Por: Bruno Laine
Editorial: La Pluma Desafiante
La reciente decisión de la Comisión de Transparencia del lunes 8 de abril de rechazar la incorporación del recurso de reconsideración en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública refleja un profundo abismo de incapacidad legislativa que aflige a nuestro estado. Este acto de negativa no se limita a ser una muestra de ineficiencia; es, más bien, un grito de indiferencia hacia el derecho fundamental de acceso a la información pública.
La propuesta, llevada a cabo por la diputada Liliana Flores Almazán, pretendía implementar un mecanismo ágil para esclarecer respuestas insatisfactorias o incompletas previo a la impugnación ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). No obstante, la justificación de la Comisión para descartar tal iniciativa se ancló en una interpretación errónea y restrictiva, aduciendo improcedencia bajo el argumento de que se trataba de una modificación de orden federal y que, erróneamente, ralentizaría el proceso de acceso a la información.
Sin embargo, como acertadamente señala el periodista Victoriano Martínez en su caja negra del día de ayer, la realidad dista mucho de esta interpretación. La iniciativa estaba perfectamente alineada con los principios de eficacia y eficiencia y, contrariamente a lo que sugirieron los detractores, prometía optimizar la resolución de discrepancias en las solicitudes de información. El rechazo a una propuesta que hubiera simplificado el proceso bajo una falacia de complicación revela una notable incapacidad lectora de nuestros legisladores, quienes parecen haber interpretado la propuesta a través de un prisma notablemente distorsionado.
Este evento es indicativo de una problemática mayor: la resistencia al cambio y a la negligencia en un congreso que debería distinguirse por su compromiso con la transparencia y la accesibilidad. Al no reconocer el valor de la iniciativa de la diputada Almazán, no solo se menoscaban los derechos de los ciudadanos de acceder a la información pública de manera eficiente, sino que también se pone en tela de juicio la capacidad y la disposición de nuestros representantes para reforzar las estructuras democráticas que deberían sustentar a nuestra sociedad.
La negativa de ayer al recurso de reconsideración no solo priva a la ciudadanía potosina de una herramienta efectiva para ejercer su derecho al acceso a la información, sino que también cuestiona seriamente la transparencia y responsabilidad con las que actúa el Congreso. En momentos en que la confianza en las instituciones se encuentra en un punto crítico, decisiones de esta índole solo logran profundizar el abismo entre la ciudadanía y quienes están destinados a representar sus intereses.
La transparencia es el fundamento sobre el que se construye la confianza en nuestras instituciones. Sin ella, navegamos en un mar de escepticismo y desconfianza. Es imperativo que el Congreso del Estado de San Luis Potosí reconozca sus falencias y se dedique incansablemente a corregirlas, demostrando así un auténtico compromiso con los principios de independencia, imparcialidad, credibilidad e inmediatez que deben guiar su conducta. Solo bajo estas condiciones podremos aspirar a un progreso real hacia la transparencia y la democratización de la información en nuestro estado.
El dictamen que rechaza la propuesta legislativa de la diputada Liliana Flores Almazán será turnado al Pleno para que la decisión sea votada por el resto de diputadas y diputados. En este momento crucial, hacemos un llamado a todos los miembros del Congreso a considerar profundamente la importancia de esta propuesta para el futuro de la transparencia y el acceso a la información en San Luis Potosí. Votar a favor de este recurso de reconsideración no es solo una cuestión de procedimiento legislativo; es una decisión que refleja el compromiso con los valores democráticos y el respeto por los derechos de los ciudadanos potosinos. Es una oportunidad para demostrar que el Congreso de San Luis Potosí puede superar los obstáculos a la transparencia y actuar verdaderamente en el interés público.
