Por Chencha
El Senado de la República elevó a rango constitucional la Ley 3 de 3, que impide a los agresores sexuales, deudores alimentarios o culpables de violencia de género competir por cargos de elección popular o participar en el servicio público. En el Congreso local potosino ayer aterrizaron la medida que ya había sido discutida y avalada en su versión tunera en el previo.
El dictamen impide a deudores alimentarios o quienes enfrenten un proceso por violencia en contra de mujeres poder ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público. Esto aplica a quienes tengan sentencias por delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual.
Asimismo, incluye los crímenes de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
Un estado como el potosino donde nos distinguimos tristemente por la violencia de género, donde MORENA alberga a un violentador y misógino en sus filas, donde hay agresión aceptada sistémicamente en instituciones públicas y privadas el reto es mayúsculo, y aquí, y en los pocos medios libres y sin compromisos con el patriarcado fulminante, abrimos espacios privados para fomentar la denuncia, que se exhiban los casos y a los delincuentes de cuello blanco y chequera que atentan contra las mujeres y sus familias con un desparpajo criminal.
