El pasado 10 de mayo ocurrió una emisión más del programa La Vida en Violeta, una iniciativa de comunicación feminista conducida por Verónica Pereyra desde el año 2018. Mucho ha contribuido al movimiento, la proximidad e inmediatez que da internet, ante la indiferencia que se enfrenta en Latinoamérica, la gestión de discusiones sobre problemas, causas y luchas que son parte de la agenda, le devuelve al feminismo su carácter internacional.
La emisión se denominó “Mujeres y políticas públicas” y disertamos junto con Nidia Martínezde Panamá y María José Binetti desde Argentina sobre las obligaciones de los Estados al reconocer la desigualdad causada por la discriminación sexual y su deber de hacer realidad el ejercicio de derechos con estas acciones mediante leyes de carácter interno, de atribuciones y programas que resultan en el acceso a la educación, al trabajo, la salud, la seguridad y la justicia.
Coincidimos allí en cómo se han beneficiado estos gobiernos del discurso que borra el sexo como categoría indispensable para mirar las diferencias de poder, de trato y riesgo entre mujeres y hombres, si las primeras no existen no hay desigualdad ni tampoco obligación ninguna para con ellas y entonces no será verdad que permanecen sometidas en todos los espacios.
No es que les faltase misoginia y lo dijimos allí, las consecuencias que está atravesando México por no hacerse cargo de la política destinada a más de la mitad de su población le está costando la vida a las mujeres y nadie se inmuta, por el contrario, existe una adaptación patológica a ello.
A fin de aclararlo pusimos ejemplos, en la actualidad los espacios de formación y cuidado para hijos de madres trabajadoras se han desmantelado, no se han entregado los recursos para los refugios, no se ha vigilado el cumplimiento de las medidas de las Alertas de Violencia, la cifra de muerte materna de los últimos años es vergonzante, se han asesinado brutalmente a más de 11 mil mujeres cuyas familias no obtienen justicia y se ha degradado esta política a una de tipo asistencial que observa a las mujeres desde arriba, considerándolas ciudadanas de segunda, útiles ciertamente, pero un estorbo cuando de pedir cuentas se trata.
De ahí la amenaza y criminalización a la protesta del movimiento feminista en México como actual y única oposición significativa y concreta que repele el ataque del Estado y la permisibilidad social. Somos incómodas, reclamando en todo el país una transformación del sistema de poder, pero si ese sistema se sostiene sobre cadáveres, si la muerte violenta de las mujeres es un precio disponible para no perturbar el enamoramiento que tienen los gobernadores con su propio reflejo, o el de los diputados con su propia ignorancia, si no hay crítica, ni respuesta responsable ni una sola propuesta jurídica medianamente decente, tenemos razón y mucha más moral que aquel que busca estar en la cima de toda esta porquería.
Por eso es indispensable articular y fortalecer los posicionamientos que ponen a las mujeres como sujetas de derechos, debemos evitar que la dimensión de la política destinada a ellas se entienda como un favor, tal y como se ven las ayudas a las mujeres adultas mayores, a las “madres solteras” o a las estudiantes, porque entonces el trabajo del Estado se reduce a la entrega de dinero, pero no cambia las condiciones de desventaja de las mujeres y si vicia sus decisiones políticas.
Es necesario comunicar con más fuerza que es lo opuesto a las “ofertas” del mercado y del Estado originariamente machista, negarse a que la cotidianidad y el futuro sea perpetuar las condiciones de pobreza, desigualdad e inseguridad, sentir miedo y perder a otras mujeres debido a la violencia no es una forma digna de vivir nuestra existencia. A más ver.
Mujeres y políticas públicas
