El único delito de Pedro Francisco Rodríguez Vázquez, un joven de 24 años originario del municipio de San Felipe, Guanajuato, ha sido llamarse exactamente igual que otra persona con una investigación y una orden de aprehensión por homicidio calificado, ha denunciado su familia.
El ser homónimo le ha costado su libertad ya que actualmente se encuentra preso en Apizaco, Tlaxcala, a pesar de que la familia y allegados han presentado pruebas de que se trata de una confusión porque él no se encontraba en la escena del crimen del cual lo acusan e incluso ni siquiera estaba en la misma entidad.
Su perfil, además dicen, tampoco comparte la misma edad o lugar de nacimiento que el de la persona sospechosa del asesinato.
“Estoy de acuerdo en que las autoridades se apoye para detener a los delincuentes y que hagan su trabajo, pero que lo hagan como de verdad debe de ser, con los protocolos correspondientes, haciendo las investigaciones correspondientes y no yendo por ahí y fabricando carpetas de investigación y agarrando a personas que no tienen nada qué ver. Queremos que las autoridades nos ayuden para que no siga esta injusticia contra Pedro y que nos ayuden a que lo pongan en libertad. Él no debe de estar ni un día más en prisión” expresó Kristian Vázquez, tía de Pedro Francisco, en entrevista con SinEmbargo.
LA DETENCIÓN
Pedro Francisco Rodríguez Vázquez, un joven trabajador de la funeraria Inhumaciones Rodríguez, se dirigía el mediodía del pasado 5 de septiembre a su casa desde su trabajo ubicado en San Felipe, Guanajuato.
Era su hora de comida cuando fue interceptado por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato, quienes le indicaron que lo tenían que entrevistar por un tema de un accidente de tránsito; luego lo detuvieron, pero sin mostrarle siquiera una orden de aprehensión en físico pues le indicaron que el supuesto mandato judicial lo tenían en WhatsApp.
El joven guanajuatense fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública en Tlaxcala. Ahí solicitó su derecho a realizar una llamada o comunicarse con su familia para pedir un abogado, pero sólo lo dejaron hablar unos minutos con su mamá y luego fue trasladado al Ministerio Público de Guanajuato capital.
Al día siguiente, el 6 de septiembre, elementos de la Fiscalía de Tlaxcala llegaron a los separos y lo trasladaron al penal de Apizaco, donde lo presentaron ante el Ministerio Público notificándole que era acusado de homicidio en contra de otro joven, crimen registrado el 8 de noviembre del año anterior en el municipio de Huamantla, Tlaxcala, lugar en el que Pedro nunca ha estado, de acuerdo con la familia.
La audiencia inicial contra Pedro se realizó el 7 de septiembre, para la que le asignaron un abogado de oficio que no conocía su caso y le sugirió al joven aceptar declararse culpable para aceptar un juicio abreviado y así acceder a una pena menor, de 10 años en prisión. Pedro no aceptó pues aseguró que es inocente.
“Mi hermana, su mamá, es la que se empezó a mover junto con mi cuñado, su papá, empiezan a checar lo de la detención, pero el día 7 de septiembre temprano, que acudieron a buscarlo, se llevaron la sorpresa de que mi sobrino ya había tenido una primera audiencia, en donde le asignaron un abogado de oficio y este le dice que se declare culpable y pues obviamente mi sobrino no se iba a declarar culpable de algo que no había hecho y que ni sabía de lo que le estaban hablando”, detalló la familiar.
El día 11 de septiembre se realizó la audiencia en donde la juez Nancy Moreno Vázquez desestimó las pruebas que se presentaron este día para demostrar la inocencia.
“Nosotros juntamos la documentación, testimonios y pruebas para acreditar que el día del crimen él se encontraba laborando en otro estado, pero la juez nomás desestimó las pruebas, no quiso recibir a los testigos y cometió arbitrariedades [..] No hay manera de que lo vinculen, pero lo hicieron solo porque tiene el mismo nombre que la persona que ellos buscan, porque ni siquiera tienen características físicas de quién es la persona a la que están buscando”, afirmó la entrevistada.
