La Dirección General del COPOCYT debe desarrollar un diagnóstico para una actualización extraordinaria del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de incluir la tecnología de inteligencia artificial.
La diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero ha presentado un punto de acuerdo con la finalidad de evitar que el estado sufra retrasos en la investigación e incorporación de esta tecnología avanzada. Según la diputada, la regulación de la inteligencia artificial no puede limitarse únicamente al ámbito penal, dado que sus aplicaciones no son solo negativas; también poseen un enorme potencial positivo en la producción, la educación, así como en la investigación y difusión científica. Por estos motivos, es necesario regular su inclusión en las acciones públicas en materia de ciencia y tecnología.
Saldaña Guerrero argumentó que, aunque la configuración jurídica actual del Programa no permite la adición de temas específicos, es crucial abogar por la inclusión de la inteligencia artificial. “Para actualizar el Programa, la Dirección General del COPOCYT deberá considerar las propuestas de diversos actores cada seis años”, subrayó.
Por ello, la legisladora destacó que este punto de acuerdo insta a la Dirección General del COPOCYT a realizar un análisis exhaustivo. El objetivo es incluir dentro del diagnóstico, las políticas, estrategias y acciones prioritarias en las áreas de investigación científica y tecnológica, e innovación y desarrollo tecnológico, la tecnología de inteligencia artificial. La idea es desarrollar acciones programáticas que faciliten su incorporación en el desarrollo tecnológico, científico, productivo y educativo del estado, bajo una perspectiva de legalidad y respeto a los derechos humanos.
Considerando la rápida evolución de la inteligencia artificial, Saldaña Guerrero advirtió que el estado corre el riesgo de quedarse atrás en esta materia. Por ello, enfatizó la importancia de incluir las nuevas tecnologías con potencial positivo para la sociedad en las políticas públicas, garantizando su uso legal y ético.
La diputada señaló que este tema no ha pasado desapercibido para el ámbito legislativo. Incluso antes de la irrupción de la inteligencia artificial en la sociedad, ya se estaban desarrollando esfuerzos para regular su uso y prevenir posibles perjuicios a las personas.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis y posible aprobación.
