado. “Si no le rinde cuentas a la ciudadanía mediante su comparecencia ante el poder legislativo entonces, ¿a quién y cómo se le exige la rendición de cuentas al Fiscal?”, cuestionó el colectivo en un posicionamiento.
Sin Embargo
