- Delegación del Registro Agrario, abierta a que se investigue si hubo actos de corrupción
- Procurador Agrario confirma asistencia de visitador el 5 de junio bajo amenazas
Victoriano Martínez
Mientras el Registro Agrario Nacional (RAN) informó que no ha recibido para registro el acta de la asamblea del 5 de junio en el ejido La Pila para dotar de dominio pleno a un grupo de empresarios sobre mil 888.9 hectáreas, la Procuraduría Agraria Nacional confirmó que la asistencia de un visitador agrario se dio sin autorización y producto de un posible acto de corrupción.
Ismael Carrillo Ávila, delegado del Registro Agrario Nacional (RAN), dijo que a más de ocho días de que se realizó la asamblea ejidal, los ejidatarios de La Pila no se han presentado a solicitar el registro del acta.
“Hasta hoy 14 de junio no se han presentado para ingresar esa acta”, expresó.
Explicó que la finalidad de registrar el acta en el RAN es lograr que los acuerdos tomados por la asamblea tengan efectos para terceros, aunque también hay casos en los que se trata de acuerdos que manejan para uso interno y no acuden a esa instancia, que difícilmente sería este uno de ellos.
“Tenemos que recibirla y analizarla con muchísima precaución, ser meticulosos, que si cumple con los requisitos y las formas legales, si hay algún error o alguna falta, pues no se va a inscribir”, comentó.
Entre los requisitos que revisarán sobre el acta se encuentra verificar que las convocatorias se hayan emitido correctamente, la asistencia de un notario y el visitador agrario. Además de contar, por tratarse de una asamblea de formalidades especiales, con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para determinar si existe o no protección ecológica sobre las tierras a las que se aplicará el dominio pleno.
Carrillo Ávila dijo desconocer si hubo alguna situación irregular en la participación del visitador agrario como comentó Plutarco García Jiménez, titular del Registro Agrario Nacional, en el sentido de que el funcionario de la Procuraduría Agraria acudió a la asamblea bajo amenazas.
“No hemos recibido ningún oficio por parte de esa dependencia, entonces desconocemos, lo hemos visto por los medios, pero no lo tenemos”, expresó.
Descartó que haya existido un acto de corrupción dentro de la delegación del RAN relacionado con este caso, como aseguraron ejidatarios inconformes con el pago de cuatro millones de pesos para que se registrara el acta.
Dijo que en la delegación se trabaja en la misma línea que expuso García Jiménez, de seguir las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de cero corrupción.
“Estamos abiertos a cualquier investigación que se pueda hacer, porque al final de cuentas si recibimos el acta, el acta se integra con la documentación correspondiente y no le tocaría a esta delegación hacer la inscripción, sino que toda la documentación se enviaría a la Ciudad de México y oficinas centrales sería quienes analizarían esa documentación”, dijo.
Por su parte, Luis Hernández Palacios Mirón, procurador Agrario Nacional, señaló en entrevista con Julio Hernández López en su programa Astillero Informa, que en el caso del Ejido La Pila hubo un acto altamente ilícito por parte del magistrado del Tribunal Agrario y un supuesto acto de corrupción en la asistencia del visitador agrario a la asamblea del 5 de junio.
El funcionario federal señaló específicamente que el magistrado del Tribunal Agrario en el Estado, sin mencionar su nombre, revocó indebidamente una medida cautelar sobre las mil 888.9 hectáreas pretendidas por los empresarios para el parque industrial, que impedía cualquier acción para dotarlos de dominio pleno.
“El magistrado, y esto sí puedo juzgarlo porque es un acto altamente ilícito, determinó levantar la medida cautelar al momento que terminó el juicio, cuando debió haberla dejado hasta que la sentencia hubiera causado ejecutoria, por lo tanto los dejó en estado de indefensión”, dijo.
Señaló que con esa acción, el magistrado abrió la puerta para la realización de la asamblea de formalidades especiales para la que de inmediato “dos camarillas” se pudieron de acuerdo para convocar.
“Documentamos claramente que no asistiríamos a las tres convocatorias que se emitieron el 6 de mayo, el 22 de mayo y el 5 de junio”, indicó.
Comentó que no se tiene acreditado si hubo un acto de corrupción en el caso del visitador agrario, Saúl Alonso Rodríguez, a quien se despidió por falta de capacidad de comunicación y de atención a sus funciones.
“No asistió con representación legal de la Procuraduría, yo le pedí al Registro Agrario Nacional me entregue copia del acta porque si aparece su firma tengo ya instruido a mi personal a levantar una denuncia penal por usurpación de funciones y ejercicio indebido del servicio público en contra de Saúl Alonso Rodríguez”, advirtió.
Señaló que la actuación de Alonso Rodríguez, quien aseguró haber asistido a la asamblea bajo amenaza, fue indebida al grado de que al día siguiente de la asamblea renunció y desapareció de San Luis Potosí.
“No sabemos la amenaza a cuánto ascendió para que haya acudido a ese evento, suponemos que ahí sí hubo un acto de corrupción que no afecta afortunadamente a la Procuraduría. Él no fue obedeciendo una instrucción sino al contrario, desacatando una instrucción expresa del director Jurídico de la Procuraduría”, expuso.
Por último, agregó que la instrucción señaló como causa para no participar como Procuraduría las suspensiones de amparo existentes, lo que hace que la asamblea sea considerada inválida y antijurídica.
