La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este martes como inconstitucional e inválida la transferencia operativa y administrativa de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Con ocho votos a favor y tres en contra del proyecto elaborado por el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el pleno del máximo tribunal del país consideró que el decreto para poner al nuevo cuerpo policiaco bajo el mando del Ejército mexicano viola el Artículo 21 de la Constitución.
En ese apartado constitucional, se establece que se trata de una corporación de carácter civil, adherida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Los votos a favor fueron emitidos por Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y González Alcántara Carrancá.
Mientras que los posicionamientos en contra del proyecto fueron de Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
“La transferencia que por vía legal y de manera permanente se hace de estas facultades es de hecho una readscripción y técnicamente un fraude a la Constitución”, señaló el Ministro Javier Laynez Potisek.
Asimismo, la Ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, defendió la decisión al afirmar que el Artículo 21 constitucional es claro en su párrafo décimo que decir que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el Poder Judicial “todavía actúa con las políticas del viejo régimen”, aunque “esperaba” que no declararan la inconstitucionalidad de la Ley para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa.
“Si no depende la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa y sigue como antes, que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública de [Genaro] García Luna o de [Miguel Ángel Osorio] Chong, Secretario de Gobernación, pues miren cómo terminó la Policía Federal, completamente corrupta”, advirtió.
El pasado 11 de abril, el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propuso al pleno de la SCJN la declaración de inconstitucionalidad de la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, tal como se había aprobado en septiembre de 2022, en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias y activistas que la consideraron un avance en el proceso de militarización en México.
De acuerdo con la información, el proyecto de Alcántara Carrancá planteó invalidar el Artículo 29, fracción XVI, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), “que faculta al Ejército a ejercer dicho control de la corporación policiaca”.
“Resulta inconstitucional el traslado administrativo, presupuestario, orgánico, funcional y de mando que el Decreto impugnado, a través de los artículos analizados en este apartado”, comentó en su decreto.
Asimismo, recordó que la actuación militar en tareas de seguridad pública debe ser estrictamente excepcional, por lo que trajo a colación el Artículo 129 constitucional, en el que se establece que, “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”, es decir, que ninguna autoridad militar puede inmiscuirse en labores de seguridad pública que la Constitución Federal consagra, en exclusiva, a autoridades civiles.
La reforma, impulsada por López Obrador, permitía a la Sedena asumir el control operativo de la Guardia Nacional, la cual había había sido manejada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desde su creación en 2019.
Especialistas y opositores consideran que la reforma viola la Constitución, que establece que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil”, y han anunciado que ejercerán acciones legales para detenerla.
Durante su mandato, el Presidente ha asignado a los militares una cantidad cada vez mayor de tareas, que incluyen la construcción de algunas de las obras emblemáticas de su Gobierno como el nuevo aeropuerto de la capital mexicana y un tren en el sur del país, así como el manejo de las aduanas y algunos aeropuertos, lo que ha llevado a algunos analistas y opositores a acusar al mandatario de militarizar al país.
Sin Embargo
