Por: Bruno Laine
El inicio del proceso electoral 2024 en San Luis Potosí, marcado por la reciente sesión de instalación del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), se ve envuelto en una atmósfera de incertidumbre y desafíos significativos. Los recortes presupuestales y la dinámica política actual ponen en tela de juicio la integridad y la calidad del proceso electoral.
Un análisis objetivo de los hechos revela un escenario preocupante. El recorte presupuestal del 67.48% para las elecciones, señalado por los medios como una posible estrategia de control gubernamental, levanta serias interrogantes sobre la independencia y efectividad del CEEPAC. Esta situación, exacerbada por el precedente del plebiscito en Villa de Pozos, donde el presupuesto se redujo drásticamente, sugiere un patrón de intervención gubernamental en asuntos electorales.
El abandono de la sesión de instalación por parte de representantes de partidos como el PAN, PRI y PRD, en protesta por el recorte presupuestal, es un símbolo de la creciente preocupación sobre la equidad y transparencia del proceso electoral. La decisión del gobierno de asignar únicamente 100 de los 300 millones de pesos solicitados es vista no solo como un desafío logístico, sino también como un posible intento de influir en el resultado electoral.
La postura de partidos como Morena, PT y PVEM, enfocada en promover la narrativa ciudadana y la continuidad de la “cuarta transformación”, contrasta significativamente con las preocupaciones expresadas por otros partidos y el propio CEEPAC. La presidenta del CEEPAC, Paloma Blanco López, ha hecho hincapié en la necesidad de recursos suficientes para garantizar la integridad del proceso, una posición que parece encontrar eco en la preocupación generalizada sobre la adecuada realización de las elecciones.
En este contexto, se plantea un dilema central: ¿Podrá el CEEPAC mantener su independencia y autonomía en un entorno de restricciones presupuestarias y presiones políticas? La integridad del proceso electoral depende crucialmente de la capacidad de este organismo para actuar con autonomía y resistir influencias externas.
Es esencial que los partidos políticos, independientemente de su inclinación ideológica, y las autoridades electorales trabajen juntos para garantizar un proceso electoral justo, transparente y equitativo. El reto no es solo logístico o financiero, sino fundamentalmente ético y democrático. La calidad del proceso electoral y la confianza del público en sus instituciones están en juego.
Como sociedad, debemos estar vigilantes y demandar que nuestras instituciones electorales operen con la máxima integridad y transparencia. Solo así podremos asegurar que el proceso electoral refleje fielmente la voluntad del pueblo de San Luis Potosí.
