Trabajadores del Poder Judicial podrían extender el paro al 15 de noviembre si el Senado no frena la extinción de los fideicomisos, aseguró Juan Alberto Prado Gómez, secretario nacional del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJ, este martes 24 de octubre.
El representante sindical de los trabajadores del Poder Judicial explicó en entrevista, con Ciro Gómez Leyva, que todavía no han votado porque aún esperan la determinación del Senado, pero está sobre la mesa ampliar el paro.
“Todavía no tomamos la decisión, la decisión será tomada una vez que tengamos la determinación del Senado, esperando y teniendo confianza en que recapaciten, que analicen bien la situación para que esto se pueda llegar a un arreglo ya porque quien está perdiendo más es la ciudadanía”, sostuvo.
Ante esto, aclaró que la extensión del paro no es una amenaza, sino un recurso para que se eche para atrás la reforma de los fideicomisos: “La verdad es que nos deja totalmente indefensos, pero si eso es así, vamos a tener que continuar con medidas más drásticas, pero sobre todo también jurídicas”.
Por esta razón, apuntó que los trabajadores del Poder Judicial están conscientes y saben cuáles serían las consecuencias si se aprueba la iniciativa lanzada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Nosotros sí sabemos las consecuencias que esto está llevando. Incluso los senadores y diputados que voten a favor estarían invadiendo y violando la Constitución porque también hay delitos por omisión”, recalcó.
¿Cómo afectaría a trabajadores del Poder Judicial la desaparición de fideicomisos?
De acuerdo con la iniciativa que analiza el Congreso de la Unión, la desaparición de fideicomisos dañaría principalmente a los integrantes del Poder Judicial. Según la columna de Enrique Quintana “Cinco preguntas sobre el Poder Judicial y sus fideicomisos”, varios de los fideicomisos generan prestaciones para el grueso de los trabajadores.
Es decir, la eliminación de éstos perjudicaría al personal operativo, mandos medios y superiores. Uno de ellos corresponde a pensiones complementarias del personal operativo, además de que es el que más recursos tenía entre los adscritos a la Corte: 2 mil 972 millones de pesos.
También tiene un plan de prestaciones médicas para los trabajadores, tanto en la SCJN como en el CJF. Otros fideicomisos no tienen carácter laboral y tienen que ver con el proceso de administración de justicia.
Incluso, apunta Quintana, ninguno de los eliminados por la Cámara de Diputados tiene como propósito cubrir las prestaciones de los ministros de la Corte: “Su recorte afecta al grueso de los temas de justicia federal, que son atendidos en juzgados y tribunales. Y los afectados son mayormente personal operativo”.
El Financiero
