Servidores públicos y mandatarios no tendrán nunca permitido mentir.
La mentira de los políticos permanece en la mayoría de los casos desconocida, porque logra ocultarse. Hasta nuestros días nos sigue incomodando la tesis de Hanna Arendt: la verdad no ha contado nunca dentro de las virtudes de los políticos, mientras que la mentira siempre ha sido uno de sus instrumentos consentidos”.
Peter Häberle
En la Gaceta Parlamentaria del jueves 20 de abril de este año, la página 69 ha sido publicada finalmente una iniciativa para adicionar y reformar varios artículos del Código Penal de San Luis Potosí en México, a fin de integrar como medida de seguridad la castración química, anunciado en medios y redes del propio Congreso por sus promotores, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista conformada por siete diputados, otros tres del Partido del Trabajo y muy probablemente tres del PRI y uno del PAN que ya han expresado su interés en adherirse.
Al respecto en esta columna se advirtió el mes pasado que semejantes ideas, por contrarias al Derecho y a la Constitución, acarrearían acciones desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a este punto debe estar habituada a corregirle la plana al legislativo potosino, habida cuenta de la profunda falta de respeto que muestran por su trabajo y responsabilidad.
Ayer mismo, hice la misma pregunta a cuatro o cinco diputados de quienes conforme a los principios de sus partidos, tendrían que fungir como oposición, escribiendo que en caso de ser verdad la nota donde piden sumarse a la iniciativa del partido en el gobierno, se habían dado cuenta que a pesar de que lo más llamativo es la castración, lo más grave es que se quita un elemento clave de la violación sexual como lo es la violencia y se cambia por otro ajeno al Derecho Penal que ha producido consecuencias funestas en otros países, forzando a demostrar que la persona dio o no dio su consentimiento para la cópula.
Esto implica que el Ministerio Público debe probar un término dado a la interpretación de cada uno, es decir completamente subjetivo y a cargo de la víctima, esto no es así para el imputado, el meter la presunta castración desde el propio Código Penal como “medida de seguridad” que suele usarse en personas que no están en sus cabales, prevé para él una perspectiva semejante a ese actuar del inimputable ajeno de sus pulsiones.
No puede concebirse por tanto una visión más misógina que la del violador no dirigido por su propia decisión a someter sexualmente por abuso de poder sino porque su pene así se lo manda, si considera que el gobernador como indica la propia iniciativa pidió hacer realidad esta idea, conmovido por el feminicidio sexual de una niña en Villa de Arista, de sobrevivir la víctima con semejante tipo penal habríamos tenido que someterla a no pocas preguntas sobre si quiso o no el acto sexual que se le impuso.
Aunado a ello, la intención de engañar que tiene esta propuesta va más allá de la maldad, no quieren decir quienes fueron los abogados que les hicieron la iniciativa y si les pagaron con recursos públicos, la comunidad, destinataria final de estos inventos, tiene derecho a saber, no hace mucho a un adolescente en San Luis Potosí se le acusaba de haber accedido al delito sexual del que fue víctima por parte de una defensa sin escrúpulos y es indispensable una mejora ética en el ámbito jurídico. No es posible tener penalistas que se presten a faltar a sus juramentos, eso si son abogados, yo lo dudo.
Tan hay dolo en este embuste que citaron a un alemán constitucionalista cuya posición teórica es opuesta a la violación de derechos fundamentales, todo es retórica, herencias malditas y la justicia como el potosino la entienda, cruel es usar la frustración de una comunidad harta de la violencia para prometer cadalsos, podrían hoy mismo meter como medida de seguridad que el ladrón arrepentido acceda a cortarse una mano y usted no va a encontrar un juez que se lo permita por mucho que el Código así lo indique.
Hasta el cierre de esta columna solo un diputado ha respondido, pero yo no he terminado, el dinero que se gaste en hacer “parlamento abierto” será como tirarlo a la basura, las víctimas tienen una dignidad, es gravísimo jugar con su acceso a la justicia.
A más ver.
