Los decretos de reforma a las leyes de amnistía y de amparo ya están en vigor desde este sábado, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación el día anterior.
Las reformas fueron promovidas por el presidente López Obrador y aprobadas por la Cámara de Diputados el 24 de abril, después de recibir el aval del Senado.
El cambio en la ley de amnistía permite al presidente otorgar amnistía directa a presos que colaboren en resolver casos importantes para el Estado mexicano, sin importar el delito por el que estén procesados o sentenciados, eliminando la necesidad de procesos reglamentados.
En cuanto a la ley de amparo, se añadió un último párrafo al artículo 148 y se eliminó el último párrafo del artículo 129. Las suspensiones dictadas en juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales no tendrán efectos generales.
Durante la aprobación, la oposición anunció que impugnaría estas reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una acción que ahora pueden llevar a cabo tras la publicación oficial. Braulio López Ochoa, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, y el diputado federal perredista Francisco Antonio Valencia ya habían anunciado acciones de inconstitucionalidad.
El documento publicado señala que la ley de amparo prohíbe suspensiones con efectos generales contra leyes, impidiendo que los jueces detengan obras o normas de forma cautelar ante posibles violaciones a la Constitución hasta que se declare la inconstitucionalidad de la norma.
Por su parte, la reforma a la ley de amnistía añade un artículo 9, permitiendo otorgar amnistía directa a personas que aporten elementos útiles para esclarecer hechos relevantes para el Estado mexicano. Esto aplica a quienes se les haya ejercido acción penal, estén procesados o sentenciados por cualquier delito, extinguiendo así las acciones penales y sanciones.
La Cámara de Diputados aprobó estas reformas el 24 de abril, tras su paso por el Senado. La oposición criticó al oficialismo por otorgar al presidente el poder de liberar a criminales, incluyendo aquellos acusados de delitos graves como narcotráfico y secuestro.
Ricardo Monreal, autor de la reforma, defendió la medida diciendo que busca liberar a personas con información crucial para esclarecer hechos como los de Iguala y Ayotzinapa en Guerrero, Tlatlaya en el Estado de México, Chalchihuapan en Puebla, Allende en Coahuila, San Fernando en Tamaulipas y Buenavista y Apatzingán en Michoacán.
