La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha avanzado rápidamente en la revisión de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que propone eliminar siete órganos autónomos y reguladores. El anteproyecto ya está listo, aunque se había acordado que el 15 de agosto sería la fecha inicial para su consideración. Los legisladores de oposición, sorprendidos por esta celeridad, esperan que el calendario para votar la iniciativa se mantenga sin cambios. El predictamen no ha sufrido modificaciones respecto a la propuesta original del mandatario.
El proyecto busca disolver entidades como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y destinar sus recursos al recién creado Fondo de Pensiones y a programas sociales. La propuesta también incluye la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
La iniciativa presidencial se basa en la supuesta falta de legitimidad de estos organismos y en la necesidad de racionalizar los recursos públicos. Se argumenta que esta medida promoverá la austeridad republicana y evitará la duplicidad de funciones, permitiendo así una mayor inversión en programas sociales. Las funciones de los organismos eliminados se trasladarán a otras instancias federales: la Cofece a la Secretaría de Economía, las reguladoras energéticas a la Secretaría de Energía, el IFT a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y el Coneval al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las atribuciones del INAI se repartirán entre diversas entidades del Gobierno y la Función Pública.
La premisa para demostrar la viabilidad de la extinción de estos organismos incluye los recursos que se les han asignado, que suman más de 32,000 millones de pesos. El anteproyecto establece que, con la reforma, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asumirá el establecimiento de tarifas eléctricas y la Secretaría de Energía tomará las demás facultades de la CRE, alineándose con los criterios de austeridad del Gobierno.
Las iniciativas de López Obrador deben ser aprobadas en comisiones de la Cámara baja antes de que concluya la legislatura. Con la aprobación, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados (PT y PVEM) permitirá que estas propuestas sean heredadas a la próxima Legislatura, que inicia el 1 de septiembre. Hasta ahora, el oficialismo asegura tener garantizada la mayoría calificada tras las elecciones del 2 de junio.
