Por Chencha
El problema del acceso desigual al agua en nuestra sociedad no es nuevo, ni siquiera exclusivo de San Luis Potosí; tampoco es algo que únicamente suceda en México; en el Mundo, el agua está acaparada por unos cuantos.
El propio Elon Musk fue duramente criticado por instalar una planta de Tesla recientemente a las afueras de Berlín, Alemania, justo sobre unas reservas de agua subterránea, e ignorando las serias acusaciones de parte de las autoridades de aquél país sobre la escasez que terminaría provocando la actividad industrial de manufactura de coches eléctricos. Esa historia apenas comienza. Elon se reía de la crisis entonces y se sigue riendo ahora.
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballes le dió en el clavo al asunto y buscó a los propietarios de los títulos de concesión desde hace meses, para solicitar, a los verdaderos dueños del agua en la ciudad, que saquen la casta por sus conciudadanos, y presten el líquido de sus pozos para la distribución mediante pipas en la crisis que enfrentamos actualmente.
Algunos de ellos accedieron, no todos.
Esta semana, Galindo evidenció la indignante inequidad que prepondera y agrava la crisis de agua en la zona metropolitana, pues el hecho de que el número de pozos públicos representa apenas el 10 por ciento de los privados, 139 frente a 1 mil 470, es brutal.
Y se quedó corto. En un reportaje publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en 2020, titulado Los explotadores del agua, se reveló la verdadera magnitud del agandalle, con base en los datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA).
El reportaje presentó un gráfico interactivo con el que se puede saber que desde 1992 y hasta el 2020, en todo el estado de San Luis Potosí, se han entregado 7 mil 600 títulos para uso agrícola, 1 mil 510 para uso público urbano, 1 mil 710 para diferentes tipos de uso, 1 mil 017 para uso pecuario, 474 para uso doméstico, 119 para servicios, 285 para uso industrial, y 2 para uso agroindustrial.
Pero la investigación también reveló que, desde su origen, el sistema de concesiones de agua de México, creado a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas Nacionales (1992), resultó defectuoso, debido a que ninguna autoridad tiene la capacidad de verificar cuánta agua extraen los titulares de las concesiones, ni si realmente la utilizan para los fines solicitados.
Sin duda es justo agradecer a los dueños de los pozos privados (titulares de concesiones) en San Luis Potosí, por acceder a compartir algo de lo mucho que la ambigua legislación en materia de aguas, les permite aprovechar en el acuífero 2411. Pero queda la pregunta ¿Realmente lo hacen con una intención genuina de ayudar a paliar la crisis de agua en la ciudad o hay algo detrás?