Abelardo Medellín
Monitorear la calidad de las unidades de transporte público y considerar el migrar a un esquema donde el Estado se encargue de este servicio es lo que propuso el activista y abogado integrante del Colectivo Praxis Combativa, Óscar David Reyes Medrano, ante la coyuntura del aumento a la tarifa del transporte colectivo en la capital potosina que se oficializó el lunes 15 de enero.
Reyes Medrano comentó que la nueva tarifa de 11.50 pesos, con un aumento de 50 centavos publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE) la noche de ayer, corresponde con las especificaciones de ley que permiten un aumento en función del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) acumulado del año inmediato anterior, que para 2023 fue de 4.66 por ciento.
“La tarifa de 11.50 [pesos] se justificaría, pero aquí hay otro elemento que luego no se toma mucho en consideración, y es el hecho de que también la ley marca que para que pueda subir la tarifa, tienen que tomar en consideración lo relativo al artículo 2 y al artículo 67 de la Ley del Transporte Público para el Estado, los cuales señalan que las unidades que prestan servicio de transporte deben cumplir una serie de parámetros de calidad”, comentó.
Según el activista, a través de trabajos de campo emprendidos por el colectivo y por la experiencia personal como usuario, ha advertido que en su mayoría las unidades que prestan servicio de transporte urbano no cumplen con los estándares mínimos de calidad que marca la ley para que puedan acceder al aumento.
Indicó que ante el alza a la tarifa y las deficiencias en el servicio que persisten, el colectivo emprenderá acciones específicas para indagar al interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el número de unidades que cumplen los estándares mínimos de calidad; a dicha investigación le acompañará un estudio en campo para denunciar las rutas y unidades que no cumplen con lo que marca la ley.
Según el activista, aquellas unidades que no cumplan con lo establecido serán presentadas ante la SCT para exigir que no cobren la tarifa con ajuste, o directamente se les sancione por incumplimiento.
En un tópico aledaño, Reyes Medrano mencionó que un ejemplo de que los servicios de transporte público pueden cumplir con estándares mínimos de calidad y además dar un servicio ordenado, limpio y cómodo, es la MetroRed de la zona metropolitana, que arrancó este 2023 bajo la administración directa del Gobierno estatal.
“Si tú lo comparas con el servicio de transporte colectivo urbano que ahora estamos criticando hay una gran diferencia: MetroRed es muy eficiente, están muy limpios, son muy cómodos, son muy espaciosos y son más baratos; entonces ahí estamos viendo en los hechos. Gobierno del Estado implementó una nueva figura de transporte público que, hoy por hoy, vemos que es más barata y tiene mejor calidad que el transporte de todos los concesionarios”.
Como integrante del colectivo, Reyes Medrano afirmó que una exigencia que se ha tenido desde hace años, pero no se había podido cristalizar en los hechos, es que el Estado preste por completo el servicio de transporte público y se retiren las concesiones de los empresarios que las manejan actualmente.
“Lo ideal es que todo el servicio de transporte público ya no sea concesionado, que lo administre directamente el Estado; los concesionarios ven el transporte público como un negocio y no como un derecho. Entonces, cuando lo ven como un negocio dicen ‘a ver cómo yo externalizo los gastos para yo tener más utilidades, le pago menos al chofer en vez de reparar las unidades’ (…). Por ende, lo ideal es que lo administrara el Estado para que fuese más eficiente, más barato y para que incluso los propios choferes tuvieran mejores prestaciones y que fueran mejor pagados, mejor capacitados”.
Por último, el activista señaló que los concesionarios del transporte público que operan en San Luis Potosí también forman parte de la “maldita herencia” que ha referido y reprobado el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, y por pertenecer a esa categoría deberían desaparecer el privilegio en que se han convertido las concesiones que manejan.
“El Estado, con un plan a largo plazo, debe asumir la administración directa del servicio como satisfacción del derecho humano a la movilidad y no como un negocio”.
