Un tribunal federal concedió un amparo a Daniel Arizmendi López, El Mochaorejas, así como a su hermano Aurelio y a tres integrantes de su banda de secuestradores, resolución que ordena dejar sin efecto una sentencia de 50 años de prisión dictada en su contra.
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal detectó que en este asunto existieron violaciones al debido proceso, caso donde los quejosos fueron encontrados responsables del delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.
Los efectos del amparo son para que un tribunal colegiado en Materia de Apelación revoque la sentencia y ordene al juez de primera instancia reponer el procedimiento y también se dé parte a las autoridades para que se investigue la posible tortura que sufrieron los quejosos.
El fallo no implica la libertad de los secuestradores, quienes fueron juzgados dentro de la causa penal 68/1998.
Isabel Cristina Porras Odriozola, magistrada ponente del caso, indicó que en este asunto existieron violaciones al debido proceso, asunto donde los quejosos fueron encontrados responsables por el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y delincuencia organizada.
Ahora, el juez de primera instancia deberá analizar diversos aspectos dictados en la sentencia y emitir una nueva resolución conforme al Código Penal que regía en esa época en el entonces Distrito Federal; ya no se podrá tomar en cuenta lo previsto en el Código Penal Federal, el cual se utilizó de base para condenarlos.
El proyecto de la magistrada fue avalado por sus homólogos José Rogelio Alanís García y Daniel Guzmán Aguado.
Caso de ‘El Mochaorejas’
De acuerdo con antecedentes, el 6 de mayo de 1997, Daniel Arizmendi, Aurelio y los hermanos Daniel, Josué Juan y Dulce Paz Vanegas Martínez, secuestraron a un comerciante en calles aledañas a la Central de Abastos, en la Ciudad de México, y lo llevaron a una casa de seguridad desde donde estuvieron exigiendo cierta cantidad de dinero a su padre.
A la víctima le cortaron una parte del cuero cabelludo para enviárselo a su familia. Al no obtener el rescate solicitado, lo privaron de la vida y tiraron su cadáver en la avenida Ignacio Zaragoza, donde fue localizado nueve días después del secuestro.
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