Colectivos señalan la omisión de la salud y derechos de las mujeres en el debate
El Frente de Marea Verde, una coalición de organizaciones civiles, colectivos feministas, defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, ha lanzado un llamado urgente para la despenalización del aborto en San Luis Potosí.
Los miembros del Frente critican la demora de las autoridades en abordar este tema crucial, destacando que la narrativa contraria a la autonomía corporal, disfrazada como “defensa de la vida”, ignora aspectos esenciales como la mortalidad de las mujeres, su salud y su derecho a decidir sobre su cuerpo y maternidad.
“La despenalización del aborto no es solo una demanda de un sector; es una cuestión de derechos humanos que impacta directamente la vida y salud de miles de mujeres y personas gestantes en nuestro estado”, afirmó un representante del Frente. A pesar del respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de congresos en 13 entidades federativas, el Congreso local de San Luis Potosí no ha avanzado en las iniciativas presentadas.
El año pasado, Marea Verde presentó dos iniciativas para despenalizar el aborto, mientras que la Colectiva ILE SLP presentó otra más. Sin embargo, el Congreso local no ha dictaminado ninguna de estas propuestas.
Ante esta situación, el Frente de Marea Verde insta a los candidatos a cargos de diputación a expresar claramente su postura a favor de la despenalización del aborto. “Es fundamental reconocer que se trata de un derecho humano y comprometerse a promover reformas legislativas que garanticen el acceso legal, seguro y gratuito al aborto en San Luis Potosí”, señalaron.
Además, se enfatiza la necesidad de incluir una agenda de derechos humanos en las plataformas políticas de los candidatos, con un enfoque en los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de género y la justicia social.
Por último, el Frente subraya la importancia de un diálogo abierto y participativo con organizaciones de la sociedad civil, colectivos feministas, activistas, personal médico y grupos de derechos humanos para asegurar que las políticas públicas y la legislación reflejen las necesidades y demandas de la población afectada.
“La omisión no solo es condenable, sino que perpetúa la vulneración de derechos fundamentales. Es hora de que las autoridades escuchen las voces de quienes luchan por la justicia y la igualdad en esta importante cuestión”, concluyeron.
