Estela Ambriz Delgado
A partir de la década de los noventa el crecimiento de la ciudad ha estado controlado por los grupos inmobiliarios, que iniciaron un modelo de mercado de tierras, con el que han arrasado con áreas de conservación de agua y vida silvestre, y actualmente pretenden hacerlo con la Sierra de San Miguelito, mientras que la ciudadanía debe enfrentarse a obras improvisadas sin ser consultados por las autoridades, así quedó de manifiesto en el foro “Desarrollo Urbano y Obra Pública, el daño patrimonial de errores políticos”.
Este foro organizado por el Centro Potosino de Estudios Políticos y Sociales “Dr. Salvador Nava Martínez” el pasado jueves 6 de junio, contó con la participación del historiador Oscar G. Chávez; la arquitecta Mary Carmen Ramírez Ramos, integrante de Saucito Unido; Martha Elena Hernández Luicio, del comité vecinal del Barrio de San Miguelito; y el activista Carlos Covarrubias Rendón.
Óscar G. Chávez hizo un recorrido por la evolución urbana de la ciudad de San Luis Potosí, que a principios del siglo XX ocupaba 450 hectáreas; para el año 1960 aumentó a mil 760, y en la década de los noventa hasta el 2000 llegó a 14 mil hectáreas, lo que fue posible tras la modificación al artículo 27 constitucional, que permitió a los ejidatarios vender tierras, convertirlas en propiedad privada y poder incorporarlas al suelo urbano.
Explicó que este crecimiento durante la década de los noventa también se dio porque el Estado cedió de su papel de rector y regulador de la construcción y desarrollo de la ciudad, en lo relativo a vivienda social y de espacios públicos, e impulsó la privatización, buscando una disminución del gasto público y la inversión privada directa.
Un caso concreto de lo anterior se da cuando los terrenos del entonces ejido Garita de Jalisco se entregan a las inmobiliarias Desarrollo del Pedregal, Residencial la Tenería y Lomas de la Garita. A partir de ahí comienza la ciudad a crecer hacia el Poniente, destruyendo a la par las áreas naturales que había dentro, bajo el diseño y articulación de los desarrolladores inmobiliarios, con fines especulativos.
“El poniente comienza a ser diseñado y articulado por los desarrolladores inmobiliarios privados, evidentemente siempre con fines especulativos, sin utilizar un plan de desarrollo que se adecue a los intereses y necesidades de la ciudad. Se busca dejar al Estado fuera de la regulación urbana y construir en la medida de lo posible, sobre todo la tierra especulable; la tierra comienza a verse como la mercancía, sin importar lo que se tenga que ocupar o destruir para volver costeables estas inversiones”.
Por su parte, Carlos Covarrubias dijo que, aunque la reforma al artículo 27 se dio en 1992, desde años anteriores con la llegada de Carlos Salinas de Gortari al poder, los empresarios ya tenían conocimiento de que esto se llevaría a cabo, por lo que en 1991 Carlos López Medina hizo un ofrecimiento de compra de tierras a los ejidatarios de Garita de Jalisco.
El activista hizo una amplia narración sobre cómo se configuró el “mercado de tierras” como modelo a partir de dicha década, y sobre el uso que las autoridades.
Explicó también cómo las autoridades han hecho uso de los planes de desarrollo urbano, así como manifiestos de impacto ambiental, para destinar grandes áreas de conservación de vida silvestre y recarga del acuífero a proyectos inmobiliarios.
Recordó la lucha jurídica para bloquear diversos de estos proyectos en estas áreas, incluida la Sierra de San Miguelito, la cual en 2021 logró su declaratoria como Área de Protección de Flora y Fauna, y actualmente los retos que se siguen enfrentando para su conservación frente a la ofensiva de los fraccionadores que no cesa, razón por la que su defensa es continua.
Martha Elena Hernández Luicio y Mary Carmen Ramírez Ramos hablaron de la lucha que han enfrentado por la defensa de sus barrios, San Miguelito y El Saucito, respectivamente. Ambas narraron cómo la ciudadanía tuvo que hacer frente a obras que en ningún momento les fueron consultadas, y que ponían en peligro el patrimonio histórico de la ciudad, protegido por la Ley de Monumentos.
En el caso de El Saucito la población que se opuso al paso a desnivel que pretendía realizar el entonces alcalde Enrique Galindo Ceballos, unieron fuerzas y férreamente defendieron sus tradiciones y el Templo del Señor del Saucito, monumento histórico protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Sin embargo, en San Miguelito no fue posible frenar las obras del Gobierno del Estado, y sin presentar nunca un proyecto a sus habitantes, fueron iniciadas desde agosto de 2023 y aún se encuentran en desarrollo, debido a lo que pareciera ser una revancha por parte de las autoridades ante los amparos interpuestos por la ciudadanía por las múltiples irregularidades que se presentaron en la obra.
La situación en la que llevan meses las calles y la falta de rampas de acceso, que ha causado accidentes, problemas de movilidad, abastecimiento de servicios básicos, y hasta enfermedades.