IRREGULARIDADES
El homicidio por el cual acusan a Pedro se cometió el 8 de noviembre de 2021 en el municipio tlaxcalteca de Huamantla. Familiares, compañeros de trabajo y conocidos de Pedro han recabado elementos para tratar de probar de que ese día él ni siquiera se encontraba en la misma entidad federativa.
El día de los hechos, aseguraron, él se encontraba realizando labores en su trabajo, Funerales Rodríguez, incluso ese día realizó una diligencia especial en el municipio de León, Guanajuato. Además, también existe el registro de que por la tarde estuvo en un gimnasio local.
“Él fue a recoger a un difunto al hospital estatal de COVID en León, Guanajuato; acudió con la hija del difunto. Mi sobrino anduvo con esta señora. Después de trasladar el cuerpo, regresó al trabajo y siguió haciendo los servicios funerarios correspondientes. Posteriormente, se fue rápido a su casa y se preparó para ir al gimnasio, porque a él le gusta mucho el deporte; corre, juega básquet y participa en actos religiosos”, detalló la tía del joven inculpado.
La tía de Pedro insistió que entre las pruebas que ellos lograron recabar, se encuentran los testimonios de la clienta de los servicios funerarios y de gente que lo vio en el gimnasio.
“Es imposible que él hubiera llegado en 5 minutos de Guanajuato a Tlaxcala, ni en avión. No hay siquiera un argumento sólido para que digan que Pedro no tiene pruebas. La carpeta de investigación contra él es fabricada”, destacó.
“Es una injusticia porque mi sobrino nunca ha estado allá (Tlaxcala), nunca ha ido allá, ni de vacaciones, ni de paseo, ni de trabajo, ni nada. Nosotros hemos acreditado que mi sobrino no es la persona que buscan. Mi sobrino no tiene nada que ver con eso, pero aun así quieren seguir causándole daño”, añadió.
La historia de Pedro ha escalado a nivel local y las voces que exigen su liberación crecen. El pasado jueves 13 de octubre, el Diputado local, Gerardo Fernández González, desde la tribuna de Congreso, pidió a la Secretaria de Gobierno del Estado que le dé seguimiento al caso de Pedro Francisco Rodríguez Vázquez.
Kristian Vázquez indicó que debido a la visibilización de su caso, se han reunido con Secretaria de Gobierno de Guanajuato, Lidia García, quien prometió ayudar para que se revise el caso y el joven pueda ser liberado, sin embargo, la tía de Pedro espera que no se trate sólo de promesas sin cumplir
“Ella (la Secretaria de Gobierno) ya está empapada más del tema, es quien está moviendo todo lo que se puede hacer por Pedro. Al parecer ya tiene contacto con un homólogo de Tlaxcala y la Fiscalía”, dijo.
La familia del joven, junto con amigos y personas de la población han realizado manifestaciones para exigir justicia, esclarecimiento del caso y solicitar a la Fiscalía de Tlaxcala tome en cuenta las pruebas que se han entregado, que acreditan que Pedro no estuvo en el lugar, para que desestimen el caso o acepten las irregularidades cometidas para que sea liberado a la brevedad.
“Yo espero que la Secretaria de verdad cumpla lo que están diciendo de que nos van a apoyar. Mi sobrino tiene más de un mes ahí, en prisión, cuando él no tiene nada que hacer encarcelado”, abundó.
En México, el número de personas internas en los centros penitenciarios federales y estatales sin una sentencia creció al menos un 7.6 por ciento al cierre del año 2021 con respecto al anterior inmediato de acuerdo con el más reciente Censo Nacional de Sistema Penitenciario en los ámbitos estatal y federal (CNSIPEE-F) 2021, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El universo de personas privadas de la libertad/internadas en los centros penitenciarios federales y estatales es de al menos 220 mil 420 personas ( 94.4 por ciento hombres y 5.6 por ciento mujeres), de los cuales, al menos mil 393 son adolescentes. El 92.7 por ciento de las personas internas (204 mil 360) correspondieron al ámbito estatal, en tanto que el 7.3 por ciento (16 mil 060) son del ámbito federal.
Del total de personas privadas de la libertad en centros penitenciarios estatales y federales, al menos el 42.12 por ciento no cuentan con sentencia o están en internamiento preventivo, es decir, 92 mil 856; en tanto que 25 mil 737 se encuentran con una sentencia que no es definitiva.
Sin Embargo
