El Radar
Por Jesús Aguilar
El Poder Judicial Federal en México, y particularmente algunos jueces y magistrados, ha estado bajo escrutinio en los últimos años debido a diversos abusos de poder cometidos tanto de manera individual como grupal.
Vimos ejemplos rampantes de cómo incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha servido de agencia de colocaciones cuatroteístas al ver arribar como última integrante del máximo tribunal del país a Lenia Batres, militante de MORENA, ex empleada de AMLO y hermana del Jefe de Gobierno saliente de la CDMX, Martí Batres.
Estos abusos han generado tensiones entre este poder del Estado y otros actores políticos y sociales, especialmente en el contexto actual de pugna política entre el gobierno federal y el Poder Judicial.
Hay que ser honestos y aceptar los graves abusos y problemas que hoy sí tienen muchos de los actuales tenedores del poder dentro de magistraturas, ministerios y juzgados.
En el tema de la corrupción y conflicto de intereses, existen denuncias y casos documentados de jueces que han emitido sentencias en favor de empresas o personas con las que tienen vínculos personales o financieros. Esto no solo socava la imparcialidad judicial, sino que también afecta la confianza pública en la justicia. Algunos jueces han sido señalados por recibir sobornos o beneficios a cambio de decisiones favorables, lo que se ha convertido en un problema sistémico en ciertas áreas de la judicatura.
Existen por otro lado signos claros de acoso sexual sostenido, otra cara de esta tragedia. Un flagrante abuso de poder que también ha tomado forma en el acoso sexual hacia personal subordinado. Hay casos que en el espejo del propio poder judicial del estado potosino involucran incluso a un defenestrado ex Presidente del Supremo Tribunal y aún magistrado. En varios casos reportados y bien sustentados a nivel federal, jueces han utilizado su posición para acosar sexualmente a empleados, aprovechándose del desequilibrio de poder en el que las víctimas temen represalias o perder sus empleos si denuncian.
Otro tema que ha sido enarbolado por los pro reforma tiene que ver con el nepotismo, que no distingue militancias ni ideología, en esta misma entrega hicimos referencia a los hermanos Batres, pero hay muchos casos, de “acomodos” harto significativos entre quienes pueden impulsar espacios para sus parientes como fue consignado también en San Luis y nuestros medios recientemente con el caso de la esposa y cercanos al magistrado presidente Arturo Morales, sin mayor respuesta.
Pero apenas viene el tema en el Radar, y es justo en el terreno del poder judicial federal.
En San Luis recien estalla un nuevo caso con nombre y apellido de acoso laboral y abuso de autoridad. A nivel interno, varios jueces federales han sido acusados de maltratar a su personal, imponiéndoles cargas laborales excesivas, ejerciendo presión indebida y creando un ambiente de trabajo tóxico. Estos actos pueden incluir humillaciones, amenazas de despido injustificado, y favoritismo, lo cual refleja un abuso de autoridad dentro de sus propios despachos. Se han documentado casos en los que el personal administrativo y los empleados subalternos son sometidos a tratos degradantes por parte de sus superiores en el ámbito judicial.
El caso que hoy exponemos es el de la jueza Ana Ley Flores Sánchez, quien fue adscrita en diciembre de 2022 al juzgado primero de distrito en el estado de San Luis Potosí a quien sus empleados y compañeros hoy denuncian como uno de los emblemáticos casos de acoso laboral y abuso de autoridad.
Se han ilustrado sus constantes extralimitaciones, el uso de indistintos empleados de su confianza para mantener el yugo sobre los demás operativos, el maltrato sostenido también a través de su secretario Adán Carmona Martínez.
Hoy se hace público aquí esperando se genere una exigencia masiva, la revisión y estatus de su actuar, la investigación formal y la toma de medidas necesarias para poder atender estas demandas justas, ajustándose a los parámetros en los que el propio Consejo de Judicatura Federal en su “violentómetro”.
Las acusaciones son claras en contra de Ana Ley Flores Sánchez y sus compinches, van de la exhibición de errores laborales de manera pública, actitudes despóticas llenas de reprochable prepotencia, la negación de derechos laborales, ghosting laboral, humillaciones, gritos, intimidaciones, generación de culpas falsas y discriminación laboral.
Los afectados han intentado ya a acudir a sus autoridades sindicales sin éxito, por tanto esperamos que sirva esta denuncia y reflexión para modificar su realidad y llamar a cuentas en lo público, en lo profesional y en la intimidad de su perversión a esta persona que ha catapultado sus propios demonios a la terrorífica gestión que tiene a su cargo.
No es egoísta priorizar la salud mental y laboral de un espacio que requiere inmediata dignificación.
Compartimos la denuncia realizada por la voz de la mayoría silenciosa.
Exigimos medidas inmediatas sobre el caso.
