Por: El Rebelde Incómodo
La LXIII legislatura del estado de San Luis Potosí ha sido objeto de críticas en los últimos días, luego de que se propusiera una iniciativa de ley para solicitar la rendición de cuentas sobre el uso de la pensión alimenticia que va en contra de los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“En el caso de la pensión alimenticia de una persona menor de edad, no es obligación para el progenitor que ejerce la guarda y custodia rendir cuentas de su administración al deudor alimentario. Sin embargo, el progenitor debe brindar al deudor alimentario una participación activa, equitativa y transparente en la crianza del menor de edad”.
El criterio surge a raíz de un amparo presentado por un padre que solicitó la rendición de cuentas por parte de la madre de su hijo respecto a la pensión alimenticia. La SCJN determinó que la obligación del progenitor que ejerce la guarda y custodia no es la de rendir cuentas, sino la de garantizar que la pensión alimenticia sea utilizada de manera adecuada y en beneficio del menor.
La iniciativa en cuestión fue presentada por el diputado Cuauhtli Badillo y buscaba establecer la obligación de quienes reciben pensiones alimenticias de rendir cuentas sobre la administración de dichos recursos. Sin embargo, esta propuesta va en contra del criterio de la SCJN, que establece que no es obligación para el progenitor que ejerce la guarda y custodia rendir cuentas de su administración al deudor alimentario.
La iniciativa de Badillo fue criticada por diversos sectores de la sociedad, quienes consideran que la propuesta va en contra de los derechos de los niños y niñas, y que, además, representa un retroceso en la lucha por la equidad de género, ya que la mayoría de las personas que reciben pensiones alimenticias son mujeres.
Pero más allá de la polémica generada por esta iniciativa, es preocupante que la LXIII legislatura de San Luis Potosí haya demostrado una falta de conocimiento en cuanto a la jerarquía de las leyes en México. La SCJN es la máxima autoridad judicial del país, y sus criterios son vinculantes para todas las autoridades y poderes del Estado, incluyendo al Congreso.
La jerarquía de las leyes en México está establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la Constitución es la ley suprema del país, seguida de los tratados internacionales que el Estado mexicano haya suscrito y ratificado, las leyes federales, las leyes locales y los reglamentos.
Por lo tanto, cualquier iniciativa de ley o reforma que vaya en contra de los criterios establecidos por la SCJN, como es el caso de la propuesta de Cuauhtli Badillo, resulta inconstitucional e ilegal.
Es necesario que los diputados y diputadas de la LXIII legislatura de San Luis Potosí se capaciten y actualicen en cuanto a la jerarquía de las leyes en México y la importancia del respeto a las decisiones de la SCJN. De lo contrario, se corre el riesgo de generar leyes y reformas que vayan en contra de los derechos humanos y la equidad de género, y que incluso sean declaradas inconstitucionales en el futuro.
