La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin de beneficiar a Odebrecht, la constructora brasileña señalada internacionalmente por corrupción, con información privilegiada a cambio de sobornos, en un caso en el que el Juez ha desechado 24 de 67 medios de prueba presentados para demostrar la culpabilidad del acusado.
Para defenderlo y justificar el origen de sus recursos, los abogados de Lozoya han argumentado que el exfuncionario tuvo acceso a una educación familiar integral y a “las escuelas más prestigiosas” lo cual “generó un ambiente propicio” para que desde 2009 empresarios se acercaran a él para ser asesorados.
Estos dos argumentos son los que se discutirían en un juicio cuya apertura se ordenó ayer, tres años y ocho meses después de que el exfuncionario federal durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto fuera vinculado a proceso por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGR llega así a un caso más de alto perfil luego de haber perdido, por ejemplo, el que inició contra Rosario Robles, también exfuncionaria del Gobierno de Peña Nieto y la cancelación de la orden de aprehensión que pesaba en contra del exgobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien está bajo investigación por posible enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.
La defensa de Lozoya Austin asegura que el Ministerio Público no podrá acreditar que su cliente recibió dinero mediante sobornos porque ellos acreditarán que “viene de una familia que le dio educación integral y se educó en las escuelas más prestigiosas”, según planteó el abogado Alejandro Rojas Pruneda.
El abogado argumentó que gracias a sus estudios y trabajo en el extranjero antes de ser funcionario Lozoya “generó un ambiente propicio” para que desde 2009 empresarios se acercaran a él para ser asesorados, incluido Luis Alberto de Meneses Weyll, director de Odebrecht en México entre 2010 y 2017.
Desde el 10 de marzo, cuando inició la audiencia intermedia, los abogados de Lozoya Austin mencionaron que antes de ocupar un cargo público su cliente fue incluido en una lista de 40 hispanos de mayor impacto en Estados Unidos menores de 40 años, realizado en 2011 por la revista Poder.
Ayer, durante la continuación de la audiencia, la FGR se opuso a incluir como medios probatorios documentos que acreditan los estudios de Lozoya, por ejemplo en la Universidad de Harvard, pero el Juez Genaro Alarcón López los admitió, al igual que testimonios de su papá y hermano sobre cómo era su vida antes de ser funcionario.
“Saber qué pasó cuando era niño o adolescente resulta irrelevante, nos interesa lo que hizo como funcionario (…). No importa dónde estudió”, se quejaron los representantes legales de la FGR.
Miguel Ontiveros, otro de los abogados del exfuncionario, defendió los testimonios porque dijo que ayudarían a demostrar características de la familia Lozoya, incluida Gilda Austin, quien también irá a juicio por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR la acusa de participar “ocultando el origen de esos recursos” al recibir en su cuenta bancaria parte del dinero obtenido por Lozoya mediante sobornos.
En el debate de los datos que el Juez admitió para ser usados durante el juicio también destacó la petición del exfuncionario para no incluir sus declaraciones patrimoniales de 2012 a 2016, tiempo en el que se desempeño como director de Pemex porque, según dijeron sus abogados, incluye información bancaria sobre ingresos de él, su cónyuge e hijos.
“Si la información hubiera sido obtenida por control judicial no tendría ningún problema, pero se pretende divulgar datos sobre mis hijos, mi esposa, esto, en mi opinión, vulnera mis derechos fundamentales”.
Sin embargo, el Juez Alarcón López admitió la información por considerar que fue entregada por Lozoya Austin como parte de sus obligaciones como funcionario federal.
SIN ACUERDO
La audiencia intermedia del caso que concluyó este 13 de marzo dejó clara la cerrazón de la FGR, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por llegar a un acuerdo reparatorio, aun cuando reconoció que un contrato otorgado a Odebrecht, el de Tula 1, fue legal.
Durante el debate, representantes legales de la FGR también pidieron excluir testimonios de exempleados de Pemex propuestos por Lozoya para demostrar que el contrato Tula 1 se otorgó sin irregularidades a Odebrecht durante su gestión como director, pero la dependencia le dio la razón al explicar que no cuestiona la ilegalidad del contrato, sino que el exfuncionario prometiera información privilegiada a la constructora brasileña.
“Es la primera vez que escucho que la FGR admite que el contrato fue legal. Sigo perplejo”, dijo Lozoya Austin. Ello abrió la puerta para que sus abogados volvieran a pedir frente al Juez un acuerdo reparatorio a Pemex y la UIF, pero las autoridades se negaron.
Estas diferencias llevaron a los abogados de Lozoya a cuestionar en un amparo si tanto la UIF como Pemex realmente fueron víctimas de los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita por los que la FGR acusa al exfuncionario.
“Planteamos esto porque queremos saber a quién le pagaremos porque queremos alcanzar un acuerdo reparatorio, un criterio de oportunidad”, expuso en la audiencia del viernes Miguel Ontiveros.
Desde 2019 Lozoya Austin estaba en búsqueda de un criterio de oportunidad y tenía como tiempo límite la apertura del juicio para concretarlo, aunque no lo logró sus abogados explicaron que todavía pueden conseguirlo en el tiempo que ganarán mientras se resuelve su amparo. “No tengo duda de que vamos a lograr”, aseguró Miguel Ontiveros ayer, afuera del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte en la Ciudad de México.
Aún llegando a juicio el panorama no es sencillo para la FGR, pues el Juez Alarcón López excluyó 24 de 67 medios de prueba presentados para demostrar la culpabilidad de Lozoya Austin, entre ellas información clave relacionada con movimientos bancarios al exfuncionario y empresas relacionadas con él, por ello la dependencia también anunció que se amparará para que se admitan y volverá a solicitar información financiera a Brasil y a la Confederación Suiza.
Esos medios de prueba fueron excluidos desde el viernes porque la defensa de Lozoya argumentó que fueron obtenidos “sin soporte judicial alguno”, el Juez les dio la razón al valorar que al recabarlos se violó el derecho a la privacidad.
La FGR formalizó ayer la acusación contra Emilio Lozoya y Gilda Austin, planteó que él cumpla una condena de 46 años privado de la libertad, también dijo que exigirá el pago de reparación del daño por 1 millón 385 mil dólares por el delito de lavado de dinero y 5 millones 951 mil 351.75 dólares por cohecho. Para la madre del exfuncionario, en arraigo domiciliario, solicitó una condena de 21 años y tres meses detenida.
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