SOFOCARON EL PARO DEL PODER JUDICIAL

A lo que te truje, DESTACADOS, OPINIÓN

A LO QUE TE TRUJE
Por Chencha

Desde el pasado jueves 8 de agosto, un contingente del burócratas en activo y jubilados del Poder Judicial del levantaron la voz y comenzaron una protesta. El tema trascendió poco, se atravesó el fin de semana pero estalló finalmente en paro el lunes.
Esta culminó ayer gracias a una reunión crucial con las principales autoridades del sector. Este encuentro, que contó con la presencia del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Arturo Morales Silva, y del subsecretario de Gobernación, Jorge Vega Arroyo, con el grupo de inconformes encabezado por Jesús Xerardo Martínez Muñóz permitió alcanzar una serie de acuerdos que atendieron las demandas más urgentes de los manifestantes.
Uno de los acuerdos más relevantes fue el compromiso de realizar el pago del incremento salarial del 2 por ciento correspondiente a los meses de febrero a diciembre de 2023, a más tardar el 31 de agosto. Este ajuste había sido una de las principales exigencias de los trabajadores, quienes llevaban meses reclamando su cumplimiento.
También se pactó que el bono de puntualidad y asistencia, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2024, se pagará a más tardar el lunes 19 de agosto, fecha en la que también se entregará el premio de antigüedad. Adicionalmente, se acordó que el pago del premio de puntualidad semestral se efectuará a más tardar el 31 de agosto, lo cual representa un alivio para los empleados que habían visto retrasados estos beneficios.
En cuanto a la atención médica, se informó que ese mismo día se llevaría a cabo una reunión con el doctor Emmanuel Acosta, director de Servicios Médicos del Gobierno del Estado, para brindar información actualizada a los trabajadores sobre los servicios disponibles. Esta sesión se programó a las 13:00 horas con el objetivo de aclarar dudas sobre la cobertura de salud para el personal del Poder Judicial.
Otro punto crítico fue el relacionado con los trabajadores jubilados. A las 14:30 horas del mismo día, se tenía prevista una reunión con funcionarios de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y del Poder Judicial para establecer una fecha concreta de pago de los beneficios que se adeudan a este grupo. Esta medida era esperada con gran expectativa, ya que los jubilados habían expresado su preocupación por el incumplimiento en los pagos de sus prestaciones.
En un gesto de conciliación, las autoridades judiciales aseguraron que los días de paro, correspondientes al 13 y 14 de agosto, no serían considerados como faltas, por lo que no se verían afectados ni el bono mensual ni el semestral de puntualidad. Además, se aclaró que no se emprenderían acciones legales, civiles, laborales, administrativas o penales contra los empleados que participaron en la manifestación, lo cual fue recibido con alivio por parte del personal involucrado.
Finalmente, se programó una nueva reunión para el 2 de septiembre, en la que participarán el presidente del Supremo Tribunal, el subsecretario de Gobernación, Jorge Vega Arroyo, y la Comisión de Trabajadores del Supremo Tribunal, con el fin de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y evaluar el avance de los compromisos asumidos.
La importancia de lograr una negociación adecuada en cualquier conflicto entre poderes de la república mexicana radica en la necesidad de mantener un equilibrio institucional que garantice la estabilidad social y el respeto a los derechos laborales. En este caso, la intervención del secretario de Finanzas del gobierno potosino, Omar Valadez, fue crucial para aterrizar un acuerdo que satisfaga las demandas de los trabajadores sin comprometer el funcionamiento del Poder Judicial. Valadez, al abordar las preocupaciones económicas de los empleados y jubilados, no solo facilitó el fin de la crisis sino que también reforzó la confianza en la capacidad del gobierno estatal para resolver conflictos de manera efectiva y justa, de forma extraoficial inclusive se ha podido revisar que ya había habido conocimiento del tema desde semanas antes, es tiempo de que la cabeza del Poder Judicial también reaccione de forma mucho más rápida y contundente para evitar nuevos momentos de tensión

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